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Giovanna Alvear
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Imbabura cuenta por primera vez con datos provinciales sobre violencia de género. Warmi Imbabura presentó los resultados de la Primera Encuesta Provincial sobre Violencia Basada en Género 2025, desarrollada por la consultora Clima Social con respaldo de la Cooperación Alemana GIZ. La investigación genera una radiografía de la situación que viven las mujeres en los seis cantones.
La Prefectura organizó el evento en Ibarra y convocó a autoridades locales, academia, organizaciones sociales y ciudadanía. El espacio buscó analizar las cifras y diseñar políticas públicas que fortalezcan los sistemas de prevención, atención y reparación. El estudio aplica un enfoque interseccional para identificar violencias en contextos rurales y urbanos.
La encuesta revela que el 55,1% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica encabeza los casos con 41,7%. Luego aparecen la sexual (32,6%), la física (19,2%), la política (8,4%) y la económica (7%). Urcuquí registra el mayor porcentaje con 61,2%, seguido por Antonio Ante con 60% y Otavalo con 56,2%. La investigación visibiliza territorios rurales que antes no aparecían en estudios nacionales.
Los contextos donde ocurre la violencia son diversos. En educación, el agresor suele ser un par varón (64,6%), mientras que el 18,7% proviene del personal educativo. En el ámbito laboral, el 52,1% vivió violencia. Clientes y jefaturas concentran los mayores porcentajes con 32,6% y 20,7%, respectivamente. En el núcleo familiar, el 29,8% declaró haber vivido violencia. En los últimos doce meses, la violencia de pareja afectó a mujeres kichwas (24,3%), afrodescendientes (21%) y mestizas (19,5%). La encuesta también registró agresiones en mingas, cabildos y ferias, donde persisten la discriminación y la violencia simbólica contra mujeres indígenas y afrodescendientes.
El estudio identifica factores estructurales que profundizan la vulnerabilidad. El 83,6% no accede a seguridad social y solo el 7,6% tiene empleo formal. El 63,9% vive con ingresos bajos o medio-bajos y solo el 3,1% logra generar ahorro. El 28,2% tiene dificultades visuales, el 7,3% auditivas y el 17,9% limitaciones motrices; sin embargo, solo el 2,3% cuenta con una certificación de discapacidad. Además, el 6% padece enfermedades catastróficas.
Las autoridades y liderazgos comunitarios remarcaron la importancia del estudio. La viceprefecta Paolina Vercoutere señaló que el documento revela cifras nunca visibilizadas y que obliga a exigir responsabilidades al Gobierno central.
El prefecto Richard Calderón y la viceprefecta, Paolina Vercoutere, ratificaron su compromiso para impulsar políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género y justicia territorial.
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La Prefectura organizó el evento en Ibarra y convocó a autoridades locales, academia, organizaciones sociales y ciudadanía. El espacio buscó analizar las cifras y diseñar políticas públicas que fortalezcan los sistemas de prevención, atención y reparación. El estudio aplica un enfoque interseccional para identificar violencias en contextos rurales y urbanos.
Un panorama crítico en los cantones y espacios de convivencia
La encuesta revela que el 55,1% de las mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica encabeza los casos con 41,7%. Luego aparecen la sexual (32,6%), la física (19,2%), la política (8,4%) y la económica (7%). Urcuquí registra el mayor porcentaje con 61,2%, seguido por Antonio Ante con 60% y Otavalo con 56,2%. La investigación visibiliza territorios rurales que antes no aparecían en estudios nacionales.
Los contextos donde ocurre la violencia son diversos. En educación, el agresor suele ser un par varón (64,6%), mientras que el 18,7% proviene del personal educativo. En el ámbito laboral, el 52,1% vivió violencia. Clientes y jefaturas concentran los mayores porcentajes con 32,6% y 20,7%, respectivamente. En el núcleo familiar, el 29,8% declaró haber vivido violencia. En los últimos doce meses, la violencia de pareja afectó a mujeres kichwas (24,3%), afrodescendientes (21%) y mestizas (19,5%). La encuesta también registró agresiones en mingas, cabildos y ferias, donde persisten la discriminación y la violencia simbólica contra mujeres indígenas y afrodescendientes.
Inequidades económicas y compromisos institucionales
El estudio identifica factores estructurales que profundizan la vulnerabilidad. El 83,6% no accede a seguridad social y solo el 7,6% tiene empleo formal. El 63,9% vive con ingresos bajos o medio-bajos y solo el 3,1% logra generar ahorro. El 28,2% tiene dificultades visuales, el 7,3% auditivas y el 17,9% limitaciones motrices; sin embargo, solo el 2,3% cuenta con una certificación de discapacidad. Además, el 6% padece enfermedades catastróficas.
Las autoridades y liderazgos comunitarios remarcaron la importancia del estudio. La viceprefecta Paolina Vercoutere señaló que el documento revela cifras nunca visibilizadas y que obliga a exigir responsabilidades al Gobierno central.
El prefecto Richard Calderón y la viceprefecta, Paolina Vercoutere, ratificaron su compromiso para impulsar políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género y justicia territorial.
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