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Álvaro Murillo
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Una crítica sesión celebrada este lunes por la Corte Plena expuso la más alta preocupación de magistrados y magistrados ante el nuevo recorte presupuestario ejecutado por el Poder Ejecutivo que, denuncian, obligará a la cancelación de operativos policiales, de juicios, de investigaciones y de servicios de justicia en este mismo 2026, con posibles repercusiones para los años siguientes.
Las expresiones de alerta por una supuesta intención de maniatar por la vía presupuestaria al Poder Judicial abundaron en la reunión en la que magistrados y magistradas conocieron los severos efectos del recorte de casi 42% de los recursos para tareas operativas aplicado desde este mes de julio, como indica una nota enviada días atrás por el Ministerio de Hacienda que ahora maneja Rodrigo Chaves, expresidente y fundador del movimiento político que pretende reconfigurar el modelo político del país.
Este recorte se suma al ajuste de 5% presentado por vía de un presupuesto extraordinario que debe pasar por la Asamblea Legislativa, con la diferencia de que la nueva medida consiste en una orden de congelar casi ₡3.000 millones ya presupuestados por ley, lo que implica una suerte de “orden de subejecución” que además podría impactar en el cálculo de los presupuestos de años venideros, reconoció en esa sesión la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero.
Romero presentó su informe recordando que el argumento del Ministerio de Hacienda es la supuesta necesidad de hacer ajustes “considerando la situación fiscal del país”, aunque para los magistrados es evidente el encono del Gobierno y del movimiento chavista contra el Poder Judicial, al punto de querer provocarle un “ahogo económico” a pesar del discurso oficial de querer combatir la criminalidad.
“Estamos notificados que el proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó. Quien no se ha percatado es porque no quiere. La agonía es lenta. En el pasado las democracias acababan con golpes de Estado y en el presente con golpes presupuestarios. Vamos a un autoritarismo, no tengo ninguna duda. A este ritmo no vamos a poder cerrar este año 2026. El país debe estar advertido”, dijo el magistrado Jorge Araya, de la Sala Constitucional, donde también se reflejan acciones adversas desde el oficialismo por la falta de nombramiento de magistrados suplentes.
Después, este martes, la presidenta Fernández respondió a Araya en un programa de televisión, con el argumento simple de que ella ganó las elecciones. «Mire, eso se llama democracia, caballero. Eso se llama votación popular. Eso se llama respeto a la soberanía del pueblo de Costa Rica. ¡Acéptelo, yo gané las elecciones y por goleada!», dijo antes de advertir que «los tiempos cambiaron», por lo cual no permitirá que en adelante se le den supuestos «cheques en blanco» al Poder Judicial.
El también magistrado constitucional, Fernando Cruz, lamentó el socavamiento judicial por vía del presupuesto, pero advirtió que este es un paso más después de las limitaciones financieras generadas desde 2018 por la reforma fiscal de ese año.
En la sesión también participaron el director del OIJ, Michael Soto, el fiscal general, Carlo Díaz, el jefe de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, y José Ángel Peñaranda, jefe de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, quienes detallaron las múltiples tareas que deberán dejar de hacer si se mantiene la decisión de recorte desde el Ejecutivo, aunque los magistrados también encargaron al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, buscar vías legales para revertirlo porque consideran que se ejecutó de manera ajena a las normas vigentes.
El OIJ es el más afectado dijo la magistrada Patricia Solano, que reitera la sospechosa casualidad entre los fuertes operativos contra bandas criminales y los posteriores recortes presupuestarios impulsados desde el Poder Ejecutivo. “Pareciera clara intención de quitar los recursos para no continuar con la investigación de bandas criminales”, dijo la presidenta de la Sala de Casación Penal.
El OIJ pierde la posibilidad de utilizar ₡943 millones que están presupuestados y de esta manera corre riesgo de recortar operativos policiales por falta de combustible o viáticos, dijo Michael Soto. “Yo no sé cómo expresar la alta preocupación que tengo, la congoja y la desesperación de alguna manera”, mencionó el director de la Policía Judicial.
El magistrado Luis Guillermo Rivas cuestionó la “subejecución forzosa” y señaló los efectos que tiene sobre la independencia de poderes. “Alguien está haciendo un nuevo modelo de país”, dijo con preocupación antes de que Carlos Díaz tomara la palabra y se refiriera a las advertencias de Jorge Araya, asegurando que el proceso iniciado ya no es para cerrar el Poder Judicial, sino para “tomarlo”. Aludió a supuestas intenciones del chavismo coincidentes con palabras del propio Rodrigo Chaves, quien en febrero, después del triunfo de Laura Fernández con mayoría legislativa, dijo que sólo faltaba por “recuperar” el Poder Judicial.
La directora ejecutiva del Poder Judicial dijo que entre 2025 y 2026 han sido más de ₡21.000 millones los que la institución ha perdido, pues desde el año pasado hubo decisión de no girar de manera oportuna recursos aprobados por la Asamblea Legislativa.
Mientras Peñaranda dijo que los efectos del recorte presupuestario obliga a suspender servicios de justicia y protección (“Estamos entregando a la ciudadanía a la criminalidad”), el magistrado Carlos Zamora reiteró que ninguna norma faculta al Poder Ejecutivo a ordenar una rebaja mediante un oficio, como único sustento para “conductas de hecho”.
La magistrada Patricia Vargas coincidió con Peñaranda y otros al advertir que “debilitar a quienes combaten a la criminalidad es dar un abrazo a la criminalidad” y señalar un efecto sobre el sistema democrático: “si queremos debilitar la democracia no hay mejor camino que debilitar la justicia”.
“Nos están obligando a ahorrar en seguridad de la gente”, lamentó Jorge Leiva antes de la votación que encomendó a Orlando Aguirre a explorar vías legales que eviten los afectos que ya empezaron a registrarse.
La entrada “El proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó”: la dura sesión de Corte Plena ante nuevo recorte de fondos dictado por el Ejecutivo aparece primero en Semanario Universidad.
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