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Gabriela Quiroz
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En Ecuador hay 4 384 261 niños y adolescentes entre 0 y 14 años. Es decir, 24% de la población ecuatoriana -casi uno de cada cuatro habitantes- está en el centro del debate de un proyecto de reforma al Código de la Niñez. Actualmente analiza la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional.
La propuesta de la asambleísta oficialista, Katherine Pacheco, plantea prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años. La iniciativa obligaría a plataformas digitales a implementar mecanismos para verificar la edad del usuario. Y prevé multas para firmas que permitan que menores creen cuentas.
El debate que abre esta propuesta va mucho más allá de una regulación tecnológica. La pregunta de fondo: ¿Es viable limitar en la práctica el acceso de niños y adolescentes a uno de sus espacios de interacción digital?
Entre los motivos que la posible reforma expone está que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes usan redes sociales como TikTok y WhatsApp. Esto aumenta su exposición a riesgos en el entorno digital, entre ellos: ciberacoso, suplantación de identidad, hackeo y acoso o abuso sexual.
Los datos disponibles muestran que estos problemas no son marginales. Entre 2014 y 2024 se registraron 1 584 denuncias de grooming en Ecuador. En tanto, tres de cada diez niños y adolescentes sufrieron algún tipo de agresión digital, según un informe de ChildFund con datos de la Fiscalía. Para la legisladora, el país enfrenta un problema de protección infantil en el entorno digital y su abordaje es insuficiente en la actual legislación.
La propuesta de reforma parte de una premisa: no todas las plataformas digitales cumplen el mismo papel en la vida de los menores. El problema no es el acceso a internet, sino el tipo de espacios en los que participan. Por eso, la asambleísta Katherine Pacheco diferencia entre plataformas de entretenimiento masivo y aplicaciones con fines educativos o de aprendizaje.
En la primera categoría ubica a TikTok, Instagram, Snapchat o Facebook, donde -según sostiene- los menores crean perfiles y los algoritmos promueven interacción con desconocidos. Esto los expone a contactos fuera de su entorno. En cambio, su propuesta excluye de la restricción a aplicaciones pedagógicas como Google Classroom, Khan Academy, Duolingo o Scratch. Funcionan con más control.
La iniciativa, además, traslada parte de la responsabilidad a las empresas tecnológicas. La protección de menores ha recaído principalmente en las familias y docentes, mientras las plataformas continúan ampliando su base de usuarios más jóvenes. Por eso plantea que las empresas implementen mecanismos reales de verificación de edad, similares a los que usan sistemas financieros o aplicaciones de pago. “Si las plataformas tienen tecnología para segmentar publicidad con precisión milimétrica, también pueden usarla para verificar la edad de sus usuarios”, afirma.
La reforma plantea multas a las plataformas digitales que permiten acceso a menores. Foto: Freepik
“Así como no permitimos que un niño compre alcohol o conduzca un vehículo, tampoco podemos permitir que tenga acceso sin límites a redes que lo exponen a depredadores o a contenidos perjudiciales”. De esta manera, Pacheco insiste en que la propuesta no vulnera derechos.
Carolina Sacoto, investigadora de la UTPL, confirma que los Estados sí pueden establecer límites de edad para acceder a servicios digitales. Sobre todo cuando se trata de proteger a grupos vulnerables como los menores. Pero advierte que una prohibición amplia puede entrar en tensión con derechos constitucionales. Cita: la libertad de expresión, derecho de acceso a la información y derecho de participación en la vida social y cultural. Esto también se ejerce en entornos digitales.
Las redes sociales, explica la experta, son espacios centrales de comunicación pública y en muchos casos funcionan como foros contemporáneos de expresión. Por eso alerta que cualquier restricción debe ser diseñada con cuidado para que no termine limitando de forma desproporcionada sus derechos.
Un ejemplo de esa tensión se observó en EE.UU. Un juez federal suspendió una ley de Florida que prohibía a menores tener cuentas en redes sociales, para no vulnerar su libertad de expresión. Esto no significa que la regulación sea imposible. La clave, según Sacoto, está en que las medidas sean proporcionales, técnicamente viables y respetuosas de otros derechos fundamentales. Además de evitar nuevos riesgos, como recopilación excesiva de datos en los sistemas de verificación de edad.
Incluso si una ley logra superar el debate jurídico, queda otra interrogante: ¿Es técnicamente posible impedir que los menores usen redes sociales?
La respuesta corta de Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la EPN: no se puede impedir completamente. La única forma de bloquear totalmente el acceso sería eliminar el internet o retirar los dispositivos a los menores.
