“Decir que la devolución total del ROP debilitaría el sistema de seguridad social es una argumentación falaciosa”

[Maria Nuñez Chacón]

Un grupo de representantes del Movimiento Nacional por la Devolución del ROP, entre ellos, el economista y catedrático Leiner Vargas y Walter Quesada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparecieron por segunda vez ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa para plantear sus posiciones sobre los proyectos de ley, que, de ser aprobados, permitirían a los inversionistas recuperar sus dineros a la hora de jubilarse.

En su comparecencia y en respuesta a consultas de los diputados, el economista Vargas aseguró que el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) no fue diseñado para complementar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), sino para que los trabajadores tuvieran un complemento al pensionarse.

En este sentido, la diputada Cynthia Córdoba aseguró que parte de los argumentos de las operadoras de pensiones para no entregar la totalidad del ROP a los pensionados es que se debilitaría el sistema de apoyo nacional, a lo que el experto enfatizó que era “una afirmación falaciosa”.

Hay 1,3 millones de trabajadores cotizando al ROP, y buena parte del problema de las finanzas del sistema de pensiones son los trabajadores informales que no cotizan, y el asunto es cómo entregar la pensión regular a más de 1 millón de personas que no aportaron a la seguridad social. Pero esto no tiene que ver con el ROP, afirmó.

“Hay personas que tienen ahorrado en el ROP entre ¢2.000.000 y ¢4.000.000 y se los prorratean a ¢30.000 por mes a lo largo de 25 o 30 años. La argumentación de las operadoras es totalmente débil, incluso hemos pedido a la Superintendencia de Pensiones (Supen) los estudios que demuestren esas afirmaciones y nunca los hemos recibido, porque no existen”, aseguró Vargas.

Los comparecientes confirmaron que en estos momentos hay unos 86.000 pensionados, y que para los próximos cinco años se jubilarán entre 25.000 a 30.000 personas por año, quienes tendrían al menos ¢10 millones en su ROP, que haciendo la suma significa menos de lo que perdieron las operadoras en noviembre pasado. “Entonces no hay efecto macroeconómico, ni financiero importante en hacer la devolución de estos dineros”.

En la administración anterior se aprobó una iniciativa del expresidente legislativo Eduardo Cruickshank, que estableció condiciones más favorables para la entrega de la pensión complementaria y, el año pasado, se dio vía a un proyecto que permite la entrega total de los fondos en un solo tracto a personas con enfermedades terminales o graves.

Y actualmente hay dos proyectos legislativos en comisión y otros dos en la corriente legislativa que han sido presentados con iniciativas que pretenden modificar, adelantar o acelerar la entrega de los montos acumulados en las cuentas individuales del ROP.

Todas estas iniciativas son una respuesta a la presión ciudadana por que se liberen los millonarios fondos, que según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen), en setiembre de 2025 ya superaban los ₡13,6 billones (una suma equivalente al 28,5% del producto interno bruto nacional del 2024).

La Supen también ha emitido criterio en boletines informativos, asegurando que este tipo de proyectos buscan “desnaturalizar” el uso del ROP o anticipar la entrega de esos recursos “amenazan con desmantelar en pocos meses lo que ha tomado décadas construir, debilitando la protección económica en la vejez y comprometiendo la sostenibilidad del sistema de pensiones en su conjunto”.

Vargas insistió en que lo que se busca es que las personas inversionistas en el ROP tengan la libertad de elección, a la hora de llegar a la edad de pensión, de decidir qué hacer con los recursos y que como prioridad sería devolver, inicialmente, los dineros a quienes ya están pensionados y a los que se jubilarían hasta el 2031.

“No se trata de una dádiva por parte del Estado o las operadoras de pensiones, es lo que el trabajador ahorra mes a mes, y el dinero que aportan las empresas es el mismo que ponían antes en la cesantía (previo a la aprobación del ROP), no podemos discriminar, sea un trabajador, pobre, de ingreso medio o alto, porque estamos hablando de un instrumento de ahorro individual de largo plazo, por lo que la persona tiene el derecho de invertirlo en lo que decida, y no como ahora que hay incluso familiares de personas fallecidas a quienes se los entregan en tractos pequeños o que se lo dan a los pensionados en porciones calculadas a una expectativa de vida de 117 años”, añadió el economista.

Los diputados de la comisión legislativa coincidieron en que están de acuerdo con aprobar una reforma que le permita a los jubilados o prontos a pensionarse a retirar el total de sus ahorros del ROP, lo que les falta es definir cuál proyecto es el que tiene mayor viabilidad.



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