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¿Por qué el Gobierno de Trump pagó US$1.5 mil millones por dos centros de detención de migrantes en California?
El Gobierno de Donald Trump concretó una millonaria adquisición en California que refuerza su estrategia migratoria. La decisión involucra dos de los mayores centros de detención del estado y ha reavivado el debate sobre el futuro de la política de inmigración en Estados Unidos.
Erick Gutiérrez y Redacción EFE
11 de julio de 2026
|
15:43h
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Foto de referencia. Donald Trump reiteró que no firmará la ley de vivienda, aunque la legislación entrará en vigor automáticamente si no ejerce su derecho al veto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compró dos de los mayores centros de detención de migrantes en California por cerca de US$1.5 mil millones, como parte del plan del presidente Donald Trump para ampliar la capacidad de retención y acelerar las deportaciones de personas sin estatus migratorio regular.
Las instalaciones adquiridas son el Centro de Detención de Otay Mesa, situado cerca de la frontera con México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern. Ambos pertenecían a la compañía privada de prisiones CoreCivic.
Más de 4,500 espacios de detención
De acuerdo con documentos de la operación, el Gobierno pagó US$739.2 millones por el centro de Otay Mesa, que tiene capacidad para 1,994 personas.
Por la instalación de California City, inaugurada en fecha reciente y con espacio para 2,560 personas, desembolsó otros US$732.6 millones. La capacidad conjunta de ambos centros asciende a 4,554 detenidos.
La compraventa se concretó el 2 de julio, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
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Aunque el Gobierno federal es ahora propietario de las instalaciones, CoreCivic anunció que espera continuar a cargo de sus operaciones diarias mediante los contratos que mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El acuerdo de administración de California City se extiende hasta agosto del 2027, mientras que el correspondiente a Otay Mesa estará vigente hasta diciembre del 2029 y contempla la posibilidad de una prórroga de cinco años.
La empresa reconoció que las condiciones contractuales podrían renegociarse debido al cambio de propietario y que tampoco existe certeza sobre futuras renovaciones.
Compra coincide con más fondos para el control migratorio
La adquisición se conoció después de que el Congreso estadounidense aprobara un proyecto republicano que asigna US$70 mil millones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias durante el resto del mandato de Trump.
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Los recursos buscan ampliar la infraestructura, contratar personal y fortalecer los operativos de detención y deportación promovidos por la Administración.
Centros permanecen bajo escrutinio
La expansión de la capacidad de detención ocurre mientras las instalaciones migratorias enfrentan cuestionamientos por presunta negligencia, falta de supervisión y el aumento de fallecimientos de extranjeros bajo custodia.
Durante los primeros seis meses del año se reportaron 52 muertes de personas retenidas por las autoridades migratorias, según la información disponible.
Un análisis periodístico también determinó que al menos 15 de los 45 centros que albergan a 500 personas o más no habían sido inspeccionados durante el último año. Otras cinco instalaciones carecían de registros de inspección, pese a las denuncias presentadas por organizaciones humanitarias.
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