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Rosio Flores
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En Cochabamba, el Seguro Único de Salud (SUS) no está cumpliendo con una atención oportuna y completa a mujeres en estado de extrema vulnerabilidad, lo que atenta contra sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad. Así lo denunció la Fundación Voces Libres de Cochabamba.
La institución conoció tres casos en las últimas semanas y presentó dos cartas, al presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, y a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, detallando los mismos como una evidencia del incumplimiento sistemático del SUS.
En uno de los casos, la víctima, Isabel, de 30 años de edad, madre de dos niños, fue atacada brutalmente por su expareja el 8 de marzo de 2026.
El agresor le fracturó la tibia de una pierna. Fue llevada al Hospital del Sur. La atendieron y le dijeron que necesita una placa de titanio T4 para unir los huesos que cuesta Bs 4.600.
El SUS respondió que no cuenta con la placa. La víctima es una mujer que se dedicaba al lavado de autos junto a su mamá y no cuenta con esa suma. Por lo tanto, no la operaron y le dieron de alta con cuatro tabletas de ibuprofeno que no calmaban los intensos dolores por la fractura.
Otro caso es el de Aurora, de 32 años. La mujer es viuda y mamá de dos niños que soporta dolores terribles desde hace cuatro años, cuando fue diagnosticada con un tumor en el tobillo que le causa inflamación crónica y que puede derivar en una amputación.
“Ella cuida un terreno, no puede estar en pie más que unos minutos para trabajar lavando ropa ajena o haciendo gelatinas para vender. Ni siquiera puede acompañar a sus hijos a la escuela por el dolor. Fue atendida en el Hospital Viedma, pero tampoco ha sido operada porque no tiene dinero para cubrir el costo de la placa, los tornillos y la resina especial que deben ponerle tras la extirpación del tumor y raspaje del hueso (30.000 Bs.)”, detalla una nota de Voces Libres.
Gina (nombre ficticio), una mujer de 40 años, casi murió tras el ataque de su pareja. El 20 de febrero de 2026, el hombre le prendió fuego. El 60% de su cuerpo tiene quemaduras de segundo y tercer grado.
Por casi dos semanas estuvo en terapia intensiva y ahora está en sala normal. Los médicos pidieron una amplia lista de medicamentos. En la farmacia del hospital Viedma le dijeron a la familia de la víctima que los medicamentos se acaban y que debían comprar. La familia, con préstamos y con el apoyo de Voces Libres, ya gastó Bs 13.775 Incluso les pidieron para la compra de guantes.
La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, explicó que, en 2025, en diferentes reuniones de la Mesa Departamental de Lucha contra la Violencia de Cochabamba, se convocó a funcionarios representantes del SUS y ellos afirmaron que el seguro cubre incluso prótesis, insumos quirúrgicos, medicamentos, pero, con estos casos, se evidenció que no es cierto.
“Es preocupante que, mientras en el discurso oficial se garantiza cobertura integral, en la práctica las mujeres deben endeudarse, mendigar o resignarse a sobrevivir con dolor para acceder a tratamientos básicos. Esta brecha entre norma y realidad no solo debilita la credibilidad institucional, sino que reproduce la violencia desde el propio sistema público”, sostuvo.
Cortez opinó que el Estado no puede seguir fallando a quienes más lo necesitan. “La vida y la dignidad de las mujeres no pueden depender de su capacidad económica ni de la buena voluntad de terceros”.
Consideró que una completa atención en salud a víctimas de violencia debe ser una prioridad por la situación de indefensión en la que se encuentran.
“Muchas víctimas no tienen recursos. Y, al trauma de vivir violencia extrema, se suma el tener que enfrentar un sistema de salud que no tiene empatía ni recursos para ayudarlas. Tampoco de resolver sus diagnósticos”, declaró.
Consultada sobre porqué los agresores no pagan los gastos hospitalarios se sus víctimas, la abogada explicó que “por el principio de presunción de inocencia, no se les puede obligar a pagar sin que exista una sentencia ejecutoriada y eso demora. En primera instancia, es el sistema de salud el que debe garantizar la atención inmediata, oportuna y completa de las bolivianas en situación de extrema vulnerabilidad”, explicó.
Las cartas ingresaron a despachos el 19 de marzo en La Paz . En ellas se solicita que, a través del Ministerio de la Presidencia o del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Despatriarcalización, se pida informes al Ministerio de Salud. Y, también se supervise el cumplimiento de las funciones del SUS.
La abogada especializada en la atención de casos de violencia de género convocó a otras redes y organizaciones involucradas en la atención a mujeres y niños vulnerables a evidenciar más casos y a unirse al reclamo.
