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Vinicio Chacón Soto
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El hecho de que la Sala Constitucional no pueda contar con las magistraturas necesarias para llevar a cabo votaciones implica un daño “a la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país”.
Así lo expresó Ana Virginia Calzada, quien además de haber fungido en la Sala IV la ha presidido durante tres períodos: “La Sala, bajo las condiciones actuales, no puede integrarse y, por lo tanto, no puede votar y los ciudadanos no pueden ver resuelta su queja”, dijo ante la crítica situación generada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, al negarse a elegir a las magistraturas suplentes.
Subrayó lo grave de la situación en cuanto al acceso a la salud y aseguró que “es una violación directa al orden constitucional y es una violación directa a los derechos humanos de todos los y las habitantes del país”.
Calzada Miranda subrayó que la presidenta Laura Fernńdez tiene la responsabilidad de generar una negociación que facilite que la Sala Constitucional cuente con al menos unas cuantas de sus magistraturas suplentes.
Se buscó a la exmagistrada a raíz de un texto suyo de reciente circulación, en que salió al paso de la propuesta que cada uno por su lado plantearon el constitucionalista Manrique Jiménez y el exfiscal general Francisco Dall’Anese. Ellos propusieron que para salir del atasco generado por el chavismo, se nutra a la Sala Constitucional con magistraturas de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia.
Dall’Anese la planteó desde el antecedente del secuestro de la Corte de 1993, en el que una de las víctimas fue precisamente Calzada.
Sesión de la Corte Plena a la que asistía la magistrada suplente Marta Esquivel, hoy adversaria a que se elijan los magistrados suplentes propuestos por ese poder de la República. (Foto: Kattia Alvarado)
Respecto a la propuesta planteada por Dall’Anese y Jiménez, ¿por qué considera que la misma solución no se podría aplicar a la luz de ese antecedente?
—Es un antecedente de características totalmente diferentes a las que se están presentando ahora. La Sala, primero que nada, estaba con sus magistraturas completas, tanto propietarias como suplentes y se dio una situación con imposibilidad para que los magistrados pudieran sesionar.
Actualmente, lo que tenemos es un descuido de las funciones de un poder de la República, que conscientemente está incumpliendo los deberes que le manda la Constitución.
La Constitución es la que dice que la Asamblea Legislativa es la encargada de nombrar los magistrados suplentes con una lista que manda a la Corte. La Corte cumplió a tiempo y la Asamblea Legislativa por cuestiones políticas ha venido retrasando y retrasando y retrasando.
Son situaciones totalmente diferentes. En una había imposibilidad porque los magistrados están secuestrados y en esta lo que tenemos es un incumplimiento de la Asamblea Legislativa.
Esta crisis institucional puede llegar a una crisis constitucional porque se rompa el orden constitucional. El Poder Ejecutivo debe hacer conciencia y no ser reconocido por haber roto el orden constitucional después de la Constitución de 1949. La presidenta debe aplicar la prudencia, hablar con su fracción en la Asamblea Legislativa.
La crisis no se resuelve nombrando los 13, 14 o 15 magistrados suplentes que hay que nombrar. Se resuelve nombrando 4 o 5. Después pueden venir otra serie de acuerdos, pero lo importante es no quebrar el orden constitucional, porque podemos caer en otras cosas más serias. Podemos llegar a la violencia y a que todas las crisis de aquí en adelante precisamente se resuelvan rompiendo el orden constitucional.
Entonces, la Constitución no tendría ningún sentido, terminaría de perder su vigencia. Yo creo que la responsable de que esta crisis se resuelva es la presidenta de la República. Quisiera aprovechar para recordarle que para eso el pueblo costarricense la nombró a ella: tanto que se jactó de las de las mayorías que tuvo y ahora no cumple con su deber constitucional.
Igualmente los diputados están electos ahí por el pueblo, son representantes del pueblo y el pueblo quiere el orden constitucional, el pueblo no quiere una guerra.
Con todo respeto, ¿no será muy ingenuo esperar una posición constitucionalmente centrada y vocación democrática de parte una presidenta de la República que ya claramente se ha mostrado como parte de un engranaje de un movimiento político que tiene una orientación clara? Por ejemplo, Rodrigo Chaves dijo que solo le faltaba el Poder Judicial.
—Primero que nada, no es ya la presidenta que eligieron un grupo de partidarios que ella tenía. Es la presidenta de todos los costarricenses y le estamos pidiendo que cumpla con su deber constitucional, que cumpla con su deber de gobernar: no es solo ser presidenta del Ejecutivo, no es solo irse a que vean el desastre de Crucitas que nunca lo han arreglado, no es irse a las comunidades, eso no es gobernar, es parte de gobernar. Pero gobernar también es prever problemas de la institucionalidad democrática que hemos guardado desde 1949, que se puede romper en este momento. Y ella va a ser reconocida en la historia como quien rompió el orden constitucional.
Ella fue nombrada por los costarricenses de acuerdo a la Constitución y es la Constitución la que tiene que cumplir.
Si el oficialismo mantiene su posición y si la Corte se mantiene firme en que tiene que realizarse el proceso con la nómina enviada a la Asamblea Legislativa, ¿qué tipo de medidas le gustaría a usted ver a nivel de sociedad civil para defender la Constitución ante ese impasse institucional entre el Legislativo y el Ejecutivo versus el Judicial?
—No es Legislativo en su totalidad, porque lo que hay es una fracción que está impidiendo que los otros diputados cumplan con lo que la Constitución les dice.
Pudieran haber dos vías. Una: que se rompa el orden constitucional, que no es lo que a mí me gusta, estableciendo mecanismos que no están establecidos en la Constitución. Resolver el conflicto de esa manera lo que va a dar pie es a que, de aquí en adelante, cada vez que haya un conflicto se resuelva de esa forma, dándole un contenido a las normas que no fue lo que quiso el constituyente de 1949.
La otra, que es más peligrosa, es que los costarricenses nos vayamos a la calle a defender la Constitución. Ahí podría pasar cualquier cosa. Es la (opción) más peligrosa y es la que uno no quisiera, habiendo un remedio que la presidenta puede en este momento hacer y solucionar: El diálogo con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo.
Como digo, la crisis se resuelve con el nombramiento de varios magistrados. Después vean a ver qué hacen con el resto que falta de los suplentes, pero resuelven la crisis inmediata, que es la inactividad de la Sala; o lo que nos lleva esto a concluir es que a ellos no les interesa eso, que lo que les interesa entonces es que la Sala esté inactiva. Entonces que lo digan claramente, como lo dijo (Daniel) Ortega en sus declaraciones, que no va a haber elecciones en Nicaragua.
¿Cómo es posible que de 18 personas, ninguna, ni 1, ni 2, ni 3 tengan experiencia para estar en la Sala? Eso no es cierto.
Aquí también hay otro principio que se establece en la Constitución que tenemos que reclamar y es la transparencia de nuestros gobernantes.
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