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Richard Jiménez
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Julio Iglesias busca frenar el proceso judicial en su contra por presuntas agresiones sexuales cometidas en el extranjero.
Su defensa técnica presentó un escrito de 15 páginas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España para solicitar el archivo de las investigaciones.
Según publica el diario Clarín, el abogado del artista argumenta que el caso provoca un grave daño reputacional al cantante.
La defensa sostiene que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar estos hechos.
El portal informativo RTVE detalla que los incidentes habrían ocurrido en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
Al no ser las denunciantes de nacionalidad española ni menores de edad, el abogado José Antonio Choclán afirma que la denuncia debió presentarse en los países donde supuestamente sucedieron los eventos.
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El equipo legal de Julio Iglesias critica la elección de España como sede judicial.
Según recoge el diario El Mundo, la asociación Women’s Link Worldwide seleccionó este país para asegurar una mayor eficacia en la investigación.
Sin embargo, la defensa del intérprete considera que la Fiscalía no puede convertirse en un “fiscal universal” ni otorgar a las víctimas el derecho de elegir la jurisdicción más conveniente.
El abogado también solicita tener acceso directo al contenido de la denuncia, la cual permanece bajo secreto.
RTVE informa que el Ministerio Público ya rechazó esta intervención porque las pesquisas están en una fase inicial.
El artista niega todas las acusaciones y sostiene, mediante un comunicado citado por Clarín, que nunca ha abusado ni faltado al respeto a ninguna mujer.
Las acusaciones provienen de una exempleada del hogar y una fisioterapeuta.
Según los datos proporcionados por El Mundo, las mujeres describen un ambiente de control, humillaciones laborales y agresiones sexuales sistemáticas.
Las denunciantes aportaron fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp para respaldar sus testimonios sobre lo ocurrido en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay.
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Finalmente, la defensa de Julio Iglesias cuestiona que las denunciantes posean la condición de testigos protegidas.
El letrado argumenta en el escrito difundido por Clarín que las mujeres participaron voluntariamente en la difusión mediática del caso.
Por ello, considera que cualquier pretensión de reserva debe decaer para permitir que el investigado defienda su honor frente a lo que califica como una campaña agresiva.
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Su defensa técnica presentó un escrito de 15 páginas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España para solicitar el archivo de las investigaciones.
Según publica el diario Clarín, el abogado del artista argumenta que el caso provoca un grave daño reputacional al cantante.
La defensa sostiene que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar estos hechos.
El portal informativo RTVE detalla que los incidentes habrían ocurrido en 2021 en República Dominicana y Bahamas.
Al no ser las denunciantes de nacionalidad española ni menores de edad, el abogado José Antonio Choclán afirma que la denuncia debió presentarse en los países donde supuestamente sucedieron los eventos.
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La postura legal de Julio Iglesias
El equipo legal de Julio Iglesias critica la elección de España como sede judicial.
Según recoge el diario El Mundo, la asociación Women’s Link Worldwide seleccionó este país para asegurar una mayor eficacia en la investigación.
Sin embargo, la defensa del intérprete considera que la Fiscalía no puede convertirse en un “fiscal universal” ni otorgar a las víctimas el derecho de elegir la jurisdicción más conveniente.
El abogado también solicita tener acceso directo al contenido de la denuncia, la cual permanece bajo secreto.
RTVE informa que el Ministerio Público ya rechazó esta intervención porque las pesquisas están en una fase inicial.
El artista niega todas las acusaciones y sostiene, mediante un comunicado citado por Clarín, que nunca ha abusado ni faltado al respeto a ninguna mujer.
Detalles de la denuncia y daño reputacional
Las acusaciones provienen de una exempleada del hogar y una fisioterapeuta.
Según los datos proporcionados por El Mundo, las mujeres describen un ambiente de control, humillaciones laborales y agresiones sexuales sistemáticas.
Las denunciantes aportaron fotografías, grabaciones y mensajes de WhatsApp para respaldar sus testimonios sobre lo ocurrido en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay.
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Finalmente, la defensa de Julio Iglesias cuestiona que las denunciantes posean la condición de testigos protegidas.
El letrado argumenta en el escrito difundido por Clarín que las mujeres participaron voluntariamente en la difusión mediática del caso.
Por ello, considera que cualquier pretensión de reserva debe decaer para permitir que el investigado defienda su honor frente a lo que califica como una campaña agresiva.
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