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Gabriela Quiroz
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En el Centro Histórico de Quito funciona un mercado formal con una sospecha persistente: la venta de celulares robados. El Centro Comercial Montúfar, ubicado en las calles Montúfar y Mejía, abrió en 1969 y hoy tiene 340 locales activos de 416. Opera con permisos municipales y registros tributarios. Aunque, la Policía, Municipio y los propios comerciantes lo identifican como un punto recurrente dentro de la cadena de reventa de dispositivos robados en la ciudad.
El Montúfar no es un caso aislado. La Policía Nacional ubica este centro comercial dentro de los circuitos donde terminan los celulares robados en Quito. Estos delitos ocurren, sobre todo, al descuido: en buses, paradas, semáforos o zonas concurridas. Luego, los equipos también reaparecen en estos sectores: La Marín, El Tejar, la avenida Occidental, San Roque, San Diego, el mercado de Las Cuadras.
Entre enero y marzo de este año se registraron 157 robos en el sector. En el mismo periodo del año anterior hubo 212. La reducción es del 26%. La Policía atribuye esta caída a operativos y presencia permanente. Aun así, el problema no desaparece. Los robos continúan porque existe un mercado que absorbe esos equipos. El foco ya no está solo en el robo. Está en lo que ocurre después. Mientras existan espacios donde los celulares se puedan revender, desbloquear o reutilizar, el delito aún es rentable.
Una muestra de los celulares de alta gama que se encontraron en el techo de un local. Foto: Cortesía
El pasado 19 de marzo, un operativo policial dejó en evidencia esa dinámica. Agentes allanaron un local del Centro Comercial Montúfar tras denuncias de víctimas. En el techo encontraron 66 celulares de alta gama. Los equipos estaban ocultos y listos para ser ‘flasheados’. Dos personas fueron detenidas. El hallazgo ocurrió dentro de un local con permisos de funcionamiento. No fue en la calle.
La administración del centro ofrece otra lectura. Marco Miranda, presidente de la directiva, sostiene que personas externas usan el parqueadero o los alrededores para activar la ubicación de los celulares robados. Esa señal marca todo el edificio, no un local específico. Pero entre los techos con decenas de celulares ocultos y la versión de que el problema ocurre afuera, aparece una contradicción. El Montúfar sigue siendo un espacio legal donde el delito aparece, se desplaza y vuelve a surgir.
El Centro Comercial Montúfar no tiene una sola cifra oficial sobre su tamaño. La Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio señala que cuenta con 416 locales, 71 de propiedad municipal (17%). Sin embargo, Miranda afirma que existen 402 locales, 340 están activos y cinco son municipales.
El modelo de propiedad también es fragmentado. De los locales que operan, 100 son arrendados y el resto pertenece a propietarios directos, según la Administración. Esto implica que no solo regula a dueños, sino también a inquilinos, que cambian con mayor frecuencia.
En el caso de los predios municipales, la Agencia de Comercio evidencia un escenario complejo. Los 71 locales municipales se encuentran en distintas condiciones:
Este escenario muestra que una parte del centro comercial no solo sigue siendo pública, sino que además no está completamente regularizada en términos administrativos y de propiedad.
Propietarios de varios locales no abren en el día porque salen a vender en las calles. Foto: Diego Pallero
Dentro del centro existe un esquema de control definido. La directiva sostiene que todos los locales deben contar con la LUAE y el registro en el SRI. Además, cada local debe mantener siete teléfonos nuevos con factura y cinco usados con respaldo documental, mediante liquidaciones de compra.
Las inspecciones se realizan cada 15 días por los ocho miembros de la directiva. También hay sanciones. La primera infracción implica una multa de 20 dólares y un día de cierre. En casos graves, como la detección de un celular robado, la sanción puede llegar a 1 000 dólares y 30 días de clausura.
En sus 10 meses de gestión, Miranda estima que entre 50 y 60 locales han sido sancionados por distintas irregularidades. Además, se mantiene la prohibición de vender teléfonos Apple, debido a los problemas recurrentes asociados a robos y bloqueos.
Pero ese esquema de control convive con una realidad distinta. Mientras la administración realiza inspecciones y aplica sanciones, la Policía encontró celulares robados ocultos, entre ellos Apple.