En la práctica para Benalcázar resulta inviable en una sociedad digitalizada. “Siempre existen vulnerabilidades en sistemas tecnológicos. Tarde o temprano alguien encuentra la forma de explotarlas”. Los adolescentes pueden recurrir a herramientas como redes privadas virtuales (VPN). Estas permiten simular que el usuario se conecta desde otro país donde no existen las mismas limitaciones.
Las herramientas de inteligencia artificial también facilitan formas de sortear esos controles. Esto no significa que la verificación de edad sea imposible. Hay tecnologías capaces de hacerlo con bastante precisión, asegura el experto. Hay sistemas que combinan identidad digital con reconocimiento biométrico, o herramientas que estiman la edad a partir del análisis del rostro.
Pero, implementar estos sistemas implica desafíos. Se requiere coordinación directa entre tres actores: plataformas digitales, proveedores de identidad digital y sistemas de verificación biométrica. Todos deben garantizar que los datos personales de los menores estén protegidos.
El desafío también es político y económico. La Unión Europea tiene un mercado digital grande y puede presionar a empresas globales a cumplir nuevas reglas. En el caso de países pequeños como Ecuador enfrentan más dificultades para exigir cambios. “Eso puede limitar la capacidad real de obligar a las plataformas a implementar ciertos sistemas”.
Los menores de edad corren riesgos al usar redes social sin control actualmente en Ecuador. Foto: Freepik
Para Enrique Santos, director de la carrera de Psicología de la UTE, el debate no puede reducirse a prohibiciones. Hay que considerar desigualdades territoriales, de clase y de género, y actuar sobre el diseño de las plataformas y el acompañamiento social.
Advierte que las experiencias son muy distintas según el contexto. “Una chica de clase media en Quito, un chico de una comunidad rural en Chimborazo o un adolescente de un barrio periférico de Guayaquil tienen experiencias digitales muy distintas.” Por eso prefiere hablar de redes sociodigitales, porque el espacio digital funciona como un nuevo espacio público que no es neutro ni homogéneo.
Problemas como ciberacoso, presión social y exposición a contenido inapropiado son, según Santos, más frecuentes de lo que se piensa. El uso intensivo de las redes sociales está asociado a deterioro continuo de la salud mental adolescente. Pero subraya que el impacto es desigual: más severo en chicas y más visible en sectores con menor acompañamiento adulto. Hablar de Generación Z como un bloque homogéneo es un error: hay muchas ‘gen Z’, según dónde y cómo crece.
El uso intensivo de redes altera procesos emocionales que requieren tiempo para madurar. Las plataformas ofrecen gratificación inmediata y exponen identidades al juicio público. También a la comparación con influencers que no siempre reflejan el entorno familiar o cultural del adolescente.
Desde la neurobiología, cada notificación activa el sistema de recompensa (dopamina) y estudios de neuroimagen muestran patrones de activación comparables a los observados en adicciones. Aunque, el daño no es igual para todos: lo modulan el género, el entorno familiar y el nivel socioeconómico.
Fijar los 15 años como límite de acceso a redes es razonable, aunque arbitrario, para Santos. La corteza prefrontal, responsable del control de impulsos, sigue en desarrollo hasta los 25 años, y a los 15 está en pleno proceso. Pero, insiste, el límite importa menos que el contexto. Un joven de 14 con buenos referentes y formación crítica puede estar mejor preparado que uno de 16 sin esos apoyos. Esos referentes dependen del capital cultural familiar, del territorio y del tipo de escuela.
Santos cree que el riesgo más serio de la prohibición sin acompañamiento es la evasión y uso clandestino y más vulnerabilidad. Un adolescente decidido a acceder a redes encontrará la manera; lo que cambia es el contexto: uso a escondidas y sin adultos cerca. Esa clandestinidad agrava la desigualdad: los jóvenes más vulnerables tienen menos redes de contención si algo sale mal. Una prohibición sin soporte diferenciado puede perjudicar más a quienes ya están en desventaja social y psicológica.
El acompañamiento parental es central, pero muchos padres están desbordados o poco alfabetizados digitalmente. La calidad del acompañamiento varía según nivel educativo, tiempo disponible y recursos económicos. Santos puntualiza en la combinación dañina de sobreprotección en el mundo físico y desprotección en el digital. El psicólogo aclara que ese diagnóstico aplica sobre todo a clases medias urbanas; en contextos de mayor precariedad el problema es la ausencia de protección.
