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Mónica Palm
Guest
En un contexto en el que el periodismo enfrenta crecientes presiones —desde la irrupción de los deepfakes y la inteligencia artificial hasta la crisis del modelo de negocio de los medios de comunicación—, las demandas judiciales se han convertido en una herramienta que puede ir mucho más allá de la búsqueda de justicia.
En esta conversación, la abogada colombiana Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza cómo estos procesos pueden utilizarse para intimidar, desgastar económicamente a los comunicadores y desalentar la investigación periodística.
También reflexiona sobre el estado de la libertad de expresión, los desafíos del oficio y la necesidad de fortalecer las garantías para que informar no se convierta en un riesgo personal o financiero.
¿Qué riesgos consideran más preocupantes: la desinformación, la inteligencia artificial, los ataques digitales o la estigmatización desde el poder?
Los cuatro están estrechamente interrelacionados, pero probablemente la estigmatización desde el poder es el más problemático, porque los líderes políticos crean imaginarios. Cuando se estigmatiza, por ejemplo, a una periodista desde el poder, es mucho más fácil después que existan ataques digitales, porque las personas crean las historias que son hechas con inteligencia artificial, con videos falsos, etc.
Cada vez es más frecuente que periodistas enfrenten campañas de acoso en redes sociales, muchas veces amplificadas por algoritmos o cuentas automatizadas. ¿Qué impacto tiene este fenómeno en la autocensura y en la calidad del debate?
El impacto de la estigmatización y de las campañas agresivas de violencia digital es muy fuerte. Por ejemplo, las personas que no están expuestas normalmente al público, científicos o académicos que trabajan en temas serios como el cambio climático o que trabajan sobre temas de salud pública, como el covid, muchos han informado que se han retirado de las conversaciones públicas y de las redes por el tamaño de las agresiones, de las ofensas digitales y de la violencia digital. Los periodistas están más acostumbrados, pero igual nadie está suficientemente acostumbrado para recibir decenas, cientos o miles —porque hoy lo hacen robots— de ataques digitales que, además, muchas veces se meten con la vida privada, con los rasgos físicos o con las cosas que la gente más quiere: la familia, los hijos.
Hemos visto que el discurso de líderes políticos de la región ha ido contra la prensa, contra la libertad de expresión. Eso ha escalado en los últimos años. ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes cuando descalifican públicamente a periodistas o medios críticos?
Los gobernantes, como cualquier otra persona, tienen derecho a dar su versión sobre un asunto. Lo que no pueden hacer es estigmatizar, insultar o descalificar a un periodista porque están haciendo un cubrimiento que a ellos no les gusta, porque están contando una investigación que a ellos les incomoda o les molesta, o porque tienen opiniones que son críticas, incluso ofensivas, contra los líderes políticos.
¿Por qué no lo pueden hacer?
Porque la libertad de expresión de los líderes políticos es un concepto que los jueces han denominado “deber de mayor tolerancia”. Como tienen la obligación constitucional de proteger los derechos de todas las personas, no pueden utilizar su discurso para estigmatizar y tienen que tener piel dura, que aguantar un nivel mayor de escrutinio, porque lo que administran no es de ellos, así ellos crean que sí. Cuando un líder político administra funciones públicas, toma decisiones públicas y gasta recursos públicos. Eso le pertenece al público y, por lo tanto, el público tiene derecho a hacer un escrutinio. Y ese líder tiene que soportar ese nivel de escrutinio. Por todas esas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, ha dicho que los líderes políticos, por supuesto, tienen libertad de expresión, pero están sometidos a un estándar especial en el ejercicio de ese derecho.
También se habla mucho del chantaje por la vía de la publicidad estatal, pero hoy por hoy los medios de comunicación, en su mayoría, están económicamente muy debilitados. Así que ya el chantaje no tiene que venir del propio Estado, sino de un anunciante común, de un concesionario o de un contratista. ¿Qué opinión le merece eso?
En muchos países hay leyes que regulan la asignación de publicidad oficial para que los recursos oficiales no se usen para castigar a los medios que hacen su tarea de contrapoder y premiar a los que se dedican a alabar al poder... El criterio fundamental es el de la audiencia cualificada a la cual está dirigida esa publicidad. Entonces, cuando retiran o asignan arbitrariamente una pauta —por ejemplo, asignan una pauta inmensa para una campaña de vacunación en una zona campesina a la que no llega ese medio porque es un medio especializado en economía, por decir algo—, ahí hay una arbitrariedad. Y donde existen esos estándares, se puede controlar. Cuando se trata de pauta privada, las reglas son distintas. Tú no puedes regular de la misma manera la pauta privada que la pública. Los medios necesitan la pauta porque el modelo de negocios está en crisis y el buen periodismo necesita recursos para poder investigar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hay varias cosas. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber una redistribución de los recursos de las redes y de la inteligencia artificial hacia los medios. Entonces, ahí ya empiezas a compensar respecto de la pauta privada... Si bien es cierto que se requieren recursos para poder operar, también es cierto que, si estás trabajando para satisfacer el interés de quien te da la pauta, pues no estás haciendo el periodismo que la gente necesita. Entonces, uno tiene que buscar un balance. Lo que salva al periodismo es que logre encontrar un equilibrio adecuado para salvar su modelo de negocio, pero, al mismo tiempo, no entregar los principios éticos que hacen que el periodismo se diferencie de la cantidad de ruido que hay en internet.
