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Orlando Silva
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Ecuador enfrenta un repunte de homicidios en 2025, a pesar de una ofensiva estatal inédita. El tablero del Ministerio del Interior registra 7 553 homicidios intencionales hasta el 31 de octubre de 2025 y muestra que 95,9% corresponde a violencia criminal. La mayoría de homicidios se comete con arma de fuego (88,6%) y afecta sobre todo a hombres de 18 a 34 años.
El tablero oficial del Ministerio del Interior reporta 7 553 homicidios hasta octubre de 2025. La categoría de violencia criminal representa 95,9% de los casos y consolida a las organizaciones ilícitas como principal generador de muertes violentas en el país.
Las cifras también evidencian una fuerte concentración en el uso de armas de fuego. El 88,6 % de víctimas fue atacado con este tipo de armamento, lo que confirma que la letalidad está asociada a la disponibilidad y circulación de armas en manos de grupos delictivos.
El impacto demográfico también se mantiene constante. El 91 % de víctimas son hombres, y los grupos de mayor afectación son personas entre 25 y 34 años, con 2 689 casos, y entre 18 y 24, con 1 651 casos.
También se registran homicidios en edades menores y mayores, lo que muestra que la violencia alcanza a distintos segmentos, aunque mantiene su principal concentración en población joven.
En 2024, la cifra cayó a 7 063, una disminución del 14,4 %. Sin embargo, esa reducción no cambió la estructura criminal, por lo que el descenso se mantuvo solo de manera temporal.
El acumulado parcial de 2025 ya supera la cifra de todo el año anterior. Esta tendencia rompe la meta gubernamental de reducir los homicidios intencionales a 39,11 por cada 100 000 habitantes para 2025. La estadística oficial confirma que la violencia volvió a crecer a pesar de intervenciones operativas más intensas.
Los datos también muestran que la mayor parte de la violencia responde a disputas criminales, lo que indica que la estabilidad de estas estructuras determina el comportamiento de la tasa nacional.
Según el informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled, en inglés) el país se perfila para registrar la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, impulsada por la competencia territorial y económica entre grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos, la fragmentación de bandas tras la captura de líderes y el creciente papel de Ecuador en el narcotráfico regional.
A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, como la declaratoria de conflicto armado interno y el fortalecimiento de la presencia militar, la violencia sigue escalando.
Con el crecimiento de la producción de cocaína y el aumento de actividades ilícitas en la región, se espera que la violencia continúe en 2026, especialmente si el control de las cárceles no se estabiliza o el gobierno no establece una presencia más efectiva en las comunidades afectadas.
Acled coloca a Ecuador en su lista de seguimiento de conflictos para el próximo año, advirtiendo que la crisis podría profundizarse a medida que los grupos criminales expanden su control.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó en una entrevista en radio Vigia, que en 2025 se ejecutaron 1 414 031 operativos, cifra que duplica los 767 406 realizados en 2024. Aseguró que la Policía y las unidades investigativas participan en estas operaciones para actuar contra estructuras criminales grandes e intermedias.
Reimberg destacó la captura de 18 objetivos de alto valor, entre ellos alias Pipo, a quien el Gobierno atribuye más de 400 muertes. También informó la detención de 143 objetivos de mediano valor, decomisos de más de 20.000 armas, 700 000 municiones y la aprehensión de más de 100 000 personas.
El ministro señaló que el Estado destruyó cerca de 500 toneladas de droga entre 2024 y 2025, con una afectación económica estimada de 9 000 millones de dólares a las organizaciones delictivas. Añadió que se ejecutaron 58 000 operativos migratorios y que existen procesos de extradición, como el de alias ‘Topo’.
Reimberg afirmó que el país enfrenta problemas judiciales que afectan la eficacia de las capturas. Mencionó que existen 285 personas con arresto domiciliario y señaló que 800 policías vigilan a esos beneficiarios. Según su planteamiento, estas decisiones generan desafíos para la seguridad interna.
