¿Qué significa, en la práctica, defender la democracia?

[Laura Martínez Quesada]

“Defender la democracia” es una frase que se repite con facilidad, pero que muchas veces se queda en el aire. Para una parte importante de la población suena abstracta, lejana, casi retórica. Estado social de derecho, separación de poderes, institucionalidad: conceptos correctos, pero difíciles de conectar con la vida cotidiana. El problema es que la democracia no se pierde en lo abstracto; se pierde en lo concreto: por tanto, solo puede defenderse desde lo palpable. Quizás por eso cuesta percibir el riesgo.

Costa Rica ha vivido, desde 1948, una democracia plena y continua. Varias generaciones hemos crecido sin conocer aquí dictaduras, censura formal ni interrupciones del orden constitucional: nos llegó como herencia. No participamos en su conquista —muchas veces, tampoco en su consolidación—. Y como ocurre con muchas herencias, tendimos a disfrutarla sin preocuparnos mucho por sostenerla y ampliarla. Lo que se recibe sin lucha suele asumirse como natural, y lo que se asume como tal se descuida.

Defender la democracia, entonces, no es un acto simbólico ni una declaración de principios. Es una práctica cotidiana. Significa cuidar las condiciones sociales, materiales e institucionales que permiten que las personas vivan con derechos, participen informadas y puedan cuestionar al poder sin temor. Cuando esas condiciones se debilitan, la democracia se vacía por dentro y corre el riesgo de desaparecer.

Visto así, el debate sobre el proyecto político impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, y cuya continuidad se ofrece hoy —abiertamente— a través de Laura Fernández, deja de ser ideológico y se vuelve ineludiblemente concreto.

No estamos ante una discusión de estilos ni de preferencias políticas, sino ante un conjunto de acciones y decisiones que han debilitado de manera sostenida pilares esenciales de la democracia costarricense. No hace falta interpretar intenciones: basta con observar los efectos. Defender la democracia, en este contexto, implica identificar qué se ha venido erosionando, cómo se ha erosionado y por qué esos deterioros afectan directamente la vida cotidiana de todas y todos.

Así, defender la democracia implica, por ejemplo, defender la educación pública. No como consigna, sino como experiencia. Cuando centros educativos operan en condiciones marginales de infraestructura y de recursos humanos, cuando se eliminan proyectos de alta eficacia sin evaluación ni alternativas claras, cuando docentes y estudiantes viven en permanente incertidumbre, lo que se erosiona no es solo la calidad educativa: se debilita la formación de pensamiento crítico, la comprensión de lo público y la capacidad de participación informada.

Una sociedad con menos educación enfrenta peores oportunidades económicas y cuenta con menos herramientas para entender lo que ocurre y reaccionar a tiempo.

Defender la democracia también es defender los programas sociales que amortiguan la desigualdad. Cuando estos se deterioran, el impacto no se manifiesta primero en los discursos oficiales, sino en los hogares mismos. Familias —casi la mitad encabezadas por mujeres— que dependen del trabajo informal o de programas sociales para terminar el mes, personas adultas mayores con redes cada vez más frágiles.

El Estado social no es un lujo ideológico: es el piso mínimo que evita que la democracia se convierta en un privilegio reservado a quienes pueden pagar por condiciones básicas de vida.

Defender la democracia es, además, proteger la salud como derecho. La situación de la Caja Costarricense de Seguro Social lo muestra con claridad: las listas de espera, la falta de especialistas y la saturación de los servicios no se explican por el despilfarro ni por el exceso de beneficios, sino por decisiones que han debilitado financieramente a la institución. A mediados de 2025, la deuda del Estado con la CCSS superaba los ₡4,43 billones -cerca de un 9% del PIB nacional-.

Para quien espera una cirugía o un diagnóstico, esa cifra no es técnica: es dolor prolongado, riesgo evitable y pérdida de confianza en uno de los pilares históricos del pacto social.

Defender la democracia es, también, defender la seguridad ciudadana sin atajos autoritarios. Las tasas de homicidios y femicidios más altas de nuestra historia no se viven en las estadísticas, sino en barrios donde las personas ajustan sus rutinas por miedo y en mujeres que modifican su forma de habitar el espacio público. No hay seguridad posible cuando se desacredita o se debilita a las instituciones encargadas de investigar y sancionar, como el Organismo de Investigación Judicial o el Poder Judicial.

Sin justicia independiente, la seguridad se convierte en un discurso vacío.

Defender la democracia implica, igualmente, defender a quienes producen nuestros alimentos. El debilitamiento del sector agropecuario —y su ataque— no es un problema sectorial: encarece la comida, favorece la dependencia externa y compromete la seguridad alimentaria. Poco se habla, también, del despoblamiento del campo hacia la ciudad, con el agrandamiento de los problemas ya existentes allí.

Cuando el campo se abandona, se amplían las brechas territoriales y se erosiona otra dimensión básica de la vida democrática, especialmente en un país particularmente agrícola, como el nuestro.

Y, de manera transversal, defender la democracia es resguardar la libertad de expresión. Cuando se desacredita a la prensa, se estigmatiza la crítica, y se normaliza el señalamiento desde el poder, no hace falta una censura formal; la autocensura se instala como mecanismo de supervivencia. Las personas prefieren callar, los periodistas miden cada palabra, y las conversaciones se evitan.

Una sociedad que calla por miedo puede seguir votando, pero ya no delibera con libertad.

Defender la democracia también exige una decisión ciudadana concreta: ir a votar y hacerlo con responsabilidad histórica. No basta con la denuncia; es necesario evitar el continuismo de un proyecto político que ha erosionado pilares esenciales de la vida democrática. Si las circunstancias lo requieren, ello implica incluso un voto útil, dejando en segundo plano afinidades partidarias para sumar fuerzas en torno a la candidatura con mayores posibilidades de frenar esa deriva y llevar el debate a una segunda ronda. No se trata de renunciar a convicciones, sino de priorizar lo fundamental: preservar las condiciones que hacen posible disentir y decidir en libertad.

Por eso, defender la democracia no es una consigna abstracta. Es defender la escuela que educa, la clínica que atiende, la justicia que investiga, el agricultor que produce y la palabra que se expresa sin temor. Cuando todas esas dimensiones se debilitan, no estamos ante problemas aislados, sino ante un mismo proceso de vaciamiento democrático.

La pregunta de fondo, entonces, no es ideológica ni partidaria. Es profundamente práctica: ¿estamos dispuestos a defender la democracia en esos espacios concretos, o seguiremos tratándola como una herencia que se gasta sin pensar?

Cuando un día despertemos y ya no estén esas garantías, no hará falta que nadie nos explique qué era la democracia: su ausencia será la más clara explicación.

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