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La propuesta de la asambleísta oficialista, Katherine Pacheco, plantea prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años. La iniciativa obligaría a plataformas digitales a implementar mecanismos para verificar la edad del usuario. Y prevé multas para firmas que permitan que menores creen cuentas.
El debate que abre esta propuesta va mucho más allá de una regulación tecnológica. La pregunta de fondo: ¿Es viable limitar en la práctica el acceso de niños y adolescentes a uno de sus espacios de interacción digital?
¿Por qué prohibir redes sociales en Ecuador?
Entre los motivos que la posible reforma expone está que siete de cada diez niños, niñas y adolescentes usan redes sociales como TikTok y WhatsApp. Esto aumenta su exposición a riesgos en el entorno digital, entre ellos: ciberacoso, suplantación de identidad, hackeo y acoso o abuso sexual.
Los datos disponibles muestran que estos problemas no son marginales. Entre 2014 y 2024 se registraron 1 584 denuncias de grooming en Ecuador. En tanto, tres de cada diez niños y adolescentes sufrieron algún tipo de agresión digital, según un informe de ChildFund con datos de la Fiscalía. Para la legisladora, el país enfrenta un problema de protección infantil en el entorno digital y su abordaje es insuficiente en la actual legislación.
Redes de ocio vs. plataformas educativas
La propuesta de reforma parte de una premisa: no todas las plataformas digitales cumplen el mismo papel en la vida de los menores. El problema no es el acceso a internet, sino el tipo de espacios en los que participan. Por eso, la asambleísta Katherine Pacheco diferencia entre plataformas de entretenimiento masivo y aplicaciones con fines educativos o de aprendizaje.
En la primera categoría ubica a TikTok, Instagram, Snapchat o Facebook, donde -según sostiene- los menores crean perfiles y los algoritmos promueven interacción con desconocidos. Esto los expone a contactos fuera de su entorno. En cambio, su propuesta excluye de la restricción a aplicaciones pedagógicas como Google Classroom, Khan Academy, Duolingo o Scratch. Funcionan con más control.
La iniciativa, además, traslada parte de la responsabilidad a las empresas tecnológicas. La protección de menores ha recaído principalmente en las familias y docentes, mientras las plataformas continúan ampliando su base de usuarios más jóvenes. Por eso plantea que las empresas implementen mecanismos reales de verificación de edad, similares a los que usan sistemas financieros o aplicaciones de pago. “Si las plataformas tienen tecnología para segmentar publicidad con precisión milimétrica, también pueden usarla para verificar la edad de sus usuarios”, afirma.
La reforma plantea multas a las plataformas digitales que permiten acceso a menores. Foto: Freepik
Debate legal: derechos digitales y protección infantil
“Así como no permitimos que un niño compre alcohol o conduzca un vehículo, tampoco podemos permitir que tenga acceso sin límites a redes que lo exponen a depredadores o a contenidos perjudiciales”. De esta manera, Pacheco insiste en que la propuesta no vulnera derechos.
Carolina Sacoto, investigadora de la UTPL, confirma que los Estados sí pueden establecer límites de edad para acceder a servicios digitales. Sobre todo cuando se trata de proteger a grupos vulnerables como los menores. Pero advierte que una prohibición amplia puede entrar en tensión con derechos constitucionales. Cita: la libertad de expresión, derecho de acceso a la información y derecho de participación en la vida social y cultural. Esto también se ejerce en entornos digitales.
Las redes sociales, explica la experta, son espacios centrales de comunicación pública y en muchos casos funcionan como foros contemporáneos de expresión. Por eso alerta que cualquier restricción debe ser diseñada con cuidado para que no termine limitando de forma desproporcionada sus derechos.
Un ejemplo de esa tensión se observó en EE.UU. Un juez federal suspendió una ley de Florida que prohibía a menores tener cuentas en redes sociales, para no vulnerar su libertad de expresión. Esto no significa que la regulación sea imposible. La clave, según Sacoto, está en que las medidas sean proporcionales, técnicamente viables y respetuosas de otros derechos fundamentales. Además de evitar nuevos riesgos, como recopilación excesiva de datos en los sistemas de verificación de edad.
El desafío tecnológico de verificar la edad
Incluso si una ley logra superar el debate jurídico, queda otra interrogante: ¿Es técnicamente posible impedir que los menores usen redes sociales?
La respuesta corta de Marco Benalcázar, director del Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la EPN: no se puede impedir completamente. La única forma de bloquear totalmente el acceso sería eliminar el internet o retirar los dispositivos a los menores.
