¿En qué quedó la investigación por los carteles de odio en Ciudad del Este?

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Tereza Fretes Alonso

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La aparición de los carteles de odio había generado un escándalo social y una airada reacción de los trabajadores de la zona céntrica de esta capital departamental, a metros de la cabecera del Puente de la Amistad, que une Paraguay con Brasil.

En las imágenes, que fueron divulgadas en pantallas LED gigantes y tótems LED, se podía ver al expresidente brasileño Jair Bolsonaro sometiendo a golpes a una persona con la remera albirroja. Además, se hacía alarde de una supuesta supremacía deportiva, diplomática y económica.

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Las cartelerías instaladas en dicho espacio, de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), son explotadas por dos empresas privadas: Fast Print y Publimix. Representantes de ambas firmas denunciaron ante la Fiscalía el hackeo de sus sistemas, deslindando así responsabilidad por la divulgación de los carteles de odio.

La investigación quedó a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, quien explicó que realizó varias diligencias. Entre ellas, tomó declaración a los responsables de la empresa Publimix. Durante la misma, afirmaron que el sistema de difusión mediante los carteles fue vulnerado.

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“Explicaron que, al estar cerca de los carteles, se pudo haber ingresado un código universal para acceder al sistema. Relataron que, cuando fueron avisados, intentaron ingresar a su sistema para borrar el contenido y no pudieron”, expresó el fiscal Zaracho.

Los responsables de la firma accedieron a entregar las computadoras y procesadores que utilizaban para el manejo de los carteles. Estos equipos serán remitidos a Asunción para su peritaje, a cargo de especialistas en delitos informáticos.

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Los responsables de la empresa Fast Print aún están pendientes de prestar declaración ante la Fiscalía. Estos también deberán entregar los equipos informáticos para el peritaje correspondiente.

Según el fiscal, de confirmarse el hackeo, la investigación se enfocará en el rastreo de las direcciones IP de los equipos informáticos, a fin de identificar a los responsables.

Investigación por destrucción de los carteles​

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) retiró los carteles, tras el escándalo con las imágenes con mensa de odio.

La aparición de los carteles de odio generó una airada reacción de los trabajadores de la zona comercial de Ciudad del Este. Como hacía dos horas que estaban exhibidos tanto en las gigantografías como en los tótems LED, los trabajadores derribaron algunos y los destruyeron.

En el lugar incluso se desataron incidentes con empleados de las citadas firmas, quienes intentaron impedir la destrucción. Estos denunciaron el hecho ante la Fiscalía, y la investigación por daños y perjuicios está a cargo del fiscal Luis Trinidad; es decir, es una causa distinta a la investigación por el supuesto hackeo.

Como se trata de hechos de acción privada, esta causa podría ser desestimada por el Ministerio Público.

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