«Esta idea de Costa Rica como uno de los países bastiones del Estado de Derecho y de la institucionalidad está en entredicho»

[Vinicio Chacón Soto]

Por segunda vez en menos de un año visitó el país la abogada peruana Úrsula Indacochea, especialista en derecho constitucional y derechos humanos que dirige desde 2015 el Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso.

«Nosotros monitoreamos la situación de los sistemas de justicia en América Latina, realizamos análisis técnico de iniciativas de reforma judicial, nos pronunciamos en defensa de jueces y fiscales cuando están bajo ataque, producimos conocimiento e impulsamos el desarrollo de los estándares internacionales», explicó.

En octubre pasado UNIVERSIDAD tuvo oportunidad de entrevistarle y en ese momento hablamos de cómo los ataques políticos hacia figuras del Poder Judicial pueden ser una antesala a una campaña de buscar cambios profundos desde el propósito del Poder Ejecutivo de meter mano y controlar el Judicial. Desde la perspectiva de su trabajo ¿cómo considera que ha evolucionado ese proceso? Ya tuvimos una agresión a una jueza de Ejecución de la Pena y esta semana el Ministro de Justicia presentó denuncia contra el Fiscal General y otros 32 fiscales por supuesto incumplimiento de deberes.

La situación en Costa Rica ha evolucionado negativamente. Lo que conversábamos hace unos meses sobre los ataques básicamente mediáticos y en redes sociales que vienen desde los actores políticos a los jueces, a los fiscales, tienen como objetivo generar un clima de descontento, de desconfianza hacia el sistema judicial. Y aunque ese fenómeno se mantiene, yo veo un empeoramiento y un endurecimiento de esos ataques. Por ejemplo, que un actor político pida la renuncia del Fiscal, del Presidente de la Sala Constitucional, del Presidente de la Corte y que aparezcan vallas con los rostros de estas personas, es una práctica que hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, con el presidente Noboa hace no mucho, que antes no se estaba viendo en Costa Rica.

Pero ya cuando empiezan a aumentar los niveles de violencia física contra los operadores, esa violencia normalmente está asociada al crimen organizado; pero el Estado que debería proteger a los jueces, no lo hace para luego poder justificar medidas como jueces sin rostro, por ejemplo. Diciendo, bueno, si queremos que los jueces puedan combatir el crimen organizado, necesitamos proteger su identidad para que no sufran estos ataques y, por lo tanto, apoyamos e impulsamos este tipo de medidas que ya hace más de casi 25 años han sido proscritas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, estos ataques jurídicos, el usar las denuncias, es un fenómeno que también hemos visto mucho y de manera muy extendida en Guatemala. Tiene un nombre, se llama criminalización y puede ser definida como el uso del derecho penal para perseguir a operadores de justicia independientes, personas defensoras, periodistas y, en general, voces críticas a los poderes que están en los cargos.

Llama mucho la atención en El Salvador el reciente tema de los juicios colectivos, cuesta entender cómo se puede condenar a alguien sin individualizarle en la exposición de las pruebas. ¿Hasta qué punto las políticas de Bukele se han expandido y han influenciado a otros países, porque no solo Costa Rica está teniendo fantasías con su propio Cecot?.

Hay que diferenciar las reglas procesales para juzgar a las personas que son acusadas de pertenecer a pandillas o de haber realizado actos violentos o calificados como tales; del régimen penitenciario. Respecto de lo primero, el tema de los juicios masivos, efectivamente, es un problema, porque aunque el carácter colectivo de las actividades que puede realizar una pandilla es un elemento de contexto muy importante y además para entender cómo funciona, cómo opera, la extensión, los contactos, el financiamiento de la organización criminal; la responsabilidad penal siempre debe ser individual. Entonces, el problema que tienen los juicios masivos, además de que no se individualiza ese análisis, es que se pone a las personas dentro de categorías, sin analizar específicamente cuál fue su rol y participación en determinados actos, que pueden haber sido reales pero que requieren diferenciar niveles de responsabilidad.

