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Álvaro Murillo
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La presidenta Laura Fernández justificó este miércoles el “secreto de Estado” que decretó sobre asuntos en seguridad, con el argumento de limitar la información que puede llegar a manos de criminales, pues aseguró que desconfía de las intenciones de consultas que hacen abogados, periodistas y otros ciudadanos sobre datos que hasta ahora han sido de acceso público.
“Este país está tan podrido en algunos lugares, por dicha son menos, que yo desconfío ya hasta de abogados, periodistas, gente que empieza a pedir un montón de información. Y yo digo que esa información debe ser para alguna banda del crimen organizado, esa información es para que las bandas sepan por dónde vamos a atacarlas”, aseguró Fernández en su programa de informaciones gubernamentales de cada miércoles.
El lunes salió publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 45870 firmado por Fernández para que quede como “secreto de Estado” los asuntos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el grupo llamado ‘Fuerza Élite’ formado por jerarcas policiales y el Consejo Nacional de Seguridad, lo cual ha generado suspicacia y críticas por la posibilidad de que se encubran asuntos que son interés público, incluidos presupuestos o contratos con empresas y convenios con otros países.
“Lo que no va a ser de acceso libre es la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional” dijo antes de decir que no será ella quien determine qué será de acceso público y qué no, sino el Consejo Nacional de Seguridad, pero no mencionó que es ella misma quien lo preside.
“Reitero, toda la información pública en materia de seguridad seguirá siendo pública. Todo los presupuestos, todas las contrataciones, todo se hace a través del SICOP, aquí no hay nada qué ocultar. Porque es que ahora, después de lo que yo he venido escarbando y de la pus que me va saliendo entre más escarbo, yo como presidente tengo que tomar medidas”, dijo antes de poner como ejemplo las peticiones de información sobre las pruebas de polígrafo, diciendo que es perjudicial dar todo lo que se pide por un supuesto riesgo de que más adelante se utilicen de mala manera.
De esta manera intenta Fernández salir al paso de críticas de quienes ven en ese decreto una intención de tapar asuntos que puedan estar salpicados de corrupción o incluso esconder posibles programas de espionaje, como señaló el diputado opositor Marco Badilla. Aunque especialistas advierten la posibilidad de que el decreto sea inconstitucional, la Sala IV respondió esta tarde que hasta ahora nadie ha presentado un recurso en contra.
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