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Laura Martínez Quesada
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Amenazas a las reglas básicas de la democracia y la decencia. En Costa Rica la libertad de prensa ha sido uno de los pilares más sólidos de nuestra democracia. Precisamente por eso, cualquier indicio de manipulación, montaje o utilización indebida del periodismo como herramienta de poder, debe encender todas las alarmas institucionales y ciudadanas.
La libertad de prensa no es un privilegio corporativo: es una responsabilidad pública sostenida sobre la verdad, la ética y el respeto a la dignidad humana. Sin ética, la libertad de prensa se convierte en licencia para destruir.
La mayoría de los costarricenses no aceptaría que, en lugar de una prensa que investigue con rigor y denuncie con pruebas, tengamos una prensa marrullera, difamadora y servil a intereses políticos. El periodismo no puede degradarse en espectáculo ni en instrumento de persecución selectiva. Cuando la noticia se sustituye por el montaje y la investigación por la emboscada, se rompe el pacto de confianza entre medios y ciudadanía. Una prensa que fabrica escándalos no informa: contamina la democracia.
Si resultaran ciertos los señalamientos sobre intentos de tender una trampa mediática contra el director del Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), estaríamos ante un hecho de extrema gravedad institucional. El OIJ es pieza clave en la investigación de posibles delitos, incluso cuando estos involucran a altas jerarquías del Poder Ejecutivo. Convertir a los investigadores en blanco de operaciones de descrédito no fortalece la transparencia; la socava. Atacar al investigador para salvar al investigado es una inversión moral inaceptable.
Más grave aún sería que, en vez de esclarecer denuncias contra funcionarios públicos, el objetivo fuese fabricar artificialmente un hecho para provocar un “empate” mediático y diluir responsabilidades. Esa lógica -crear ruido para neutralizar la verdad-, es propia de sistemas donde la propaganda sustituye al periodismo. Las democracias se sostienen en hechos verificables, no en trampas diseñadas en la penumbra. Cuando la mentira se usa como estrategia, la verdad se convierte en víctima.
La sola hipótesis de utilizar la vida íntima como señuelo, de inducir declaraciones en contextos manipulados o de montar espectáculos para destruir reputaciones, evoca prácticas asociadas históricamente a aparatos de inteligencia de regímenes autoritarios. No es el método lo que define a una dictadura, sino la normalización del método. Si la infamia se normaliza, la democracia empieza a erosionarse desde dentro.
Armar noticias por servilismo al poder político no es sólo una falta ética; es una forma de corrupción que mina la credibilidad de todo el sistema informativo. La confianza pública es el capital más valioso de cualquier medio de comunicación. Una vez que el ciudadano sospecha que se fabrican historias para proteger intereses, la duda se extiende a todo el ecosistema mediático. Sin confianza, no hay prensa libre; hay ruido organizado.
Este no sería un incidente menor ni un exceso aislado: sería una señal de alarma sobre la salud de nuestra democracia. La ética del periodista es comparable a la fe pública del notario: ambos operan sobre la base de credibilidad social. Una transgresión deliberada y calculada debe investigarse con profundidad y, de comprobarse, sancionarse con firmeza ejemplar. La impunidad de la infamia es la antesala de su repetición.
La decencia pública no es un adorno retórico; es el límite moral que evita que la lucha política se convierta en destrucción personal. Defender la libertad de prensa implica también defender su integridad. No se trata de debilitar a los medios, sino de proteger su legitimidad frente a prácticas que la degradan. La libertad sin decoro termina sirviendo a aquello que decía combatir.
Resulta indispensable que el Colegio de Periodistas de Costa Rica se pronuncie con claridad, firmeza y sentido pedagógico; que los demás medios marquen distancia de cualquier práctica incompatible con la ética profesional; y que las universidades conviertan este caso en objeto de análisis riguroso. La autorregulación responsable es signo de madurez democrática. El silencio corporativo ante la falta grave es complicidad por omisión.
Finalmente, ante los vínculos evidentes entre ciertas figuras políticas y determinados espacios mediáticos, surge una inquietud legítima: ¿existe un patrón destinado a desacreditar opositores, destruir honras y neutralizar voces críticas? Si así fuera, no estaríamos ante un conflicto personal, sino ante una amenaza estructural al equilibrio de poderes. Cuando la prensa deja de fiscalizar al poder para convertirse en su instrumento, la democracia pierde uno de sus principales guardianes.
La entrada ¿Le tendieron una cama? aparece primero en Semanario Universidad.
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