La Policía mantiene una presencia sostenida en el Centro Comercial Montúfar y las zonas aledañas. Sin embargo, esa intervención no ha logrado desarticular el problema.
Entre enero y marzo de este año se ejecutaron 20 operativos, según informó el coronel Álvaro Rocha, jefe de Policía de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Como resultado, se decomisaron 29 celulares, una cámara y una tablet, y dos personas fueron detenidas por el delito de receptación. Además, 64 personas fueron registradas dentro del centro comercial tras detectarse que ingresaban dispositivos tecnológicos con fines de venta.
“El trabajo se mantiene en el ámbito operativo, preventivo, investigativo y de inteligencia”, explicó Rocha. Sin embargo, estos procesos dependen de denuncias formales y de la coordinación con Fiscalía para avanzar hacia sanciones. En la práctica, la intervención también enfrenta obstáculos. Durante los operativos, varios locales cierran sus puertas, lo que reduce la capacidad de acción dentro del centro.
Actualmente ocho uniformados patrullan de forma permanente el sector, con apoyo de Fuerzas Armadas. Además, la institución implementó un código QR para denuncias anónimas, que alimenta las investigaciones de unidades especializadas. Aun así, la dinámica ilegal del mercado no se desarticula.
Más allá de los operativos, el problema tiene un componente legal que dificulta la sanción. El delito que se configura en estos casos es la receptación. Según el abogado penalista Alexander Velepucha, la ley exige que la Fiscalía pruebe que el bien fue robado y que quien lo vende sabía que era de origen ilícito.
“El problema es que Fiscalía debe primero probar que la cosa fue robada o hurtada, para lo cual se requiere una sentencia previa”. Esto genera una barrera práctica. Aunque un celular robado sea encontrado en un local, eso no basta para una condena. Se necesita demostrar el origen ilícito del equipo y el conocimiento del vendedor. Además, la carga de la prueba recae en el Estado.
“No se invierte la carga de la prueba. Fiscalía debe demostrar que esa cosa es robada, no que el vendedor demuestre lo contrario”, señaló Velepucha. Esta condición ha sido respaldada por la Corte Constitucional, lo que limita la posibilidad de sancionar únicamente por sospecha o falta de documentos.
En la práctica, esto crea un vacío operativo. Un comerciante puede vender un producto cuya procedencia no está clara, sin que eso constituya automáticamente un delito penal.
En el Centro Comercial Montúfar se han realizados operativos conjuntos, entre varias entidades. Sin embargo, la intervención sigue limitada por el alcance de cada competencia. Desde el Municipio, el enfoque se concentra en el control administrativo y del espacio público. La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, detalló:
Pese a estos controles, el alcance tiene un límite claro. Cuando se configura un delito, la competencia pasa a la Policía y la Fiscalía. “Nosotros no podríamos actuar en ese sentido”, señaló Andrade.
En otras instituciones, el rol también es específico:
Dentro del Centro Comercial Montúfar no todos participan en la venta de objetos robados, pero todos conviven con sus efectos. “En toda la ciudad se vende mercadería robada”, afirmó Alfredo Arias, quien cuestiona que el señalamiento se concentre en este espacio. Para Carlos Núñez, el impacto ya es económico: “Estamos prácticamente en cero”, dijo, al señalar que las ventas han caído hasta en un 95%.
El centro comercial sigue operando entre controles, operativos y sanciones que no logran resolver el problema. Las instituciones intervienen, pero con límites. Y en ese punto intermedio, el Montúfar se mantiene como un espacio donde lo formal y lo ilegal coexisten sin una solución definitiva.
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El robo ocurre en la calle y termina en mercados ya identificados
El Montúfar no es un caso aislado. La Policía Nacional ubica este centro comercial dentro de los circuitos donde terminan los celulares robados en Quito. Estos delitos ocurren, sobre todo, al descuido: en buses, paradas, semáforos o zonas concurridas. Luego, los equipos también reaparecen en estos sectores: La Marín, El Tejar, la avenida Occidental, San Roque, San Diego, el mercado de Las Cuadras.