El ministro señaló que la Policía hace seguimiento a los procesos judiciales para verificar su cumplimiento. En su lectura, el sistema judicial mantiene dificultades para sostener las detenciones, lo que se convierte en un factor adicional dentro del debate sobre homicidios.
El experto en seguridad y docente de la UIDE, Wilson Goyes, explica que la captura de cabecillas produce vacíos de poder en las estructuras criminales. Estos vacíos activan disputas internas entre facciones que buscan reemplazar a los mandos capturados y asegurar las rentas ilegales.
Goyes detalla que estas tensiones generan fragmentación, rupturas de alianzas, reacomodo de mandos medios y confrontaciones por territorios y cárceles.
Desde su análisis, estas transiciones se expresan en más sicariatos, ataques selectivos y episodios de violencia carcelaria. Explica que las bandas elevan el uso de la fuerza para disciplinar a disidentes, recuperar territorios o demostrar capacidad operativa, lo que incrementa el número de homicidios.
Goyes señala que esta lógica responde a la estructura económica y territorial de las bandas, que dependen de áreas específicas para operar y que utilizan la violencia como herramienta para sostener el control.
El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, indica que existe un paradigma erróneo que asocia un aumento de capturas con una reducción automática de violencias. Desde su análisis, más capturas suelen coincidir con aumento de homicidios porque los grupos criminales entran en etapas de reorganización que intensifican las disputas.
Pinto explica que detener a un líder no desarticula la estructura, porque otros miembros ocupan el mando o surgen nuevas facciones que compiten entre sí.
Esta dinámica aumenta la presión sobre territorios claves para el tráfico de droga. En su análisis, el reemplazo rápido de liderazgos y la multiplicación de grupos sostienen la capacidad operativa criminal, incluso en contextos de alta intervención estatal.
El experto añade que el país carece de un plan de seguridad integral vigente y público. Señala que las acciones del Estado carecen de un marco estratégico claro porque no existe un documento rector.
Las provincias de la Costa concentran la mayor cantidad de homicidios en 2025, según datos del Ministerio del Interior.
El Gobierno identifica un corredor delictivo donde se concentra la mayoría de homicidios, con provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Jóvenes vinculados o expuestos a las economías criminales enfrentan violencia letal vinculada al control de rutas marítimas, puertos, pasos fronterizos y centros urbanos estratégicos.
Pinto explica que la logística del narcotráfico define gran parte de la violencia. Los grupos criminales compiten por asegurar los corredores donde circula la droga desde Colombia o Perú hasta los puertos ecuatorianos, desde donde se envía hacia mercados internacionales. Esa competencia sostiene la violencia en zonas urbanas y periurbanas.
La relación entre territorio y homicidios también se observa en la disputa por cárceles. Los centros penitenciarios funcionan como nodos de mando y coordinación. Cuando los grupos criminales recuperan capacidad dentro de las prisiones, la violencia en calles aumenta, porque ambos espacios responden a una misma estructura.
Goyes sostiene que las medidas que redujeron homicidios en 2024 fueron temporales porque no modificaron las bases de las economías criminales ni la capacidad de las bandas para operar. Las organizaciones mantienen ingresos por tráfico de droga, contrabando y minería ilegal, lo que sostiene su capacidad para ejercer violencia.
Pinto añade que el control inicial en las cárceles se debilitó y que los grupos criminales retomaron influencia. Según su análisis, la violencia en prisiones y en las calles está conectada. Explica que, mientras el país no cuente con un plan de seguridad integral y un sistema penitenciario funcional, la violencia no disminuirá de forma sostenida.
Estos factores muestran que los homicidios aumentan por una combinación de disputas internas, economías ilícitas estables y ausencia de reformas estructurales.
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Los datos oficiales confirman que 2025 retoma niveles altos de violencia en Ecuador
El tablero oficial del Ministerio del Interior reporta 7 553 homicidios hasta octubre de 2025. La categoría de violencia criminal representa 95,9% de los casos y consolida a las organizaciones ilícitas como principal generador de muertes violentas en el país.
