72% de los estudiantes excluidos en 2025 eran de programas de educación para jóvenes y adultos

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Monserrat Cordero Parra

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«Me tuve que salir porque tengo un niño pequeño, en mi casa hay varias situaciones, mi mamá no me podía cuidar siempre al chiquito, la situación económica es complicada. A veces ni pases tenía, y nunca me dieron una beca, al final me desmotivé con las notas, en el cole intentaron que yo me quedara, me hicieron una reinserción, pero igual fue imposible», señaló una estudiante de apellido Alvarado, de 18 años, quien el año anterior abandonó la oferta educativa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas que ofrece el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según datos del MEP, en el 2025 la exclusión educativa —a nivel público— ascendió a 18.969 estudiantes, de los cuales 13.638 (71,9%) se encontraban dentro de programas de Jóvenes y Adultos.

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En el 2025, la exclusión estudiantil en el sistema educativo público ascendió a 18.969 personas. (Foto: Álvaro Murillo)

Este número es similar al reportado en el 2024. En ese período, otros 14.465 estudiantes no terminaron el curso lectivo por diversas situaciones, entre las que destacan factores socioeconómicos, laborales, académicos, entre otros.

“Estamos hablando de un fallo estructural del sistema. Esto representa una gravísima expresión de exclusión y abandono estatal”, externó la exviceministra y especialista en educación Karla Salguero, quien ha señalado que la exclusión estudiantil representa la ruptura de miles de trayectorias educativas.

“En muchos casos se trata de una doble exclusión: primero el sistema no logró garantizarles su permanencia en la modalidad diurna y luego, en una segunda oportunidad, tampoco consiguió sostenerlas en modalidades nocturnas o alternativas adecuadas y contextualizadas a personas mayores de edad. Por lo que no se debe interpretar que es el estudiante quien falla; es el sistema el que no está logrando ofrecer condiciones reales de continuidad”, añadió.

En los últimos años, diversos especialistas han cuestionado la baja en la inversión en educación pública que realiza el Gobierno. En el 2022, por ejemplo, las autoridades otorgaron 387.739 becas Avancemos a estudiantes en condición de pobreza o pobreza extrema, mientras que el año anterior la meta apenas fue de 320.000.

Según estadísticas del MEP, el 28,1% restante de los estudiantes excluidos en 2025 se distribuye en otras ofertas educativas: 2.903 corresponden al III Ciclo de Educación General Básica, 1.266 a Educación Técnica, 704 a I y II Ciclo de Educación General Básica, 386 a Preescolar y 72 a Educación Especial.

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Diversos centros educativos en el país ofrecen educación para jóvenes y adultos. El año anterior, la matrícula en estos programas fue de 75.200 personas. (Foto: Kattia Alvarado)

Problema multicausal

La exclusión estudiantil en el caso de personas jóvenes y adultas es multicausal y responde a una combinación de factores estructurales, económicos, familiares e institucionales, las cuales llevan a estas personas a dejar las aulas.

Entre las principales causas destacan la necesidad de trabajar para mantenerse o aportar a la familia, el empleo informal con horarios poco flexibles, los costos indirectos como transporte o útiles escolares, los cambios constantes de empleo, el cuido de hijos o adultos mayores, la maternidad o paternidad temprana, el rezago escolar acumulado, las experiencias previas de fracaso o repetición, la oferta educativa poco flexible, la poca adaptación curricular a la realidad adulta, la falta de acompañamiento psicoeducativo, la desmotivación o baja autoestima académica y la violencia intrafamiliar, entre otros.

“Que una persona se mantenga en el sistema educativo y otra se salga no es cosa de casualidad o voluntad individual, sino que tiene que ver con una historia de vida y con todo el conjunto de factores que ha enfrentado una persona. En el caso de personas jóvenes y adultos, claramente hay una presión económica muy fuerte. Se espera que ellos ya produzcan ingresos por sí mismos. Esto los lleva a salir tempranamente del sistema educativo para conseguir ingresos, pero se topan con opciones informales, trabajos poco calificados donde ganan el mínimo o menos, entre otros”, mencionó el investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA) Pablo Chaverri.

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Toda esta situación socioeconómica hace que muchos de estos jóvenes, incluso, se conviertan en aliados del crimen organizado.

“Es muy lamentable. Esos muchachos deberían estar en las aulas desarrollándose y encontrando en sus comunidades oportunidades para crecer como seres humanos, pero, lejos de eso, lo que encuentran son drogas, violencia, maltrato, en su casa y en su comunidad. En un momento dado, la única alternativa que les queda es ser reclutados por el crimen organizado”, lamentó.

