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Maria Nuñez Chacón
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A finales de marzo de este año, el presidente Rodrigo Chaves anunció que llegó a un nuevo acuerdo con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados por el gobierno estadounidense, un hecho que se repite, pues en 2025, Costa Rica recibió 200 personas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), un proceso que fue calificado por expertos, organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales como un verdadero fracaso y una violación a los derechos humanos.
El convenio señala que Costa Rica acepta recibir semanalmente hasta 25 personas deportadas por Estados Unidos, pero también se especifica que Costa Rica “podrá decidir exceder este número a su discreción” y no tiene fecha de caducidad.
El ministro Mario Zamora aseguró en un video que esta es una “ayuda” migratoria de tipo humanitario que concede Costa Rica y que muestra la “solidaridad y de cooperación entre socios de este hemisferio”.
“Costa Rica siente la obligación de ser recíproco en momentos en que Estados Unidos necesita cooperación», dijo antes de señalar que Costa Rica sería utilizada como «interface» en el envío de los migrantes a los países de destino, sin especificar si se trata de sus países de origen.
Pese a ser caracterizado por el gobierno como una ayuda, una investigación desarrollada por ocho organizaciones sociales de Mesoamérica y Estados Unidos documentó las condiciones de la detención, deportación y de los retornos forzados de las personas migrantes, e incluyó el caso de Costa Rica.
En este sentido, determinó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de las personas expulsadas de Estados Unidos y traídas a territorio costarricense, fueron privadas de libertad, estuvieron retenidas en el Catem por meses en un espacio que no contaba con las condiciones adecuadas; los testimonios revelaron que les fueron decomisados sus documentos de viaje, no recibieron información en su idioma, y para muchos no hubo garantía de su derecho a solicitar refugio, asilo o protección internacional.
En este sentido, UNIVERSIDAD conversó con Adam Álvarez, director del Servicio Jesuita Costa Rica -una de las organizaciones que participaron de esta investigación- quien fue enfático en que muchos de los migrantes no recibieron la información, asesoría y mecanismos para solicitar alguna de estas condiciones y así no ser devueltos a sus países de origen.
“Es posible que se hayan realizado devoluciones de personas que tenían casos fundamentados para solicitar protección internacional, por ejemplo, que hayan huido de sus países de origen por persecución política, religiosa o basada en violencia de género u otras causales que implicaban que corría un riesgo su vida e integridad, eso es una grave violación al principio de no devolución. Esto no se respetó en la mayoría de los casos que vinieron a Costa Rica de manera forzada”, explicó el vocero del Servicio Jesuita.
Adam Álvarez, director del Servicio Jesuita Costa Rica
En vista de que el gobierno firmó un nuevo acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos, sin fecha de vencimiento, ¿qué dice la experiencia de este tipo de convenios?
La experiencia de las familias que fueron traídas el año pasado evidencia el fracaso de este tipo de acuerdos, porque a hoy, un año después, las familias con las que tenemos contacto y que están ubicadas en Monteverde y Liberia, que fueron acogidas por la comunidad Cuáquera, tienen una situación muy vulnerable.
No han podido regularizar su situación migratoria, no tienen acceso a la Caja Costarricense de Seguro Social, a un trabajo o una forma de generarse ingresos, dependen completamente de la solidaridad y el apoyo de estas comunidades locales.
El tema del acceso a la educación ha sido muy complejo, pues no hablan español y su aprendizaje les ha resultado muy complejo, con idiomas y culturas muy distintos.
Entonces, todo esto evidencia el fracaso de estas políticas, porque finalmente, para personas que no van a poder ser retornadas a sus países de origen tampoco se les ofrecen alternativas que les permitan permanecer en el país en condiciones idóneas.
A la par de esto tenemos una gran cantidad de personas que han regresado a la ruta hacia Estados Unidos y que han sido retenidos en centros de detención, y una vez que salieron del Catem el gobierno les perdió el rastro.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil de que vuelvan a enviar a personas migrantes deportadas?
En realidad, diversas organizaciones nacionales e internacionales hemos publicado un comunicado conjunto en el que pedimos poner fin a estas deportaciones en cadena o masivas.
La principal preocupación de fondo es que Costa Rica está asumiendo un acuerdo indefinido para recibir a personas expulsadas de Estados Unidos de manera forzada, sin tener capacidad, ni garantías.
Nos preocupa que se puedan repetir violaciones a derechos humanos, ya documentadas por la experiencia del 2025, que incluso han sido confirmadas en el país por una resolución de la Sala Constitucional; que nuestra nación avance a convertirse en parte de un sistema de deportaciones que pone en riesgo la vida y los derechos de las personas.
Además, este tipo de acuerdos evidenció que el país no cuenta con las condiciones institucionales para garantizar una atención integral y protección efectiva, incluyendo el acceso a derechos como salud, vivienda, educación y trabajo.
¿Le parece que falta información sobre los acuerdos es poco transparentes?
Son acuerdos que carecen de transparencia, opacos, no hay información clara sobre los alcances y procedimientos que den garantía del respeto a los derechos de las personas.
Tampoco si las organizaciones de sociedad civil, academia y otras instancias pueden tener participación y hacer supervisión de lo que están realizando las instituciones públicas a cargo de implementar este acuerdo.
Esto implica un debilitamiento del derecho al acceso al asilo, donde las personas podrían de facto no tener la posibilidad de solicitar refugio y que su caso sea analizado y valorado para determinar si requiere protección internacional y que sean devueltas, aunque sus vidas corran riesgo.
¿A qué se exponen estas personas en estos procesos?
Nos preocupa que sean expuestas a violaciones de derechos, sobre todo ante la normalización de prácticas de contención, criminalización y de externalización de fronteras, un modelo que no debería ser reproducido en Costa Rica, que es un país que tiene capacidades para hacer más y mejor, históricamente hay ejemplos de cómo hemos construido alternativas basadas en la protección, con enfoque de derechos humanos y bajo una perspectiva más hospitalaria.
Más de 70 personas menores de edad llegaron a estar recluidas en el Catem Sur. (Foto: Fabián Hernández Mena)
¿A qué está obligado Costa Rica si recibe nuevas personas deportadas?
Costa Rica no puede aceptar ser parte de la gestión migratoria de Estados Unidos sin asumir responsabilidades, es decir, si recibe a personas que han sido expulsadas del territorio estadounidense, adquiere esas obligaciones -incluso Estados Unidos sigue teniéndolas-. Como lo indicó el Relator de las Naciones Unidas, los derechos humanos no terminan en la frontera.
El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar el acceso al asilo de todas estas personas, que puedan solicitar protección internacional, a que se les haga una evaluación individual justa según cada caso, no puede ser a discreción de una autoridad, dar información y asesoría en sus propios idiomas y dar acceso al sistema costarricense para refugio o cualquier otra categoría, así como hacer valer su derecho a la no devolución.
La entrada “La experiencia de recibir migrantes deportados de EE.UU. evidencia el fracaso de este tipo de acuerdos” aparece primero en Semanario Universidad.
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