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Vinicio Chacón Soto
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El fusil de combate FAL (Fusil Automático Ligero) tiene un alcance de unos 2 kilómetros y se puede cargar con un dispositivo extraible recto de 20 cartuchos, o con un tambor de 50 tiros. Puede penetrar chalecos antibalas y en el mundo está restringido para uso militar.
Se trata de una de las armas que confiscó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado viernes, cuando luego de un enfrentamiento armado agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) lograron la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y de uno de sus principales lugartenientes, Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”.
Esa intervención del SERT se saldó además con ocho de sus agentes heridos y con la muerte de Roney Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”.
La detención de Arias Monge sin duda ha marcado un hito en la historia de la lucha contra la criminalidad organizada en el país, pero quizás no el más deseable. Se trata de un sujeto que llevaba una década en fuga, por quien las autoridades estadounidenses habían ofrecido una recompensa de $500 mil y cuya organización es, en buena parte, responsable de la violencia homicida que ha azotado al país. Incluso se le ha vinculado con el asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ en Guápiles, en febrero de 2025.
El caso es que el escenario tras su detención no es el de la película hollywoodense en que, eliminado el forajido, se llega al final feliz. Todo este caso refleja el advenimiento de una nueva realidad en Costa Rica, en que las organizaciones criminales son más sofisticadas, tienen más poder y más capacidad de penetración tanto en comunidades como en cuerpos policiales.
Así lo explicaron las criminólogas Tania Molina Rojas, autora de libros como Futuro Secuestrado o Crimen Organizado Transnacional, y Karen Jiménez Morales, directora de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y presidenta del colegio de profesionales en Criminología.
Cinco claves
En medio del fragor generado por la detención de Arias Monge, la criminóloga Molina Rojas hizo circular un texto con las que consideró las cinco “claves” para dimensionar lo ocurrido.
En primer lugar, llamó la atención a que la detención se dio mediante “una respuesta militar”, el enfrentamiento a tiros que según detalló al entrevistarla fueron unos 2.500. “Eso confirma algo que el OIJ ha advertido en sus informes y que el sistema político no ha terminado de procesar: estas organizaciones tienen capacidad de fuego que supera en sofisticación y volumen al armamento que porta la policía costarricense”, escribió.
Su segunda clave constituye “la lectura más importante”, y es que Arias Monge “no fue capturado cruzando una frontera. No estaba en una selva. Estaba en una casa. Una casa en una comunidad de Sarapiquí. Y eso lo cambia todo desde la criminología. Una casa de seguridad operativa con ese nivel de armamento no se sostiene sola. Requiere silencio a su alrededor”.
En tercer lugar, subrayó que este sujeto estuvo 10 años en fuga: “una organización con notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), con medio millón de dólares de recompensa y con tantos años de búsqueda activa no opera en el anonimato por pura habilidad propia. Necesita información anticipada sobre los movimientos de las autoridades”.
Un aspecto muy importante que añadió es que en 2010 “sólo el 2% de los homicidios en Costa Rica estaban vinculados al crimen organizado. En 2025, ese porcentaje era del 69% de los 873 homicidios registrados”, lo cual “es una transformación estructural del paisaje criminal del país”.
“Lo que empezó como narcomenudeo territorial (los tipos de la esquina que mirábamos siempre, desde que estábamos en la escuela), se convirtió en organizaciones con logística marítima independiente, estructura jurídica propia, tecnología de cifrado, armamento de guerra y capacidad de resistir militarmente al Estado cuando este llega a su puerta. El Diablo no era una anomalía, era el síntoma más visible de ese proceso”, añadió.
Finalmente, apuntó que “la arquitectura que lo sostuvo durante tantos años —las redes de protección comunitaria, las complicidades institucionales, el armamento acumulado, la gobernanza criminal extendida que convirtió una casa en una fortaleza— no desapareció con su detención”.
“Urgencia país”
Después de ese análisis, Molina explicó que “ahora lo que va a pasar es que, para empezar, ellos se van a recomponer”, precisamente para “buscar ese mercado cautivo que ya de por sí es amplísimo, no solo en los alrededores de Sarapiquí”.
Apuntó que en entrevistas de trabajo de campo que ha realizado en sitios como Sarapiquí o Limón, ha comprobado que hay “una complicidad comunitaria tan amplia por la gobernanza criminal, eso es un tema realmente delicado. Entonces, la red es muy amplia porque hay muchos diablos”.
La gobernanza criminal es el fenómeno mediante el cual figuras delincuenciales llenan el vacío dejado por instituciones del Estado en las diversas comunidades, un aspecto que también subrayó Jiménez Morales y que se detallará más abajo.
“No es nada más que capturan al Diablo y toda esa gran red de complicidades desaparece”, subrayó Molina.
