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Gabriela Quiroz
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Cuando un dictador cae comienza la verdadera prueba política. La historia de América Latina muestra que la salida de un régimen autoritario no conduce automáticamente a la democracia. Chile (1988–1990) y República Dominicana (1961–1978) ofrecen dos experiencias distintas pero complementarias para entender por qué la transición venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025, avanza hoy bajo una lógica atípica: una transición sin elecciones inmediatas, con actores del antiguo régimen aún operando y bajo conducción externa de Estados Unidos. La pregunta central no es quién cayó, sino cómo se reorganiza el poder después. En Venezuela, ese reordenamiento está en marcha, pero no responde a los patrones clásicos de transición democrática en la región.
Venezuela enfrenta hoy un dilema estructural. Lo que está en juego no es solo el reemplazo de un liderazgo, sino la forma en que se reordena el poder político, militar, económico e institucional tras más de dos décadas de autoritarismo. Las decisiones en esta etapa inicial condicionarán por años la posibilidad de una democracia funcional. Por eso, los precedentes de Chile y República Dominicana no operan como analogías perfectas. Son útiles para entender riesgos y límites del momento venezolano.
Los hermanos Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ocupan el centro de la escena política. Sus discursos no están dirigidos a Washington ni a la oposición, sino a dos audiencias internas clave: fuerzas armadas y el núcleo duro del chavismo.
El relato de la “revolución” se mantiene en lo simbólico, pero con ajustes evidentes en lo material. Control de ingresos petroleros, reordenamiento legal y nuevos acuerdos internacionales son presentados como medidas soberanas orientadas a preservar la paz. En esa línea, Jorge Rodríguez anunció un paquete de leyes para reorganizar el marco jurídico bajo el argumento: “ordenar y modernizar” la institucionalidad.
Hoy, sin margen de negociación con aliados como Rusia, China, Irán o Cuba, el crudo venezolano vuelve a fluir hacia el mercado estadounidense bajo un esquema de control externo de los ingresos.
La escena resume la tensión central de la transición: un discurso de continuidad ideológica hacia adentro y reconfiguración pragmática del poder hacia afuera. La soberanía popular sigue suspendida y el proceso no se apoya en un marco institucional previamente acordado, sino en decisiones para evitar el colapso.
La experiencia dominicana muestra que la muerte de un dictador no equivale al fin del régimen. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años (1930–1961) mediante una estructura de represión total. Su asesinato, en mayo de 1961, eliminó al líder, pero no desmontó el aparato autoritario.
Tras su muerte, la presión social creció. Las Fuerzas Armadas impulsaron Consejos de Estado, uno de ellos encabezado por Joaquín Balaguer, antiguo vicepresidente de Trujillo, quien cumplió un rol clave: garantizó continuidad institucional sin ruptura abrupta. Historiadores lo definieron como “puente invisible” entre la dictadura y el nuevo orden. El régimen se recicló.
En diciembre de 1962, Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundado en el exilio, ganó las elecciones con casi 60% de votos. Asumió en febrero de 1963 y promulgó una Constitución liberal. Siete meses después fue derrocado por un golpe militar.
El resultado fue una regresión prolongada. Balaguer volvió al poder en 1966 e instauró una “democracia restringida” que se extendió hasta 1978. La oposición no fue eliminada, pero sí contenida. La transición democrática efectiva tardó quince años en consolidarse.
La lección dominicana: una transición puede ganarse en las urnas y perderse en los cuarteles. La legitimidad electoral no basta si el poder armado y las élites no aceptan una redistribución real del poder.
El caso chileno ofrece una trayectoria distinta. Augusto Pinochet gobernó 17 años tras el golpe de 1973. En 1980 impuso una Constitución autoritaria que, paradójicamente, contenía el mecanismo que permitiría su salida. El 5 de octubre de 1988, Pinochet convocó a un plebiscito para extender su mandato. Controlaba el aparato estatal, los medios y las fuerzas armadas, pero el “No” se impuso con el 55,99% de los votos. Las reglas creadas por la dictadura se aplicaron sin ruptura institucional.
El proceso fue posible por un marco legal claro, oposición unificada en la ‘Concertación’ y negociaciones discretas entre élites civiles y militares. La oposición aceptó transitar bajo la Constitución de 1980, con reformas posteriores, a cambio de elecciones reales. Ambas partes descartaron la confrontación violenta.
En diciembre de 1989 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias. Patricio Aylwin asumió en marzo de 1990. La transición fue ordenada, aunque dejó enclaves autoritarios. Aun así, se sostuvo sobre un principio: fue un proceso conducido por actores chilenos, reglas conocidas y ruta electoral definida.
Los estudios comparados coinciden en varios elementos comunes en transiciones exitosas:
Los casos de Chile y RD siguieron caminos distintos, pero ambas transiciones fueron endógenas. El conflicto se resolvió dentro del sistema político nacional.