Las cifras también evidencian una fuerte concentración en el uso de armas de fuego. El 88,6 % de víctimas fue atacado con este tipo de armamento, lo que confirma que la letalidad está asociada a la disponibilidad y circulación de armas en manos de grupos delictivos.
El impacto demográfico también se mantiene constante. El 91 % de víctimas son hombres, y los grupos de mayor afectación son personas entre 25 y 34 años, con 2 689 casos, y entre 18 y 24, con 1 651 casos.
También se registran homicidios en edades menores y mayores, lo que muestra que la violencia alcanza a distintos segmentos, aunque mantiene su principal concentración en población joven.
La reducción de 2024 no se sostuvo y el país volvió a escalar
En 2024, la cifra cayó a 7 063, una disminución del 14,4 %. Sin embargo, esa reducción no cambió la estructura criminal, por lo que el descenso se mantuvo solo de manera temporal.
El acumulado parcial de 2025 ya supera la cifra de todo el año anterior. Esta tendencia rompe la meta gubernamental de reducir los homicidios intencionales a 39,11 por cada 100 000 habitantes para 2025. La estadística oficial confirma que la violencia volvió a crecer a pesar de intervenciones operativas más intensas.
Los datos también muestran que la mayor parte de la violencia responde a disputas criminales, lo que indica que la estabilidad de estas estructuras determina el comportamiento de la tasa nacional.
Crisis de violencia criminal: el panorama para 2025 y 2026
Según el informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled, en inglés) el país se perfila para registrar la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, impulsada por la competencia territorial y económica entre grupos criminales como Los Choneros y Los Lobos, la fragmentación de bandas tras la captura de líderes y el creciente papel de Ecuador en el narcotráfico regional.
A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, como la declaratoria de conflicto armado interno y el fortalecimiento de la presencia militar, la violencia sigue escalando.
Con el crecimiento de la producción de cocaína y el aumento de actividades ilícitas en la región, se espera que la violencia continúe en 2026, especialmente si el control de las cárceles no se estabiliza o el gobierno no establece una presencia más efectiva en las comunidades afectadas.
Acled coloca a Ecuador en su lista de seguimiento de conflictos para el próximo año, advirtiendo que la crisis podría profundizarse a medida que los grupos criminales expanden su control.
El Gobierno sostiene que ejecuta la mayor ofensiva de los últimos años
El ministro del Interior, John Reimberg, informó en una entrevista en radio Vigia, que en 2025 se ejecutaron 1 414 031 operativos, cifra que duplica los 767 406 realizados en 2024. Aseguró que la Policía y las unidades investigativas participan en estas operaciones para actuar contra estructuras criminales grandes e intermedias.
Reimberg destacó la captura de 18 objetivos de alto valor, entre ellos alias Pipo, a quien el Gobierno atribuye más de 400 muertes. También informó la detención de 143 objetivos de mediano valor, decomisos de más de 20.000 armas, 700 000 municiones y la aprehensión de más de 100 000 personas.
- Más sobre el tema: Policía decomisa paquetes de cocaína en vehículos con doble fondo en Napo
El ministro señaló que el Estado destruyó cerca de 500 toneladas de droga entre 2024 y 2025, con una afectación económica estimada de 9 000 millones de dólares a las organizaciones delictivas. Añadió que se ejecutaron 58 000 operativos migratorios y que existen procesos de extradición, como el de alias ‘Topo’.
El peso del sistema judicial y las tensiones con la Policía
Reimberg afirmó que el país enfrenta problemas judiciales que afectan la eficacia de las capturas. Mencionó que existen 285 personas con arresto domiciliario y señaló que 800 policías vigilan a esos beneficiarios. Según su planteamiento, estas decisiones generan desafíos para la seguridad interna.
