¿Qué es ser demócrata?

[Javier Córdoba]

En días recientes, desde Donald Trump en Washington hasta Laura Fernández en San José, pasando por una bancada legislativa oficialista que hoy tiene mayoría absoluta en la Asamblea, hemos visto desplegarse la misma operación política: llamar “comunista” a cualquiera que piensa distinto al oficialismo, incluyendo a la oposición partidaria, a las universidades públicas (en particular a la Universidad de Costa Rica) y a sectores de la sociedad. Este ejercicio no se hace como un diagnóstico ideológico, sino que se usa como máxima descalificación de a quien se nombra de esa manera.

La presidenta de la República ha dicho que en la UCR se realizan foros comunistas que buscan “lavar el cerebro” de la niñez y la juventud costarricense, y ha llamado a diputados de oposición “vagos comunistas” y “enemigos del pueblo”. El presidente de Estados Unidos advierte que el comunismo es la mayor amenaza que ha enfrentado su país, por encima de las dos guerras mundiales y prometió en su campaña electoral arrancar a las universidades de las manos de lo que llamó “maníacos y lunáticos marxistas”. No es casualidad que ambos discursos suenen igual. Es la misma técnica narrativa, aplicada en dos escenarios distintos, y por ello, es necesario entender por qué es antidemocrática, no solo burda, de mal gusto o exagerada, sino incompatible con la democracia que dice defender.

El macartismo como técnica

La operación narrativa del oficialismo proviene de una genealogía conocida: el macartismo. En los Estados Unidos de los años cincuenta del siglo pasado, el senador Joseph McCarthy construyó una carrera política acusando de comunista a cualquiera que le resultara incómodo. Ello incluyó funcionarios públicos, artistas, académicos, líderes del movimiento por los derechos civiles, sin necesidad de presentar evidencia, porque la intención de la acusación y su función no era probarla, sino más bien enunciarla para producir sospecha, aislamiento social y, en muchos casos, ruina profesional. En ese tanto, la etiqueta de “comunista” no describe una posición verificable dentro del espectro ideológico, sino que cumple una función performativa que lo que busca es excluir a quien se acusa.

Schmitt y la construcción del enemigo

El esquema que reduce la política a la distinción entre amigo y enemigo proviene de Carl Schmitt, el jurista alemán que en 1932, quien en su obra El concepto de lo político, sostuvo que lo específicamente político consiste en la capacidad de identificar un enemigo: no un adversario con quien se compite dentro de reglas compartidas, sino alguien cuya existencia misma amenaza la propia forma de vida y a quien, en el límite, hay que estar dispuesto a combatir y aniquilar. Schmitt no era un observador neutral de esa lógica: la defendía, y terminaría poniendo su prestigio académico al servicio del régimen nazi.

El autor que se le opuso fue Hans Kelsen, en su obra Esencia y valor de la democracia (1929), quien defendió este sistema político como una forma de relativismo institucionalizado: precisamente porque ninguna facción puede demostrar que posee la verdad política absoluta, el sistema democrático organiza la convivencia entre visiones del mundo irreconciliables sin que ninguna deba ser eliminada para que las demás sobrevivan.

Entonces, Ser demócrata, en esta tradición no es coincidir con la mayoría ni con quien gobierna: es aceptar que el adversario tiene el mismo derecho a disputar el poder por las vías institucionales que uno mismo utilizó para alcanzar los espacios de representación política y que ese derecho no se pierde por sostener ideas distintas, sino únicamente por recurrir a medios ilegítimos para imponerlas, tales como la violencia, el fraude y/o la eliminación del rival. La democracia, para Kelsen, no presupone el acuerdo sustantivo sobre lo que es bueno o justo; presupone el acuerdo procedimental sobre cómo se dirime ese desacuerdo sin destruir a quien lo sostiene.

Kelsen y Schmitt, de hecho, protagonizaron un debate real en la Alemania de Weimar sobre quién debía ser el guardián de la Constitución, que hoy se podría leer como un espejo casi perfecto de nuestro momento: uno defendiendo el pluralismo institucional como condición de la convivencia democrática, el otro preparando el terreno intelectual para su liquidación en nombre de una supuesta unidad del pueblo que solo podía alcanzarse expulsando a quienes no encajaran en ella.

Sabemos cómo terminó esa disputa en la práctica: Schmitt puso su erudición al servicio del régimen nazi que canceló la Constitución que él mismo había ayudado a debilitar intelectualmente, mientras Kelsen debió exiliarse. La lección no es solo teórica. Cuando una presidenta o un presidente llaman “enemigos del pueblo” a quienes piensan distinto, no están ejerciendo una defensa vigorosa de la democracia, por más que invoquen ese vocabulario: están siguiendo el libreto de Schmitt mientras se apropian, sin derecho, de una legitimidad democrática que en realidad pertenece a la tradición que Kelsen defendió y que ellos mismos están erosionando.