Por su parte, la especialista en educación Karla Salguero destacó que muchos de los estudiantes dejan el sistema educativo debido a limitaciones de tiempo objetivas. Asimismo, criticó el diseño de la propuesta educativa para esta población la cual está enfocada en adolescentes y termina generando exclusión.

“Con frecuencia el modelo reproduce esquemas y propuestas educativas diseñadas para adolescentes, con currículos extensos, dinámicas poco contextualizadas e incluso enfoques que resultan infantilizados para personas adultas”, dijo la especialista, quien destacó que en algunas modalidades hasta uniforme exigen.

“Cuando el sistema no adapta su estructura a la edad, experiencia y disponibilidad real de esta población, termina generando nuevas exclusiones bajo la apariencia de “oportunidades”, agregó.

Otra de las razones que influye en la exclusión estudiantil son las condiciones que al final ofrece el sistema educativo para retener a estas personas. Muchas veces, y pese a que se hace el proceso de reinserción, las becas u otras condiciones no llegan a esta población.

“A nivel institucional, podemos asegurar que se realizan los procesos de Alerta Temprana, pero ya cuando se reincorpora el estudiante las condiciones que se pueden ofrecer son limitadas. (…) La ausencia de becas en el caso de jóvenes y adultos es real, son pocas”, mencionó una docente de educación nocturna de un colegio josefino, quien prefirió no ser identificada para este reportaje.

“Para regular la exclusión tienen que estar las condiciones tanto internas como externas: el compromiso constitucional de que a los estudiantes que rescatamos si se les va a colaborar con todo lo que necesiten y el compromiso gubernamental de que se le van a proveer las herramientas para que pueda salir adelante. Pero, si no existe alguna de estas, hay mucho riesgo”, añadió.

Según datos del MEP, en el 2025, el sistema educativo logró reincorporar a 6.696 estudiantes gracias a diferentes estrategias.

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Se necesitan cambios


Consultados sobre este tema, tanto Salguero como Chaverri coincidieron en que se necesitan cambios importantes para así atender esta problemática.

En esa línea, Salguero indicó que la educación de jóvenes y adultos no puede seguir siendo una oferta residual o compensatoria.

“Debe asumirse como una estrategia central de desarrollo social y productivo. Si el Estado no rediseña estas modalidades con flexibilidad real, reconocimiento de aprendizajes previos y acompañamiento integral, seguirá reproduciendo exclusión educativa en poblaciones que precisamente requieren mayor protección institucional”, acotó.

Por su parte, Chaverri señaló que existe evidencia científica que demuestra que la inversión social especialmente en los primeros años de vida de una persona es capaz de romper los círculos de exclusión de forma intergeneracional.

“La evidencia demuestra que si se apoya a las familias en los primeros años de vida, tienen mayor probabilidad de mantenerse en el sistema educativo, mayor posibilidad de graduarse, mejor salud, mejores ingresos, mejor colocación laboral y menos problemas sociales. Sabemos cuáles son las fórmulas para el fracaso y el éxito, pero muchas veces los tomadores de decisión no quieren escuchar o tienen otros intereses”, aseveró.

El investigador resaltó específicamente que los programas de estimulación temprana, seguimiento y apoyo especializado ayudan mucho a que las personas, desde niños, desarrollen habilidades cognitivas y sociales. A esto se suma construir un entorno familiar positivo.

En su criterio, para la implementación de estas medidas se necesita la participación de varios actores como el MEP, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai).

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Testimonios que resaltar en cuadros:


“Me tuve que salir porque tengo un niño pequeño, en mi casa hay varias situaciones, mi mamá no me podía cuidar siempre al chiquito, la situación económica es complicada, a veces ni pases tenía, y nunca me dieron una beca, al final me desmotivé con las notas, en el cole intentaron que yo me quedara me hicieron una reinserción, pero igual fue imposible”, estudiante de apellido Alvarado, 18 años.

“Ha sido muy complicado, este año ni iba a matricular, pero mis compañeras me han insistido. He pedido beca y siempre me la niegan, soy una persona enferma y medicada. Para costear los pases limpio casas, cuido a veces a unos niños, por dicha tengo beca de comedor en el cole, creo que tengo excelentes profes que son los que me han motivado, pero ha sido una lucha, solo Dios me ha ayudado a estar acá y este año voy a tratar de terminar, voy día a día”, estudiante de apellido González, 38 años.

“La semana pasada, una estudiante tenía la prueba estandarizada, la convocatoria, y a ella no le dieron permiso en su trabajo para asistir a la prueba. La estudiante por esta situación es excluida del sistema educativo”, docente de educación nocturna.

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