Entre enero y marzo de este año se registraron 157 robos en el sector. En el mismo periodo del año anterior hubo 212. La reducción es del 26%. La Policía atribuye esta caída a operativos y presencia permanente. Aun así, el problema no desaparece. Los robos continúan porque existe un mercado que absorbe esos equipos. El foco ya no está solo en el robo. Está en lo que ocurre después. Mientras existan espacios donde los celulares se puedan revender, desbloquear o reutilizar, el delito aún es rentable.
Celulares escondidos y operativos no frenan el problema
Una muestra de los celulares de alta gama que se encontraron en el techo de un local. Foto: Cortesía
El pasado 19 de marzo, un operativo policial dejó en evidencia esa dinámica. Agentes allanaron un local del Centro Comercial Montúfar tras denuncias de víctimas. En el techo encontraron 66 celulares de alta gama. Los equipos estaban ocultos y listos para ser ‘flasheados’. Dos personas fueron detenidas. El hallazgo ocurrió dentro de un local con permisos de funcionamiento. No fue en la calle.
La administración del centro ofrece otra lectura. Marco Miranda, presidente de la directiva, sostiene que personas externas usan el parqueadero o los alrededores para activar la ubicación de los celulares robados. Esa señal marca todo el edificio, no un local específico. Pero entre los techos con decenas de celulares ocultos y la versión de que el problema ocurre afuera, aparece una contradicción. El Montúfar sigue siendo un espacio legal donde el delito aparece, se desplaza y vuelve a surgir.
Radiografía interna de un Centro Comercial Montúfar fragmentado
El Centro Comercial Montúfar no tiene una sola cifra oficial sobre su tamaño. La Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio señala que cuenta con 416 locales, 71 de propiedad municipal (17%). Sin embargo, Miranda afirma que existen 402 locales, 340 están activos y cinco son municipales.
El modelo de propiedad también es fragmentado. De los locales que operan, 100 son arrendados y el resto pertenece a propietarios directos, según la Administración. Esto implica que no solo regula a dueños, sino también a inquilinos, que cambian con mayor frecuencia.
En el caso de los predios municipales, la Agencia de Comercio evidencia un escenario complejo. Los 71 locales municipales se encuentran en distintas condiciones:
- 6 predios con minuta o escritura
- 9 predios con interés de compra a corto plazo (4 meses)
- 2 predios con interés de compra a mediano plazo (6 meses)
- 5 predios sin interés de compra
- 49 predios con problemas administrativos (44 fueron modificados para un proyecto de guagua centro, pero no se actualizó la declaratoria de propiedad horizonta y 5 corresponden a la Epmmop).
Este escenario muestra que una parte del centro comercial no solo sigue siendo pública, sino que además no está completamente regularizada en términos administrativos y de propiedad.
Propietarios de varios locales no abren en el día porque salen a vender en las calles. Foto: Diego Pallero
Reglas, sanciones y controles internos no logran frenar la dinámica
Dentro del centro existe un esquema de control definido. La directiva sostiene que todos los locales deben contar con la LUAE y el registro en el SRI. Además, cada local debe mantener siete teléfonos nuevos con factura y cinco usados con respaldo documental, mediante liquidaciones de compra.
Las inspecciones se realizan cada 15 días por los ocho miembros de la directiva. También hay sanciones. La primera infracción implica una multa de 20 dólares y un día de cierre. En casos graves, como la detección de un celular robado, la sanción puede llegar a 1 000 dólares y 30 días de clausura.
En sus 10 meses de gestión, Miranda estima que entre 50 y 60 locales han sido sancionados por distintas irregularidades. Además, se mantiene la prohibición de vender teléfonos Apple, debido a los problemas recurrentes asociados a robos y bloqueos.
Pero ese esquema de control convive con una realidad distinta. Mientras la administración realiza inspecciones y aplica sanciones, la Policía encontró celulares robados ocultos, entre ellos Apple.
Operativos, pero sin un cambio estructural
La Policía mantiene una presencia sostenida en el Centro Comercial Montúfar y las zonas aledañas. Sin embargo, esa intervención no ha logrado desarticular el problema.
Entre enero y marzo de este año se ejecutaron 20 operativos, según informó el coronel Álvaro Rocha, jefe de Policía de la Administración Zonal Manuela Sáenz. Como resultado, se decomisaron 29 celulares, una cámara y una tablet, y dos personas fueron detenidas por el delito de receptación. Además, 64 personas fueron registradas dentro del centro comercial tras detectarse que ingresaban dispositivos tecnológicos con fines de venta.