En cuanto al nivel de violencia, subrayó que el operativo “nos pudo haber costado la vida de más de ocho policías, ahí pudo ocurrir una masacre. La gente no se da cuenta del nivel de violencia. Vea cómo se ha normalizado la violencia en este país, que a algunos les parece poca cosa”.
Por ello, citó la cifra de los 2.500 disparos “entre la policía y estos delincuentes”, lo cual “tiene que decirle algo a la gente: ya se quiebra algo. Yo siento a veces que este país, Costa Rica, cambió y nunca más, nunca más va a volver a ser igual”.
Se le preguntó directamente a la criminóloga si este tipo de acciones tan violentas para detener a grupos organizados es una nueva normalidad y, de ser así, qué tan preparado está el país, cuando desde el gobierno de Rodrigo Chaves se ha fomentado una división y rivalidad con el Poder Judicial, que ya se materializa con serios recortes presupuestarios que inciden negativamente en la capacidad operativa del OIJ.
“Necesitamos que las policías estén articuladas, no que una policía se politice, sino que los cuerpos de policía se articulen y que exista también ese nivel de confianza”, dijo.
Nueva normalidad y gobernanza criminal
Un aspecto que destacaron tanto Molina Rojas como Jiménez Morales, es que la detención de alias Diablo fue posible, entre otros aspectos, gracias a que se logró mantener el hermetismo de toda la información relativa al operativo.
No es un detalle menor, si se toma en cuenta que desde julio de 2022 el entonces ministro de Seguridad, Jorge Torres, manifestó a la prensa que la policía estaba infiltrada precisamente por Arias Monge.
La Directora de Ciencias Policiales de la UNED coincidió en apuntar que este tipo de intervenciones más violentas contra estructuras criminales poderosas y sofisticadas constituye una “nueva normalidad”, ya que “no existe ningún tipo de estrategia en el tema de seguridad que aborde la prevención social”.
Explicó que si se ha percibido una mejora en el nivel de violencia que ha impactado al país, como la “disminución importante” en los homicidios dolosos, ello se debe “a la presión policial que ha habido: El OIJ ha logrado detener cabecillas, líderes sumamente peligrosos y violentos y que esto podría estar mitigando un poco el nivel de violencia homicida que se podría estar dando”. Sin embargo, “este tipo de dinámicas son fácilmente reversibles porque no están respaldadas por un trabajo paralelo asociado a prevención social”. Es decir, los logros conseguidos mediante una costosa acción policial pueden ser efímeros si no se acompañan de inversión social.
Jiménez subrayó, además, que el problema no acaba con la captura de quienes lideren estructuras criminales, pues la “dinámica usual” es que el vacío que queda es pretendido por bandos medios del mismo grupo o por bandas rivales que “ven la posibilidad de tomar control de ese vacío de poder”.
“Entonces, sí, esta es la nueva normalidad, porque esto es un ciclo de violencia que no acaba solamente con la detención de los líderes de las estructuras criminales, que si bien es cierto, podría mitigar un poco el nivel de violencia, pero no tiene un respaldo más fuerte para sostener esta mitigación si no se trabaja de forma paralela con la prevención social, que es responsabilidad del Estado”, insistió.
Un aspecto sobre el que se le preguntó, siguiendo esa lógica, es por el hecho de que Arias Monge, según ha trascendido, inició su carrera criminal con robos a viviendas. Al respecto, apuntó que “es el mejor ejemplo de lo que es la trayectoria criminal de una persona, donde inician con delitos convencionales, usualmente asociados a delitos contra la propiedad, empiezan a adquirir experiencia en la conducta criminal, inclusive empiezan a normalizar el uso de la violencia y la ejecución de los delitos y cómo va evolucionando de forma en que viene a desenvolverse en nuevas dinámicas delictivas que pueden ser más lucrativas, inclusive menos riesgosas”.
Todo ello es una hipótesis, según advirtió, pero llamó la atención de que “tenemos un problema en normalización de la violencia”, pues “esa trayectoria criminal que podría tardar 10 o 15 años para que la persona cometiera un delito grave, se ha cortado a tal punto en que ya tenemos menores de edad de 12 o 13 años que asesinan”.
Por ello, retomó el concepto ya mencionado de gobernanza criminal, pues “tenemos estructuras criminales, así sea de narcomenudeo, que tienen una estrategia para generar control en los territorios”.
Explicó que esa gobernanza criminal se manifiesta por medio de “la presencia permanente en el territorio”, la cual, a partir de una estructura jerárquica y división clara de funciones, permite que sustituyan al Estado en el cumplimiento de sus funciones, lo cual lleva al dominio de ese territorio con el agravante de que generan una “percepción de legitimidad”.
