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Gladys Rivadeneira
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Yasunidos y otras organizaciones demandarán la inconstitucionalidad contra la ley urgente de minería y energía, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de económico urgente y aprobada este jueves 26 de febrero de 2026 por la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea. La Conaie y FOA también expresaron su desacuerdo.
Tras la aprobación de la ley urgente de minería y energía con 77 votos en la Asamblea este jueves, Yasunidos y otras organizaciones sociales y ambientales anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la normativa ante la Corte Constitucional.
Al rechazo a la ley enviada por el presidente Daniel Noboa también se suman la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Le puede interesar: Asamblea aprueba la ley urgente de minería y energía este 26 de febrero de 2026 en Guayas
La organización ambientalista Yasunidos rechazó “de manera categórica” la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía por “reconfigurar el rumbo del país en torno a un modelo extractivo que profundiza la dependencia minera y energética”.
Yasunidos manifestó que la ley no es un “ajuste técnico”: es una decisión política que pretende blindar y acelerar la expansión de actividades de alto impacto bajo tres argumentos:
Esto, “priorizando la rentabilidad de las élites económicas por sobre los derechos”.
La ley impliica más presión y riesgo para los pueblos y comunicados y un retroceso constitucional sobre la protección de la naturaleza.
Aunque la ley y el debate buscan sostener que la propuesta no afectaría derechos colectivos como la consulta previa y citaba discursos sobre “licencia social” y el Acuerdo de Escazú, esto no reemplaza las garantías y normativas, señaló el coletivo.
Más noticias: Asamblea debate ley urgente para minería y energía en medio de cuestionamientos ambientales
“Cuando una ley “fortalece” sectores estratégicos en clave de inversión y control, pero no eleva los candados ambientales y de participación al mismo nivel que los incentivos y facilidades, lo que hace es desbalancear el sistema: abre la puerta a decisiones aceleradas, menos escrutinio ciudadano y mayor conflictividad, justamente el caldo de cultivo de la ilegalidad que dice combatir”, señaló.
Yasunidos también argumentó que no existió un debate democrático amplio, transparente y con participación real de territorios y sociedad civil.
Por ello presentarán, de inmediato, de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, en defensa de los derechos de la Naturaleza y los derechos colectivos.
Información extra: Demanda de inconstitucionalidad
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Ley urgente de minería y energía: Yasunidos y otras organizaciones demandarán la inconstitucionalidadad
Tras la aprobación de la ley urgente de minería y energía con 77 votos en la Asamblea este jueves, Yasunidos y otras organizaciones sociales y ambientales anunciaron que demandarán la inconstitucionalidad de la normativa ante la Corte Constitucional.
Al rechazo a la ley enviada por el presidente Daniel Noboa también se suman la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Le puede interesar: Asamblea aprueba la ley urgente de minería y energía este 26 de febrero de 2026 en Guayas
Los argumentos de Yasunidos para demandar la inconstitucionalidad de la ley urgente de minería y energía
La organización ambientalista Yasunidos rechazó “de manera categórica” la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía por “reconfigurar el rumbo del país en torno a un modelo extractivo que profundiza la dependencia minera y energética”.
Yasunidos manifestó que la ley no es un “ajuste técnico”: es una decisión política que pretende blindar y acelerar la expansión de actividades de alto impacto bajo tres argumentos:
- Eficiencia económica
- Sostenibilidad ambiental
- Seguridad jurídica
Esto, “priorizando la rentabilidad de las élites económicas por sobre los derechos”.
La ley impliica más presión y riesgo para los pueblos y comunicados y un retroceso constitucional sobre la protección de la naturaleza.
Garantías normativas
Aunque la ley y el debate buscan sostener que la propuesta no afectaría derechos colectivos como la consulta previa y citaba discursos sobre “licencia social” y el Acuerdo de Escazú, esto no reemplaza las garantías y normativas, señaló el coletivo.
Más noticias: Asamblea debate ley urgente para minería y energía en medio de cuestionamientos ambientales
“Cuando una ley “fortalece” sectores estratégicos en clave de inversión y control, pero no eleva los candados ambientales y de participación al mismo nivel que los incentivos y facilidades, lo que hace es desbalancear el sistema: abre la puerta a decisiones aceleradas, menos escrutinio ciudadano y mayor conflictividad, justamente el caldo de cultivo de la ilegalidad que dice combatir”, señaló.
Debate y demanda de inconstitucionalidad
Yasunidos también argumentó que no existió un debate democrático amplio, transparente y con participación real de territorios y sociedad civil.
Por ello presentarán, de inmediato, de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, en defensa de los derechos de la Naturaleza y los derechos colectivos.
Información extra: Demanda de inconstitucionalidad
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