En la práctica para Benalcázar resulta inviable en una sociedad digitalizada. “Siempre existen vulnerabilidades en sistemas tecnológicos. Tarde o temprano alguien encuentra la forma de explotarlas”. Los adolescentes pueden recurrir a herramientas como redes privadas virtuales (VPN). Estas permiten simular que el usuario se conecta desde otro país donde no existen las mismas limitaciones.
Las herramientas de inteligencia artificial también facilitan formas de sortear esos controles. Esto no significa que la verificación de edad sea imposible. Hay tecnologías capaces de hacerlo con bastante precisión, asegura el experto. Hay sistemas que combinan identidad digital con reconocimiento biométrico, o herramientas que estiman la edad a partir del análisis del rostro.
Pero, implementar estos sistemas implica desafíos. Se requiere coordinación directa entre tres actores: plataformas digitales, proveedores de identidad digital y sistemas de verificación biométrica. Todos deben garantizar que los datos personales de los menores estén protegidos.
El desafío también es político y económico. La Unión Europea tiene un mercado digital grande y puede presionar a empresas globales a cumplir nuevas reglas. En el caso de países pequeños como Ecuador enfrentan más dificultades para exigir cambios. “Eso puede limitar la capacidad real de obligar a las plataformas a implementar ciertos sistemas”.
Los menores de edad corren riesgos al usar redes social sin control actualmente en Ecuador. Foto: Freepik
Redes sociodigitales y desigualdades
Para Enrique Santos, director de la carrera de Psicología de la UTE, el debate no puede reducirse a prohibiciones. Hay que considerar desigualdades territoriales, de clase y de género, y actuar sobre el diseño de las plataformas y el acompañamiento social.
Advierte que las experiencias son muy distintas según el contexto. “Una chica de clase media en Quito, un chico de una comunidad rural en Chimborazo o un adolescente de un barrio periférico de Guayaquil tienen experiencias digitales muy distintas.” Por eso prefiere hablar de redes sociodigitales, porque el espacio digital funciona como un nuevo espacio público que no es neutro ni homogéneo.
Problemas como ciberacoso, presión social y exposición a contenido inapropiado son, según Santos, más frecuentes de lo que se piensa. El uso intensivo de las redes sociales está asociado a deterioro continuo de la salud mental adolescente. Pero subraya que el impacto es desigual: más severo en chicas y más visible en sectores con menor acompañamiento adulto. Hablar de Generación Z como un bloque homogéneo es un error: hay muchas ‘gen Z’, según dónde y cómo crece.
Impacto en el desarrollo emocional adolescente
El uso intensivo de redes altera procesos emocionales que requieren tiempo para madurar. Las plataformas ofrecen gratificación inmediata y exponen identidades al juicio público. También a la comparación con influencers que no siempre reflejan el entorno familiar o cultural del adolescente.
Desde la neurobiología, cada notificación activa el sistema de recompensa (dopamina) y estudios de neuroimagen muestran patrones de activación comparables a los observados en adicciones. Aunque, el daño no es igual para todos: lo modulan el género, el entorno familiar y el nivel socioeconómico.
¿Por qué fijar el límite en menos de 15 años?
Fijar los 15 años como límite de acceso a redes es razonable, aunque arbitrario, para Santos. La corteza prefrontal, responsable del control de impulsos, sigue en desarrollo hasta los 25 años, y a los 15 está en pleno proceso. Pero, insiste, el límite importa menos que el contexto. Un joven de 14 con buenos referentes y formación crítica puede estar mejor preparado que uno de 16 sin esos apoyos. Esos referentes dependen del capital cultural familiar, del territorio y del tipo de escuela.
Prohibición, evasión y desigualdad
Santos cree que el riesgo más serio de la prohibición sin acompañamiento es la evasión y uso clandestino y más vulnerabilidad. Un adolescente decidido a acceder a redes encontrará la manera; lo que cambia es el contexto: uso a escondidas y sin adultos cerca. Esa clandestinidad agrava la desigualdad: los jóvenes más vulnerables tienen menos redes de contención si algo sale mal. Una prohibición sin soporte diferenciado puede perjudicar más a quienes ya están en desventaja social y psicológica.
El papel de las familias y el acompañamiento adulto
El acompañamiento parental es central, pero muchos padres están desbordados o poco alfabetizados digitalmente. La calidad del acompañamiento varía según nivel educativo, tiempo disponible y recursos económicos. Santos puntualiza en la combinación dañina de sobreprotección en el mundo físico y desprotección en el digital. El psicólogo aclara que ese diagnóstico aplica sobre todo a clases medias urbanas; en contextos de mayor precariedad el problema es la ausencia de protección.
- Enlace externo: Restricción del uso de redes sociales según la edad
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