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La institución conoció tres casos en las últimas semanas y presentó dos cartas, al presidente de Bolivia Rodrigo Paz Pereira, y a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, detallando los mismos como una evidencia del incumplimiento sistemático del SUS.
En uno de los casos, la víctima, Isabel, de 30 años de edad, madre de dos niños, fue atacada brutalmente por su expareja el 8 de marzo de 2026.
El agresor le fracturó la tibia de una pierna. Fue llevada al Hospital del Sur. La atendieron y le dijeron que necesita una placa de titanio T4 para unir los huesos que cuesta Bs 4.600.
El SUS respondió que no cuenta con la placa. La víctima es una mujer que se dedicaba al lavado de autos junto a su mamá y no cuenta con esa suma. Por lo tanto, no la operaron y le dieron de alta con cuatro tabletas de ibuprofeno que no calmaban los intensos dolores por la fractura.
VULNERABILIDAD
Otro caso es el de Aurora, de 32 años. La mujer es viuda y mamá de dos niños que soporta dolores terribles desde hace cuatro años, cuando fue diagnosticada con un tumor en el tobillo que le causa inflamación crónica y que puede derivar en una amputación.
“Ella cuida un terreno, no puede estar en pie más que unos minutos para trabajar lavando ropa ajena o haciendo gelatinas para vender. Ni siquiera puede acompañar a sus hijos a la escuela por el dolor. Fue atendida en el Hospital Viedma, pero tampoco ha sido operada porque no tiene dinero para cubrir el costo de la placa, los tornillos y la resina especial que deben ponerle tras la extirpación del tumor y raspaje del hueso (30.000 Bs.)”, detalla una nota de Voces Libres.
TENTATIVA DE FEMINCIIDIO
Gina (nombre ficticio), una mujer de 40 años, casi murió tras el ataque de su pareja. El 20 de febrero de 2026, el hombre le prendió fuego. El 60% de su cuerpo tiene quemaduras de segundo y tercer grado.
Por casi dos semanas estuvo en terapia intensiva y ahora está en sala normal. Los médicos pidieron una amplia lista de medicamentos. En la farmacia del hospital Viedma le dijeron a la familia de la víctima que los medicamentos se acaban y que debían comprar. La familia, con préstamos y con el apoyo de Voces Libres, ya gastó Bs 13.775 Incluso les pidieron para la compra de guantes.
La coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, explicó que, en 2025, en diferentes reuniones de la Mesa Departamental de Lucha contra la Violencia de Cochabamba, se convocó a funcionarios representantes del SUS y ellos afirmaron que el seguro cubre incluso prótesis, insumos quirúrgicos, medicamentos, pero, con estos casos, se evidenció que no es cierto.
“Es preocupante que, mientras en el discurso oficial se garantiza cobertura integral, en la práctica las mujeres deben endeudarse, mendigar o resignarse a sobrevivir con dolor para acceder a tratamientos básicos. Esta brecha entre norma y realidad no solo debilita la credibilidad institucional, sino que reproduce la violencia desde el propio sistema público”, sostuvo.
VULNERACIÓN
Cortez opinó que el Estado no puede seguir fallando a quienes más lo necesitan. “La vida y la dignidad de las mujeres no pueden depender de su capacidad económica ni de la buena voluntad de terceros”.
Consideró que una completa atención en salud a víctimas de violencia debe ser una prioridad por la situación de indefensión en la que se encuentran.
“Muchas víctimas no tienen recursos. Y, al trauma de vivir violencia extrema, se suma el tener que enfrentar un sistema de salud que no tiene empatía ni recursos para ayudarlas. Tampoco de resolver sus diagnósticos”, declaró.
Consultada sobre porqué los agresores no pagan los gastos hospitalarios se sus víctimas, la abogada explicó que “por el principio de presunción de inocencia, no se les puede obligar a pagar sin que exista una sentencia ejecutoriada y eso demora. En primera instancia, es el sistema de salud el que debe garantizar la atención inmediata, oportuna y completa de las bolivianas en situación de extrema vulnerabilidad”, explicó.
Las cartas ingresaron a despachos el 19 de marzo en La Paz . En ellas se solicita que, a través del Ministerio de la Presidencia o del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Despatriarcalización, se pida informes al Ministerio de Salud. Y, también se supervise el cumplimiento de las funciones del SUS.
La abogada especializada en la atención de casos de violencia de género convocó a otras redes y organizaciones involucradas en la atención a mujeres y niños vulnerables a evidenciar más casos y a unirse al reclamo.
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