Costa Rica: del discurso a la institucionalidad

Lo que hace particularmente grave el caso costarricense es que este discurso no queda en la retórica. El Partido Pueblo Soberano obtuvo en la Asamblea Legislativa 31 de 57 diputaciones, es decir, la mayor concentración de poder legislativo en manos de un solo partido en 44 años, y esa mayoría ya se está traduciendo en instrumentos concretos contra las universidades públicas: un diputado oficialista presentó una moción para investigar durante dos años el uso de los fondos que reciben las cinco universidades estatales, con respaldo de otros legisladores de su misma bancada, mientras la Presidenta ha condicionado cualquier aumento del Fondo Especial para la Educación Superior a que la UCR y la Universidad Nacional reduzcan su presupuesto. No se trata, entonces, de un exabrupto verbal aislado, sino de un discurso que cuenta con la capacidad institucional para convertirse en política de Estado: investigaciones, condicionamiento presupuestario, deslegitimación pública de la principal universidad del país como preparación del terreno para intervenir en su autonomía.

En esto hay una ironía que merece subrayarse, porque desmiente por sí sola la acusación: la propia presidenta Fernández es politóloga graduada con honores de la Universidad de Costa Rica, y posee además una maestría de esta misma casa de estudios en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática. Si los espacios académicos de la UCR fueran en efecto correas de transmisión del adoctrinamiento comunista, resultaría difícil explicar cómo egresó de ellos, con honores, quien hoy encabeza un proyecto político que se define a sí mismo como liberal en lo económico y conservador en lo social. La biografía de la propia acusadora desmonta la acusación. Lo que sí formó esa universidad, presumiblemente, fue la capacidad de pensar críticamente y de disentir del poder de turno, exactamente la función que hoy, irónicamente, la presidenta pretende sancionar.

Estados Unidos: el mismo guión, otro escenario

En Washington, el patrón es simétrico aunque el escenario institucional sea distinto. Trump ha calificado a sus adversarios políticos de “comunistas duros y sin dios” y ha planteado la contienda electoral de este año como una disyuntiva entre el comunismo y el sentido común. Historiadores especializados en la historia del comunismo estadounidense han señalado que se trata de un recurso retórico recurrente de la derecha política, reeditado ahora tras los triunfos primarios de algunos candidatos que se autodefinen como socialistas democráticos.

Cabe señalar que ningún dirigente relevante de ese país propone hoy nada parecido al colectivismo soviético, ni la abolición de la propiedad privada ni el control estatal absoluto de la economía, y quienes reciben la etiqueta, incluidos senadores que se llaman a sí mismos socialistas democráticos, lo que defienden es, en rigo,r mayor intervención estatal e impuestos a los sectores más ricos, del tipo que en Europa se conoce simplemente como socialdemocracia.

Pero, igual que en Costa Rica, el discurso no se ha quedado en la tribuna electoral. Desde que asumió, la administración Trump ha congelado miles de millones de dólares en fondos federales de investigación destinados a universidades, ha forzado el cierre de programas de diversidad e inclusión, ha revocado visas a estudiantes internacionales y ha amenazado con retirar la exención tributaria a instituciones consideradas hostiles. Ninguna de estas medidas requirió aprobación legislativa: bastaron esquemas de cumplimiento administrativo y condicionamiento de recursos, exactamente el mismo tipo de instrumento presupuestario que hoy se ensaya contra la UCR y demás universidades públicas. La acusación de comunismo en ambos países, funciona entonces como mecanismo de debilitamiento de la autonomía universitaria: primero se declara sospechosa a la institución, después se justifica intervenirla, y el vocabulario de la Guerra Fría, cincuenta años después de que esa guerra terminara, es usada para ese propósito.

Por qué esto es antidemocrático

Como discute Adam Przeworski en su libro la Crisis de la democracia (2022), la democracia no es simplemente el gobierno de la mayoría, es mejor entendida como un sistema de incertidumbre institucionalizada, una fórmula que suena paradójica porque asociamos la democracia con estabilidad, no con incertidumbre, pero que condensa tres condiciones que rara vez se hacen explícitas: la primera es que los resultados deben ser inciertos antes de que sucedan. Es decir, nadie, ni siquiera quien gobierna, puede saber con certeza quién ganará la próxima contienda, porque si el resultado estuviera decidido de antemano (por fraude, por exclusión de candidatos, o por la deslegitimación simbólica de un sector entero del espectro político antes de que compita) ya no habría competencia real, solo su apariencia.