Jiménez apuntó que todo ello aporta “mucha resiliencia” a las organizaciones, precisamente porque la estructura generada “no se desmorona por la captura del líder, se sostiene e inclusive en muchos casos ya tienen previsto quién va a asumir el liderazgo en caso de que el líder caiga”.
Al respecto, Molina Rojas afirmó que “lo que se viene es una urgencia país. Toda la institucionalidad se tiene que articular para ir y tomar control de todas esas zonas donde operaban: Pococí, Guácimo, Sarapiquí, Pocora, San Carlos”. Pues “obviamente ellos se van a reconfigurar ahí donde el Estado no existe”.
“Nos urge, aunque suene cliché y romántico, que todas las instituciones se pongan de acuerdo y lleguen a suplir a todas esas comunidades que tienen un bajísimo desarrollo humano y lleguen a ofrecerles algo más. Sigo soñando con que algo extraordinario suceda en este país en lugar de estar fracturando, porque el Índice de Crimen Organizado Global ya ha señalado que sólo las democracias plenas tienen altos índices de resiliencia”, indicó.
Tania Molina Rojas: “Yo siento a veces que este país, Costa Rica, cambió y nunca más, nunca más va a volver a ser igual”. (Foto: Kattia Alvarado)
Dos años de cifras del OIJ
Periodo de 2023- 2026
Entre 2024 y 2025 desarticuló 82 bandas criminales y al 5 de diciembre de 2025: 47.367 personas habían sido detenidas. 1.278 capturas más que en el mismo período de 2024. Además tramitó 1.244 casos por tráfico de drogas.
2023: 74 operativos focalizados lograron desmantelar “grupos vinculados directamente a picos de homicidios en sus territorios”.
2024: homicidios pasaron de 905 en 2023 a 876.
2025: se registran 870 homicidios.
2026: puede ser el primer año desde 2022 que el registro quede por debajo de los 800.
Operaciones destacadas
Operación Dalila: ejecutada tan solo 3 días antes de la captura del “Diablo”, y que consistió en 39 allanamientos con 34 personas detenidas para desarticular una red que reclutaba mujeres para introducir droga y celulares en centros penitenciarios, vinculada a la estructura de Arias Monge.
Operación Riverside: en junio se realizaron 130 allanamientos junto a la Fiscalía para desarticular la estructura de Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, con epicentro en Cahuita y Limón. “El Fiscal General señaló que este caso representa el segundo grupo criminal que cumple con las características de un cártel en el país”.
Operación Caribe Sur: desmantelado en noviembre del año pasado como parte del caso Traición. El OIJ desplegó 1.200 agentes en 67 allanamientos simultáneos en diferentes partes del país para desarticular el cártel, liderado por los hermanos Luis Manuel Picado Grijalba alias “Shock” y Jordie Kevin Picado Grijalba alias “Noni”.
Fuente: Tania Molina, criminóloga.
Karen Jiménez Morales: “Debilitar al Poder Judicial, cuestionando su credibilidad y recortándole recursos en vez de fortalecerlo no es un problema administrativo, es una amenaza a la seguridad nacional”. (Foto: Kattia Alvarado)
“Donde se debilita la justicia, el crimen organizado avanza”
Tania Molina también apuntó que el audaz operativo mediante el cual se detuvo a alias “Diablo” se llevó a cabo “mientras el Ministerio de Hacienda aplicaba un recorte del 42% al gasto operativo del Poder Judicial para el segundo semestre de 2026”.
Tras observar que la ejecución presupuestaria del OIJ es del 97%, indicó que el hecho de que se haya logrado esa captura “con presupuesto recortado no es argumento para recortar más. Es la evidencia más contundente de que con los recursos adecuados, los resultados podrían ser exponencialmente mejores”.
Por su parte, Karen Jiménez, celebró que la “presión policial” ha incidido en una disminución de la violencia homicida, pero reflexionó que “si se le quitan los recursos al Poder Judicial no solo para mejorar sus capacidades, sino para su operatividad normal, evidentemente esto va a impactar en mantener esta constancia de desarticulación de estructuras criminales, y podría generar una reversión en la dinámica homicida”.
Añadió que “debilitar al Poder Judicial, cuestionando su credibilidad y recortándole recursos en vez de fortalecerlo no es un problema administrativo, es una amenaza a la seguridad nacional. Un sistema de justicia sin legitimidad ni capacidad operativa le abre espacio al crimen organizado para expandirse y consolidar control territorial. La evidencia regional lo confirma: donde se debilita la justicia, el crimen organizado avanza”.
La entrada 2.500 disparos durante la captura del “Diablo” retratan a un país que nunca más será igual aparece primero en Semanario Universidad.
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