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Fabiola Pomareda García
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Para doña Eida Murillo Sancho, de 70 años, la violencia silenciosa contra las personas adultas mayores en el país se manifiesta por ejemplo cuando los choferes de los buses no se detienen para subirlos en una parada de bus, porque pagan “con cédula”; o en los bancos, cuando a pesar de tener ficha de adulto mayor, siguen atendiendo a otros clientes; o cuando a una persona adulta mayor se le baja el azúcar en un centro diurno; pero nadie la ayuda porque los funcionarios tienen que ir a tomar café, como comentó a UNIVERSIDAD.
Murillo se refirió a la violencia que viven muchos adultos mayores, sobre todo aquellos en condiciones de pobreza, abandono, y que experimentan una “violencia silenciosa», enmarcada en maltratos físicos, psicológicos, patrimoniales, institucionales y discursos de odio.
Entre el 2024 y el 2025, la Línea Dorada (1165) recibió más de 3.500 llamadas por violencia contra personas adultas mayores y el 57% de los casos fueron mujeres, según datos del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) difundidos esta mañana en el foro “Violencia hacia las personas adultas mayores: Un desafío nacional”. Este se realizó en el antiguo edificio de la Asamblea Legislativa y fue organizado por el despacho de la diputada oficialista Esmeralda Britton y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
En el país son varios factores los que crean condiciones para que se de esta violencia contras las personas adultas mayores. Entre ellos están el hecho de que un 26.6% de ellas viven en pobreza y un 6% de ellas en pobreza extrema; un 37% de ellas reporta dificultades para realizar sus actividades de la vida diaria; casi la mitad de personas adultas mayores en el país carecen de pensión; y el hecho de que un 73% de quienes trabajan lo hace en el sector informal, de acuerdo con datos que dio Carlos Murillo Zamora, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Se calcula que en el país hay 576.000 personas mayores de 65 años, que representan un 11.7% de la población y más de 215.000 viven sin ningún tipo de pensión, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Murillo destacó que todos estos factores como la pobreza, la dependencia funcional, el aislamiento social y el edadismo, son “terreno fértil” para la violencia.
El edadismo es la discriminación basada en la edad mediante prácticas discriminatorias, prejuicios y estereotipos asociados a la vejez. En el país, el edadismo está presente en diversos ámbitos de la vida cotidiana y afecta la salud física y mental, limita las oportunidades laborales y sociales, y contribuye a la exclusión de las personas adultas mayores, como documentó el informe “Edadismo en Costa Rica: Evidencia desde un sondeo de opinión”, elaborado por el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo y el Programa Observatorio del Envejecimiento para Costa Rica, de la UCR.
El catedrático e investigador Carlos Murillo resaltó que actualmente los mecanismos de denuncia son poco accesibles, hay falta de acompañamiento para las personas que quieren poner una denuncia y existe una falta de presupuesto institucional para abordar estos casos en medio del desafío demográfico que existe.
La diputada Esmeralda Britton declaró: “debemos ampliar los alcances de la protección social” y enfatizó la importancia de “universalizar las pensiones y avanzar hacia montos dignos que superen las línea de pobreza”.
Violencia patrimonial
Una manifestación de violencia especialmente desatendida es la violencia patrimonial, por ejemplo, la apropiación indebida de bienes, la presión para que transfieran propiedades a nombre de otras personas, el endeudamiento forzado y las estafas digitales, afirmó Carlos Murillo.
La Defensoría de los Habitantes también reiteró su preocupación particularmente por la violencia patrimonial, que limita la autonomía y compromete la calidad de vida de estas personas y alertó que “estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares”, sino que “constituyen una grave vulneración de derechos humanos”.
La Defensoría aclaró que son “situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida”.
El Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (Paipam) del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional (UNA), que imparte talleres sobre violencia familiar, ha recalcado la importancia de que las personas conozcan los alcances de la “Ley Integral de la Persona Adulta Mayor” (Ley 7935) o del nuevo Código Procesal de Familia, que entró a regir desde el pasado 1º de octubre de 2024.
El Paipam también ha advertido de cada vez más casos de familiares que ejercen presiones para ser beneficiarios de herencias, hasta despojos de dinero y propiedades, uso de documentos para hacer transacciones no consentidas, administración irregular de pensiones o sustitución de cargos en sociedades anónimas.
La entrada ‘Violencia silenciosa’ contra adultos mayores: Más de 3.500 llamadas de alerta muestran una crisis de maltrato y despojo aparece primero en Semanario Universidad.
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