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Ignacio Ortiz Salas
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El viceministro de Egresos de Hacienda, Luis Molina, sugirió a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que se mantendrá en un puesto dentro del Ministerio de Hacienda durante la próxima administración. Lo hizo en medio de un tenso intercambio con legisladores sobre el impacto de la reforma al marchamo aprobada por la actual Asamblea Legislativa, cuyos efectos, según afirmó, se evidenciarán en la liquidación presupuestaria que presentará la Contraloría General de la República (CGR) a mediados de año. “Bueno, tal vez yo la veré, no creo que ustedes ya no van a estar”, dijo.
Aunque la audiencia fue convocada para analizar el expediente 24.724, propuesto por la entonces bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), que busca impedir aumentos en la base imponible del impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, la discusión se desplazó rápidamente del contenido del proyecto hacia un enfrentamiento más amplio entre diputados y Hacienda por el impacto fiscal de reformas recientes y el rol del Ministerio en su implementación.
Desde el inicio de su intervención, Molina dejó claro que el criterio del Ejecutivo sobre el proyecto es negativo y que, aunque la iniciativa no modifica tarifas ni crea nuevas exoneraciones, sí tendría un impacto relevante sobre los ingresos del Estado. Según dijo, una nueva estimación con datos de 2024 eleva el costo fiscal del proyecto a unos ¢8.000 millones anuales referenciando un criterio negativo supuestamente enviado por el ministerio a la comisión “desde el año pasado”. Versión que fue refutada por la presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, quien interrumpió la sesión para corroborar con el Departamento de Correspondencia Legislativa y señaló que el documento no constaba como recibido.
Uno de los principales argumentos del ministro en contra del actuar de la comisión, en específico el proyecto de ley del PLP es que beneficia a las personas de mayores ingresos al indicar que según cálculos de Hacienda contenidos en el informe no entregado a la comisión “Dos terceras partes del beneficio se las deja el 20% más rico. Menos del 1% llega a los más pobres”.
El viceministro también defendió la actuación de Hacienda tras la entrada en vigencia de la Ley 10.390, que reformó el cobro del impuesto a la propiedad de vehículos, y negó que el Ministerio esté aumentando de forma discrecional el valor fiscal de los automotores como lo sugiere el proyecto. “El Ministerio de Hacienda no define ningún monto. No define el valor CIF (Costo, Seguro y Flete), no define el valor de compra. Eso lo establecen entes de derecho privado”, sostuvo.
Fue en ese punto donde el diputado del PLP Eliecer Feinzaig, protagonizó uno de los intercambios más tensos de la sesión al cuestionar directamente la interpretación que, según él, hizo Hacienda de la ley para permitir subvaloraciones en la importación de vehículos de lujo. “Fueron ustedes los que hicieron esa manipulación interpretativa para permitir que cualquier jetas se traiga un carro de $100.000 con una factura de $7.000 y lo dejan pasar”, reclamó el legislador.
La afirmación fue rechazada por el viceministro, quien insistió en que la eliminación de las tablas mínimas de referencia fue una consecuencia directa de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa y que Hacienda carece de competencia para fijar valores de importación. No obstante, reconoció que se han detectado casos irregulares y que estos están siendo sometidos a procesos de fiscalización posterior.
El choque entre Feinzaig y el jerarca de Hacienda marcó el tono de una sesión en la que otros diputados también expresaron malestar por la aplicación de la reforma al marchamo. La diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó que el proyecto 24.724 sea catalogado como una exoneración y defendió que su objetivo es fijar una base imponible única para evitar aumentos automáticos con el paso del tiempo. “No crea una nueva rebaja, no reduce tarifa, no cambia porcentaje, no crea exoneraciones; lo que hace es fijar una base imponible una sola vez y obligar a aplicar la depreciación”, señaló, aunque reconoció que aún no tiene una posición definida sobre su voto.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, coincidió parcialmente con la lectura técnica del Ministerio sobre la ley vigente, pero lanzó fuertes cuestionamientos sobre sus efectos en el segmento de vehículos de alto valor. “Se ha permitido una evasión escandalosa con vehículos de hiperlujo, vergonzosa”, dijo, al referirse a unidades inscritas con valores muy inferiores a los de mercado tras la eliminación de las tablas mínimas de referencia, una crítica en la que coincidió con Feinzaig (PLP).
Otro de los grandes cuestionamientos surgió de la diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana (PUSC) cuestionó el enfoque de Hacienda centrado en la contención del gasto y el equilibrio financiero, y planteó que la discusión fiscal no puede reducirse únicamente a criterios de ahorro sin considerar el impacto social de las decisiones legislativas. “No todo se puede medir solo desde la lógica del ahorro. También hay que ver qué se está dejando de invertir y a quiénes se afecta cuando se toman estas decisiones”, afirmó la legisladora.
Molina respondió que el Ministerio no se opone a la inversión social, pero insistió en que esta debe ser sostenible y responsable desde el punto de vista fiscal. “La inversión social es fundamental, pero si no hay finanzas públicas sanas, esa inversión no se puede sostener en el tiempo”, señaló el viceministro, quien reiteró que, a su criterio, proyectos como el 24.724 comprometen ingresos necesarios para financiar políticas públicas, reavivando así el debate entre la prioridad del equilibrio financiero y el alcance de la política social del Estado.
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