Sobre la expansión del modelo penitenciario de Bukele, creo que allí ha habido un hito importante con el lanzamiento del informe del Grupo Internacional de Personas Expertas (Gipes), elaborado por personas expertas en Derecho Penal Internacional que se lanzó a fines de marzo de este año en Guatemala, en el marco de las audiencias de la CIDH y también en Ginebra, en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Este informe ha revisado testimonios, información documentada por organizaciones civiles salvadoreñas e internacionales y ha concluido que existen elementos razonables para pensar que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y esa categoría es importante porque los actos que califiquen como tales no prescriben y pueden generar una responsabilidad personal del presidente Bukele y del entorno que haya estado involucrado que puede ser juzgada por cualquier país en cualquier momento. Entonces, yo creo que ese informe ha marcado también un cambio de narrativa y ha detenido un poco la expansión del modelo a otros países, porque el costo que puede tener a nivel personal de los líderes políticos que implementen esas medidas puede ser altísimo.

Creo que eso no lo ha detenido, la reacción más bien del gobierno de Bukele ha sido aprobar la pena de muerte para delitos de terrorismo, incluso aplicable a menores de edad. Pero sí creo que está mostrando un poco el lado B de esa política. Incluso ha habido un reciente reportaje de El Faro sobre fosas clandestinas dentro de las cárceles, lo cual empeoraría aún más la situación.

¿Cómo valora la intromisión de Estados Unidos con la medida de cancelación de visas a algunas personas, como magistrados de la Sala Constitucional?

Creo que es un tema delicado, por lo que sé hasta ahora no están claras las razones de las cancelaciones de las visas y no podemos descartar que haya sido una gestión política del gobierno de Costa Rica, pero tampoco podemos asumirlo así, a secas.

Todos los gobiernos tienen la posibilidad de retirar los visados básicamente en base a criterios discrecionales, pero sí llama mucho la atención que sea a jueces y que en el caso de Costa Rica, es el país de América Latina que más de este tipo de situaciones ha tenido últimamente.

El otro caso es el caso de Brasil, donde se retiraron las visas a un magistrado de la Corte que era ponente de un caso importante, creo que era el de Bolsonaro, me parece. Entonces sí llama mucho la atención. Muchas veces los estados, incluyendo los Estados Unidos, han utilizado el retiro de visas como una sanción más bien para mostrar su rechazo a actores antidemocráticos, como por ejemplo Consuelo Porras (exfiscal general) en Guatemala.

Entonces, no necesariamente estoy en contra de ese instrumento, pero sí me parece que es un tema que tiene que verse con mucho cuidado.

Quería retomar la idea del avance de un autoritarismo disfrazado de democracia, en el caso de Costa Rica, explícitamente Rodrigo Chaves hablaba que no tenía por qué respetar la institucionalidad. ¿Desde su punto de vista cuáles son las causas que se observan para que ese modelo de autoritarismo en democracia avance en este país, y hacia dónde vamos?

Una de las principales características de este fenómeno del autoritarismo en democracia es la utilización de los procedimientos, los mecanismos y las instituciones de la democracia, pero para fines antidemocráticos. El tema es que las instituciones no se sostienen por sí mismas, solo por existir. Hay personas que forman parte de las instituciones y que hacen carrera, tienen una trayectoria, tienen una formación y todos esos pequeños pasos son los que hacen que las instituciones sean fuertes y también que la ciudadanía participe de ellas, que las esté desafiando constantemente para que sean efectivas, para que les den cuentas, para mejorarlas.

Por eso creo que una de las estrategias que utiliza el poder en debilitar las instituciones es también debilitar a la sociedad civil organizada, a las asociaciones, think tanks, todos los espacios organizados, las universidades, que más que el individuo, son los que están continuamente utilizando o monitoreando una institución. Entonces, no se puede perder de vista ese aspecto.

En el caso de Costa Rica todavía existe una institucionalidad. El poder puede decidir destruirla o puede decidir utilizarla, coptándola por personas no cualificadas o que tienen motivaciones que son distintas o son políticas de corto plazo, básicamente. Yo creo que la diferencia está ahí, que las personas que están dentro de las instituciones tienen una vocación de largo plazo de servicio público y otras que solamente tienen intereses coyunturales.