En la región está en auge un fenómeno muy preocupante de hostigamiento judicial.
El hostigamiento judicial se produce por distintas razones. Una de ellas es el uso arbitrario de demandas cuando la persona que demanda al periodista sabe que la demanda no va a prosperar, pero es muy barato demandar a un periodista y, en cambio, para el periodista es muy costoso defenderse.
Respecto al secuestro civil sobre cuentas de Corporación La Prensa por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares, ¿qué mensaje envían los tribunales cuando avalan la adopción de medidas como esas?
Ese es un tipo de medida que no es usual en casi ningún país democrático. Ese es uno de los problemas más graves del procedimiento civil, o de los procedimientos contra La Prensa, porque secuestrar los bienes de un medio de comunicación o de un periodista es gravísimo, sobre todo cuando se trata de procesos muy largos que conducen prácticamente a la muerte civil de la persona. Por eso yo creo que deberían existir leyes contra las demandas estratégicas que puedan generar un daño de esa naturaleza... Una de las recomendaciones que hizo la Relatoría para Panamá —por lo menos cuando yo fui relatora— fue abolir el uso de ese tipo de medidas que permiten secuestrar bienes de medios y periodistas como una forma de intimidación, porque muchas veces quien interpone la demanda termina perdiendo el caso, pero el medio o el periodista tuvo sus bienes embargados durante un tiempo absolutamente inaceptable. Esa persona debería indemnizar al medio o al periodista por todos los perjuicios que ocasionó.
También está el caso de antiguos funcionarios que proceden contra medios, algo que no habrían podido hacer cuando ejercían el poder.
Me parece indiscutible que, si hay una norma que señala que no se puede utilizar, por ejemplo, el derecho penal contra un periodista que ha realizado investigaciones sobre funcionarios públicos, esa norma se aplica incluso cuando la persona ya no es funcionaria pública, siempre que la investigación verse sobre hechos que esa persona ejecutó siendo funcionaria.
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En esta conversación, la abogada colombiana Catalina Botero, exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza cómo estos procesos pueden utilizarse para intimidar, desgastar económicamente a los comunicadores y desalentar la investigación periodística.
También reflexiona sobre el estado de la libertad de expresión, los desafíos del oficio y la necesidad de fortalecer las garantías para que informar no se convierta en un riesgo personal o financiero.
¿Qué riesgos consideran más preocupantes: la desinformación, la inteligencia artificial, los ataques digitales o la estigmatización desde el poder?
Los cuatro están estrechamente interrelacionados, pero probablemente la estigmatización desde el poder es el más problemático, porque los líderes políticos crean imaginarios. Cuando se estigmatiza, por ejemplo, a una periodista desde el poder, es mucho más fácil después que existan ataques digitales, porque las personas crean las historias que son hechas con inteligencia artificial, con videos falsos, etc.
Cada vez es más frecuente que periodistas enfrenten campañas de acoso en redes sociales, muchas veces amplificadas por algoritmos o cuentas automatizadas. ¿Qué impacto tiene este fenómeno en la autocensura y en la calidad del debate?
El impacto de la estigmatización y de las campañas agresivas de violencia digital es muy fuerte. Por ejemplo, las personas que no están expuestas normalmente al público, científicos o académicos que trabajan en temas serios como el cambio climático o que trabajan sobre temas de salud pública, como el covid, muchos han informado que se han retirado de las conversaciones públicas y de las redes por el tamaño de las agresiones, de las ofensas digitales y de la violencia digital. Los periodistas están más acostumbrados, pero igual nadie está suficientemente acostumbrado para recibir decenas, cientos o miles —porque hoy lo hacen robots— de ataques digitales que, además, muchas veces se meten con la vida privada, con los rasgos físicos o con las cosas que la gente más quiere: la familia, los hijos.
Hemos visto que el discurso de líderes políticos de la región ha ido contra la prensa, contra la libertad de expresión. Eso ha escalado en los últimos años. ¿Qué responsabilidad tienen los gobernantes cuando descalifican públicamente a periodistas o medios críticos?
Los gobernantes, como cualquier otra persona, tienen derecho a dar su versión sobre un asunto. Lo que no pueden hacer es estigmatizar, insultar o descalificar a un periodista porque están haciendo un cubrimiento que a ellos no les gusta, porque están contando una investigación que a ellos les incomoda o les molesta, o porque tienen opiniones que son críticas, incluso ofensivas, contra los líderes políticos.