El ministro señaló que la Policía hace seguimiento a los procesos judiciales para verificar su cumplimiento. En su lectura, el sistema judicial mantiene dificultades para sostener las detenciones, lo que se convierte en un factor adicional dentro del debate sobre homicidios.
La transición criminal después de las capturas incrementa la violencia
El experto en seguridad y docente de la UIDE, Wilson Goyes, explica que la captura de cabecillas produce vacíos de poder en las estructuras criminales. Estos vacíos activan disputas internas entre facciones que buscan reemplazar a los mandos capturados y asegurar las rentas ilegales.
Goyes detalla que estas tensiones generan fragmentación, rupturas de alianzas, reacomodo de mandos medios y confrontaciones por territorios y cárceles.
Desde su análisis, estas transiciones se expresan en más sicariatos, ataques selectivos y episodios de violencia carcelaria. Explica que las bandas elevan el uso de la fuerza para disciplinar a disidentes, recuperar territorios o demostrar capacidad operativa, lo que incrementa el número de homicidios.
Goyes señala que esta lógica responde a la estructura económica y territorial de las bandas, que dependen de áreas específicas para operar y que utilizan la violencia como herramienta para sostener el control.
A mayor captura, mayor fragmentación
El experto en seguridad, Jean Paul Pinto, indica que existe un paradigma erróneo que asocia un aumento de capturas con una reducción automática de violencias. Desde su análisis, más capturas suelen coincidir con aumento de homicidios porque los grupos criminales entran en etapas de reorganización que intensifican las disputas.
Pinto explica que detener a un líder no desarticula la estructura, porque otros miembros ocupan el mando o surgen nuevas facciones que compiten entre sí.
Esta dinámica aumenta la presión sobre territorios claves para el tráfico de droga. En su análisis, el reemplazo rápido de liderazgos y la multiplicación de grupos sostienen la capacidad operativa criminal, incluso en contextos de alta intervención estatal.
El experto añade que el país carece de un plan de seguridad integral vigente y público. Señala que las acciones del Estado carecen de un marco estratégico claro porque no existe un documento rector.
La violencia costera responde a la competencia por logística criminal
Las provincias de la Costa concentran la mayor cantidad de homicidios en 2025, según datos del Ministerio del Interior.
El Gobierno identifica un corredor delictivo donde se concentra la mayoría de homicidios, con provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas. Jóvenes vinculados o expuestos a las economías criminales enfrentan violencia letal vinculada al control de rutas marítimas, puertos, pasos fronterizos y centros urbanos estratégicos.
Pinto explica que la logística del narcotráfico define gran parte de la violencia. Los grupos criminales compiten por asegurar los corredores donde circula la droga desde Colombia o Perú hasta los puertos ecuatorianos, desde donde se envía hacia mercados internacionales. Esa competencia sostiene la violencia en zonas urbanas y periurbanas.
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La relación entre territorio y homicidios también se observa en la disputa por cárceles. Los centros penitenciarios funcionan como nodos de mando y coordinación. Cuando los grupos criminales recuperan capacidad dentro de las prisiones, la violencia en calles aumenta, porque ambos espacios responden a una misma estructura.
Factores estructurales que sostienen la violencia en 2025
Goyes sostiene que las medidas que redujeron homicidios en 2024 fueron temporales porque no modificaron las bases de las economías criminales ni la capacidad de las bandas para operar. Las organizaciones mantienen ingresos por tráfico de droga, contrabando y minería ilegal, lo que sostiene su capacidad para ejercer violencia.
Pinto añade que el control inicial en las cárceles se debilitó y que los grupos criminales retomaron influencia. Según su análisis, la violencia en prisiones y en las calles está conectada. Explica que, mientras el país no cuente con un plan de seguridad integral y un sistema penitenciario funcional, la violencia no disminuirá de forma sostenida.
Estos factores muestran que los homicidios aumentan por una combinación de disputas internas, economías ilícitas estables y ausencia de reformas estructurales.
- Información extra: Homicidios Ecuador
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