“El trabajo se mantiene en el ámbito operativo, preventivo, investigativo y de inteligencia”, explicó Rocha. Sin embargo, estos procesos dependen de denuncias formales y de la coordinación con Fiscalía para avanzar hacia sanciones. En la práctica, la intervención también enfrenta obstáculos. Durante los operativos, varios locales cierran sus puertas, lo que reduce la capacidad de acción dentro del centro.
Actualmente ocho uniformados patrullan de forma permanente el sector, con apoyo de Fuerzas Armadas. Además, la institución implementó un código QR para denuncias anónimas, que alimenta las investigaciones de unidades especializadas. Aun así, la dinámica ilegal del mercado no se desarticula.
Un delito difícil de probar en la práctica
Más allá de los operativos, el problema tiene un componente legal que dificulta la sanción. El delito que se configura en estos casos es la receptación. Según el abogado penalista Alexander Velepucha, la ley exige que la Fiscalía pruebe que el bien fue robado y que quien lo vende sabía que era de origen ilícito.
“El problema es que Fiscalía debe primero probar que la cosa fue robada o hurtada, para lo cual se requiere una sentencia previa”. Esto genera una barrera práctica. Aunque un celular robado sea encontrado en un local, eso no basta para una condena. Se necesita demostrar el origen ilícito del equipo y el conocimiento del vendedor. Además, la carga de la prueba recae en el Estado.
“No se invierte la carga de la prueba. Fiscalía debe demostrar que esa cosa es robada, no que el vendedor demuestre lo contrario”, señaló Velepucha. Esta condición ha sido respaldada por la Corte Constitucional, lo que limita la posibilidad de sancionar únicamente por sospecha o falta de documentos.
En la práctica, esto crea un vacío operativo. Un comerciante puede vender un producto cuya procedencia no está clara, sin que eso constituya automáticamente un delito penal.
Varias instituciones intervienen, no hay solución definitiva
En el Centro Comercial Montúfar se han realizados operativos conjuntos, entre varias entidades. Sin embargo, la intervención sigue limitada por el alcance de cada competencia. Desde el Municipio, el enfoque se concentra en el control administrativo y del espacio público. La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, detalló:
- Cerca del 90% del centro comercial es de propiedad privada.
- El control municipal se enfoca en:
- uso del espacio público
- verificación de permisos (LUAE)
- actividades económicas
- La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó:
- 98 procedimientos entre 2024 y 2025
- 18 clausuras en 2025, por irregularidades en permisos y comercialización de productos
Pese a estos controles, el alcance tiene un límite claro. Cuando se configura un delito, la competencia pasa a la Policía y la Fiscalía. “Nosotros no podríamos actuar en ese sentido”, señaló Andrade.
En otras instituciones, el rol también es específico:
- Aduanas (SENAE):
- No registra operativos específicos en el Centro Comercial Montúfar.
- Señala que en controles suele detectar mercadería extranjera sin pago de impuestos.
- Indica que comparte información con otras entidades en operativos conjuntos.
- Servicio de Rentas Internas (SRI):
- Tiene competencia para clausurar locales que no justifican la procedencia de la mercadería.
- Puede actuar sin necesidad de una sentencia penal.
- No respondió al cuestionario enviado para este reportaje, desde el 2 de marzo.
Un problema que persiste entre lo legal y lo ilegal
Dentro del Centro Comercial Montúfar no todos participan en la venta de objetos robados, pero todos conviven con sus efectos. “En toda la ciudad se vende mercadería robada”, afirmó Alfredo Arias, quien cuestiona que el señalamiento se concentre en este espacio. Para Carlos Núñez, el impacto ya es económico: “Estamos prácticamente en cero”, dijo, al señalar que las ventas han caído hasta en un 95%.
El centro comercial sigue operando entre controles, operativos y sanciones que no logran resolver el problema. Las instituciones intervienen, pero con límites. Y en ese punto intermedio, el Montúfar se mantiene como un espacio donde lo formal y lo ilegal coexisten sin una solución definitiva.
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