¿Por qué no lo pueden hacer?
Porque la libertad de expresión de los líderes políticos es un concepto que los jueces han denominado “deber de mayor tolerancia”. Como tienen la obligación constitucional de proteger los derechos de todas las personas, no pueden utilizar su discurso para estigmatizar y tienen que tener piel dura, que aguantar un nivel mayor de escrutinio, porque lo que administran no es de ellos, así ellos crean que sí. Cuando un líder político administra funciones públicas, toma decisiones públicas y gasta recursos públicos. Eso le pertenece al público y, por lo tanto, el público tiene derecho a hacer un escrutinio. Y ese líder tiene que soportar ese nivel de escrutinio. Por todas esas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos, ha dicho que los líderes políticos, por supuesto, tienen libertad de expresión, pero están sometidos a un estándar especial en el ejercicio de ese derecho.
También se habla mucho del chantaje por la vía de la publicidad estatal, pero hoy por hoy los medios de comunicación, en su mayoría, están económicamente muy debilitados. Así que ya el chantaje no tiene que venir del propio Estado, sino de un anunciante común, de un concesionario o de un contratista. ¿Qué opinión le merece eso?
En muchos países hay leyes que regulan la asignación de publicidad oficial para que los recursos oficiales no se usen para castigar a los medios que hacen su tarea de contrapoder y premiar a los que se dedican a alabar al poder... El criterio fundamental es el de la audiencia cualificada a la cual está dirigida esa publicidad. Entonces, cuando retiran o asignan arbitrariamente una pauta —por ejemplo, asignan una pauta inmensa para una campaña de vacunación en una zona campesina a la que no llega ese medio porque es un medio especializado en economía, por decir algo—, ahí hay una arbitrariedad. Y donde existen esos estándares, se puede controlar. Cuando se trata de pauta privada, las reglas son distintas. Tú no puedes regular de la misma manera la pauta privada que la pública. Los medios necesitan la pauta porque el modelo de negocios está en crisis y el buen periodismo necesita recursos para poder investigar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hay varias cosas. Por ejemplo, yo creo que tiene que haber una redistribución de los recursos de las redes y de la inteligencia artificial hacia los medios. Entonces, ahí ya empiezas a compensar respecto de la pauta privada... Si bien es cierto que se requieren recursos para poder operar, también es cierto que, si estás trabajando para satisfacer el interés de quien te da la pauta, pues no estás haciendo el periodismo que la gente necesita. Entonces, uno tiene que buscar un balance. Lo que salva al periodismo es que logre encontrar un equilibrio adecuado para salvar su modelo de negocio, pero, al mismo tiempo, no entregar los principios éticos que hacen que el periodismo se diferencie de la cantidad de ruido que hay en internet.
En la región está en auge un fenómeno muy preocupante de hostigamiento judicial.
El hostigamiento judicial se produce por distintas razones. Una de ellas es el uso arbitrario de demandas cuando la persona que demanda al periodista sabe que la demanda no va a prosperar, pero es muy barato demandar a un periodista y, en cambio, para el periodista es muy costoso defenderse.
Respecto al secuestro civil sobre cuentas de Corporación La Prensa por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares, ¿qué mensaje envían los tribunales cuando avalan la adopción de medidas como esas?
Ese es un tipo de medida que no es usual en casi ningún país democrático. Ese es uno de los problemas más graves del procedimiento civil, o de los procedimientos contra La Prensa, porque secuestrar los bienes de un medio de comunicación o de un periodista es gravísimo, sobre todo cuando se trata de procesos muy largos que conducen prácticamente a la muerte civil de la persona. Por eso yo creo que deberían existir leyes contra las demandas estratégicas que puedan generar un daño de esa naturaleza... Una de las recomendaciones que hizo la Relatoría para Panamá —por lo menos cuando yo fui relatora— fue abolir el uso de ese tipo de medidas que permiten secuestrar bienes de medios y periodistas como una forma de intimidación, porque muchas veces quien interpone la demanda termina perdiendo el caso, pero el medio o el periodista tuvo sus bienes embargados durante un tiempo absolutamente inaceptable. Esa persona debería indemnizar al medio o al periodista por todos los perjuicios que ocasionó.
También está el caso de antiguos funcionarios que proceden contra medios, algo que no habrían podido hacer cuando ejercían el poder.
Me parece indiscutible que, si hay una norma que señala que no se puede utilizar, por ejemplo, el derecho penal contra un periodista que ha realizado investigaciones sobre funcionarios públicos, esa norma se aplica incluso cuando la persona ya no es funcionaria pública, siempre que la investigación verse sobre hechos que esa persona ejecutó siendo funcionaria.
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