Costa Rica ha sufrido un deterioro muy grande, pero todavía está resistiendo.

¿Cuáles cambios son más apremiantes para reformar el Poder Judicial?

Hay dos principales. El primero, que quizás no es tan inmediato, pero es bien importante, es la elección del Fiscal General. El proceso debería empezar a fines de este año. Yo monitoreé la elección pasada como parte de un panel de expertos y uno de los principales problemas fue que no había un cronograma. Eso hizo que el proceso se tardara casi un año. Es inédito que un proceso de selección se tarde tanto. En el medio se cruzaron las elecciones presidenciales y de alguna forma la Corte esperó a saber cuál era el resultado de la elección para poder decidir quién iba a ser el fiscal.

Pero en un contexto en el que ya se están presentando denuncias contra fiscales, que se está empezando a criminalizar a ciertos operadores, la criminalización solo es posible si se tiene control del Fiscal General. Entonces, si se pierde esa elección a manos de personajes autoritarios y corruptos, el futuro no pinta muy claro.

Lo segundo es el tema de las suplencias de la Corte Suprema y cómo la Asamblea (Legislativa) ha logrado paralizar a la Sala Constitucional al demorar estos nombramientos en suplencias. Porque no solamente es carga que se acumula, sino que en la práctica se está privando a los ciudadanos de una instancia que es la que protege sus derechos finalmente.

Es la que le va a levantar el fuero a altos funcionarios corruptos, es la que va a resolver las inconstitucionalidades de leyes regresivas. Por ejemplo, no hay en Costa Rica todavía una ley parecida a la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador o a la Ley APCI en Perú, que son leyes que buscan controlar a la sociedad civil. Pero cuando la haya, ¿quién va a resolver la inconstitucionalidad, si basta con recusar a un par de magistrados para que no puedan reunir el quórum para votar?

Entonces, esa forma de parálisis tiene que resolverse y lo que yo veo es que la Asamblea Legislativa no está dando ni siquiera una motivación de por qué no está aprobando a las personas que se le están presentando. Ese es un tema que nosotros vamos a levantar sin duda internacionalmente.

Esas dos cosas creo que serían las más urgentes, y una tercera, quizás, mejorar el mecanismo de elección de magistraturas, que eso es un pendiente histórico de Costa Rica.

Pienso un poco, por ejemplo, en El Salvador y en la Sala de lo Constitucional, que aunque no está paralizada, está capturada. Nuestros análisis mostraron que esa Sala rechaza más del 90% de los habeas corpus que presentan las personas detenidas por el régimen de excepción.

Algunos de esos casos son de desaparición forzada, donde la Sala debería no solamente acoger, sino tomar un rol activo para ordenar que se encuentren esas personas. Entonces, no sirve de mucho tener un órgano, si en la práctica los recursos son rechazados. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica, de alguna forma con otra modalidad, pero se está poniendo en suspenso la protección de derechos al paralizar a la Sala.

Creo que esta idea de Costa Rica como uno de los países bastiones del Estado de Derecho y de la institucionalidad está en entredicho. Creo que está en un momento en que merece la atención de la comunidad internacional.

No es el país que está en la peor situación, pero es un país en el que todavía se puede tomar medidas y poner el freno de mano para evitar que haya un desboque antidemocrático. Creo que debe exigirse a los organismos internacionales, a las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado, a la CIDH, que presten atención prioritaria a este país.

¿Qué forma tendría ese desboque antidemocrático?

Una afectación ya del equilibrio de poderes, cuando el partido que tiene el gobierno en el Ejecutivo logre una mayoría calificada en la Asamblea y empiecen a aprobarse reformas regresivas en materia de espacios cívicos, en materia de independencia judicial.







La entrada «Esta idea de Costa Rica como uno de los países bastiones del Estado de Derecho y de la institucionalidad está en entredicho» aparece primero en Semanario Universidad.

Sigue leyendo...