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¿Quién cuida el dinero de todos los guatemaltecos?
Un cargo que parece de auditoría termina siendo, también, un filtro político de primer orden.
Pablo Escobar Guerra
16 de agosto de 2026
|
00:04h
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La pregunta suena obvia, hasta que uno intenta responderla y se da cuenta de que casi nadie sabe el nombre de la institución encargada, mucho menos cómo se elige a quien la dirige. Y sin embargo, esa respuesta importa más de lo que parece, porque el Estado de derecho no es otra cosa que la idea de que nadie, ni gobernantes ni gobernados, está por encima de la ley. Esa vigilancia la ejerce la Contraloría General de Cuentas, y esta semana, casi sin que nadie lo notara, el Congreso juramentó a la Comisión de Postulación que definirá quién la dirigirá los próximos cuatro años.
El proceso tiene plazos concretos. La comisión, integrada por 27 profesionales, entre decanos de Ciencias Económicas y representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, debe entregar al Congreso una nómina de seis candidatos a más tardar el 22 de septiembre. El actual contralor concluye su período el 12 de octubre, y el pleno legislativo deberá elegir a su sucesor de esa lista antes de esa fecha.
Lo curioso es que un proceso con estas implicaciones apenas ocupe un pequeño espacio de atención en la conversación pública. La función constitucional de la Contraloría es fiscalizar el uso de los recursos públicos y verificar la calidad del gasto del Estado; es decir, revisar si lo que se gasta en carreteras, escuelas u hospitales corresponde realmente a lo ejecutado. Esa tarea, aburrida en apariencia, sostiene buena parte de la confianza en que el dinero público no se administra de forma arbitraria.
Un ciudadano informado sobre este proceso está, en los hechos, ejerciendo su ciudadanía.
Hay, además, un dato que pocos ciudadanos conocen y que debería cambiar la manera en que miramos este proceso. La misma Contraloría que fiscaliza el gasto es la entidad encargada de extender el finiquito a los funcionarios públicos, un documento sin el cual ninguno puede participar como candidato en las elecciones generales. En 2027, Guatemala renovará buena parte de sus autoridades, y quien ocupe la jefatura de la Contraloría tendrá en sus manos, entre otras cosas, la decisión técnica de quién cumple los requisitos para aspirar al poder. Un cargo que parece de auditoría termina siendo, también, un filtro político de primer orden.
Ignorar este tipo de procesos por su bajo perfil mediático tiene un costo. Las decisiones más determinantes para el futuro institucional de un país rara vez se toman entre aplausos o cámaras, se toman en comisiones técnicas, en sesiones legislativas de rutina, en juramentaciones que ocupan muy poca atención de los guatemaltecos. Cuando el ciudadano deja de mirar hacia esos espacios, delega por omisión una responsabilidad que la Constitución le reconoce como propia.
Por eso vale la pena prestar atención a este proceso desde ya, con la misma curiosidad con que un ciudadano informado sigue cualquier decisión que lo afecta. Observar cómo se construye la nómina de candidatos, qué perfiles se presentan y qué criterios pesan más al momento de elegir es un ejercicio cívico, tan legítimo como cualquier otro. Las organizaciones de sociedad civil que siguen de cerca estos nombramientos cumplen ahí un papel valioso, y difundir su trabajo es también una forma de participación.
El Estado de derecho se sostiene, entre otras cosas, con ciudadanos dispuestos a preguntar quién ocupa los cargos que deciden sobre lo público. La Contraloría General de Cuentas está a punto de tener nuevas autoridades, y ese proceso merece atención ciudadana desde ahora. Un ciudadano informado sobre este proceso está, en los hechos, ejerciendo su ciudadanía.
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