La segunda es que los resultados, una vez producidos, deben ser vinculantes: es decir, quien gana efectivamente gobierna y quien pierde efectivamente cede el poder, sin que actores no electos puedan revertir el veredicto de las urnas.

La tercera, la más fácil de perder de vista, es la repetibilidad: la derrota de hoy no puede ser definitiva, porque el sistema debe garantizar una oportunidad razonablemente cercana de volver a disputar el poder. Przeworski lo resume con una fórmula que se ha vuelto célebre: la democracia es, en el fondo, un sistema en el que los partidos pierden elecciones, y aceptan haber perdido, precisamente porque saben que no perdieron para siempre.

Esta manera de entender la democracia explica por qué el macartismo la ataca en su raíz y no solo en su superficie: al declarar que un sector entero de la oposición, o la universidad pública en su conjunto, no son interlocutores legítimos sino enemigos disfrazados, se cancela por adelantado la primera de las tres condiciones, es decir, la incertidumbre genuina del resultado porque ya no se compite contra un adversario que puede ganar limpiamente, sino que se gestiona la eliminación de un sector que nunca debió tener derecho a competir.

Ese acuerdo de fondo requiere aceptar la legitimidad del adversario como tal, no como un enemigo a eliminar, sino como un interlocutor con quien se compite dentro de reglas democráticas compartidas. Requiere, también, distinguir con cuidado entre dos preguntas que el macartismo confunde deliberadamente: si una idea es correcta o equivocada, y si quien la sostiene tiene derecho a sostenerla y a participar en la vida pública. La primera pregunta se resuelve con argumentos, evidencia y debate; la segunda, en democracia, ya está resuelta de antemano, y resolverla en sentido contrario, es decir negar el derecho a disentir, es precisamente lo que distingue a un régimen autoritario de uno democrático, más allá de que este último conserve elecciones periódicas (caso Bukele).

La etiqueta de comunista, aplicada indiscriminadamente a la oposición, a sectores de la sociedad civil y a la universidad pública, busca exactamente lo contrario: convertir el desacuerdo político en amenaza existencial, y con ello justificar que se le trate no con los instrumentos ordinarios de la deliberación democrática, tales como el debate legislativo, la fiscalización razonada, la alternancia electoral sino con los de la excepción: la investigación prolongada sin causa concreta, la asfixia presupuestaria como castigo, la sospecha permanente que obliga a la institución señalada a gastar energía en defenderse de una acusación que nunca podrá refutar del todo, porque no fue formulada para ser refutada sino para desgastar.

Ese desgaste tiene un efecto adicional, silencioso y dañino: la autocensura. Cuando pensar distinto se vuelve arriesgado, muchos optan simplemente por no pensar en voz alta, y una universidad que deja de disentir deja también de cumplir su función más elemental: ser voz. No se vale asumir, ni permitir que se instale como sentido común, que solo son demócratas quienes piensan como quien gobierna. Esa asunción es, en sí misma, la negación de la democracia que se dice defender.

Conclusión: ¿qué es, entonces, ser demócrata?

La respuesta no puede ser deslegitimar de vuelta a quienes hoy ocupan el poder, sino reafirmar con toda claridad que el pluralismo democrático, entendido como la aceptación de que el adversario, cualquiera sea su ideología, tiene tanto derecho a disputar el futuro del país como uno mismo, es la condición misma de posibilidad de una convivencia política que no termine en la eliminación del otro. Defender la autonomía universitaria frente a este tipo de discurso no es, entonces, una causa partidaria de quienes trabajamos en la UCR: es una causa democrática que debería convocar a cualquier persona, piense lo que piense, que no quiera vivir en un país donde la disidencia se castiga y donde el desacuerdo y la diferencia se prohíben.

Esto nos devuelve, finalmente, a la pregunta con la que abrió este texto. Ser demócrata no es tener razón, ni coincidir con la mayoría, ni pensar como quien gobierna. Es aceptar que quien piensa distinto conserva el mismo derecho a disputar el poder que uno mismo utilizó para alcanzarlo. Es confiar en que la propia derrota, si llega, no será definitiva, porque el sistema garantiza una oportunidad de volver a intentarlo. Y es, sobre todo, resistir la tentación, tan antigua como el macartismo, tan actual como el discurso que hoy señala a la UCR, de convertir al adversario en enemigo. Quien reserva el derecho a disentir solo para quienes ya piensan como él, no está defendiendo la democracia: la está negando en nombre de ella.



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