En Venezuela, el proceso sigue una lógica distinta. El secretario de Estado Marco Rubio explicó la estrategia en tres fases:
Rubio ha sido explícito en que la fase inicial responde a intereses estratégicos estadounidenses, en particular sobre el uso del petróleo venezolano y la contención de adversarios geopolíticos.
Para Alfredo López, responsable jurídico de la Alianza Migrante, la transición en Venezuela no puede leerse como un salto inmediato a la democracia electoral. A su juicio, se trata de un proceso por etapas que comienza con la estabilización del país tras la salida de Nicolás Maduro. Primero hay que detener la violencia, reconstruir las estructuras básicas del Estado y garantizar seguridad jurídica, sostiene.
López advierte que la democracia no se decreta, sino que se construye, y que las experiencias de Chile y República Dominicana muestran la necesidad de consolidar instituciones antes de convocar elecciones plenamente libres. En el caso venezolano, añade, el poder real sigue en manos de estructuras armadas, lo que obliga a una transición ordenada y estratégica. Negociar con el poder no significa ignorar a las víctimas y plantea el desmontaje progresivo del autoritarismo y luego la legitimación electoral.
Desde Ecuador, Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas, subraya que la diáspora observa el proceso con cautela. Señala que la ausencia de celebraciones en las calles refleja el temor persistente y la presión que aún ejerce el chavismo. Reconoce que el futuro inmediato dependerá en buena medida de la cooperación de figuras del actual poder. No es una persona de confianza, pero estamos en manos de los acuerdos que se logren, dice sobre Delcy Rodríguez. Aun así, afirma que el anhelo de los venezolanos en el exterior es regresar y participar en la reconstrucción del país.
En Venezuela, hay una transición invertida. A diferencia de Chile o República Dominicana, Venezuela no cuenta con un marco institucional pactado, no existe un acuerdo entre élites locales y la soberanía popular está suspendida de forma explícita. El actor decisivo es un poder extranjero.
La comparación:
El economista venezolano Ricardo Hausmann, exministro y director del Growth Lab de Harvard, cuestiona la lógica de ‘estabilizar primero y democratizar después’. En un podcast de la Universidad de Georgetown, sostuvo que ninguna inversión petrolera significativa es viable sin tribunales independientes, contratos exigibles y reglas claras.
Las reservas de crudo, advierte, no valen nada hasta que se conviertan en dinero. Una transición centrada solo en la extracción, sin empoderar a los ciudadanos ni restaurar el Estado de derecho, reproduce la fragilidad institucional.
Chile y República Dominicana muestran que las transiciones no comienzan con justicia plena ni con el líder más popular, sino con acuerdos incómodos que evitan el colapso. En Venezuela, ese primer momento ya está en marcha, pero bajo una lógica inédita.
El riesgo es claro: que la fase de contención se prolongue y se convierta en un nuevo autoritarismo con otro nombre. La clave estará en no confundir estabilidad con destino final. Sin institucionalidad, elecciones y actores locales al mando, la transición seguirá siendo eso: una promesa en suspenso.
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¿Por qué la transición democrática en Venezuela importa?
Venezuela enfrenta hoy un dilema estructural. Lo que está en juego no es solo el reemplazo de un liderazgo, sino la forma en que se reordena el poder político, militar, económico e institucional tras más de dos décadas de autoritarismo. Las decisiones en esta etapa inicial condicionarán por años la posibilidad de una democracia funcional. Por eso, los precedentes de Chile y República Dominicana no operan como analogías perfectas. Son útiles para entender riesgos y límites del momento venezolano.
Los Rodríguez, el petróleo y el discurso hacia el chavismo
Los hermanos Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ocupan el centro de la escena política. Sus discursos no están dirigidos a Washington ni a la oposición, sino a dos audiencias internas clave: fuerzas armadas y el núcleo duro del chavismo.
El relato de la “revolución” se mantiene en lo simbólico, pero con ajustes evidentes en lo material. Control de ingresos petroleros, reordenamiento legal y nuevos acuerdos internacionales son presentados como medidas soberanas orientadas a preservar la paz. En esa línea, Jorge Rodríguez anunció un paquete de leyes para reorganizar el marco jurídico bajo el argumento: “ordenar y modernizar” la institucionalidad.
Hoy, sin margen de negociación con aliados como Rusia, China, Irán o Cuba, el crudo venezolano vuelve a fluir hacia el mercado estadounidense bajo un esquema de control externo de los ingresos.
La escena resume la tensión central de la transición: un discurso de continuidad ideológica hacia adentro y reconfiguración pragmática del poder hacia afuera. La soberanía popular sigue suspendida y el proceso no se apoya en un marco institucional previamente acordado, sino en decisiones para evitar el colapso.
República Dominicana y su transición de 15 años
La experiencia dominicana muestra que la muerte de un dictador no equivale al fin del régimen. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años (1930–1961) mediante una estructura de represión total. Su asesinato, en mayo de 1961, eliminó al líder, pero no desmontó el aparato autoritario.
Tras su muerte, la presión social creció. Las Fuerzas Armadas impulsaron Consejos de Estado, uno de ellos encabezado por Joaquín Balaguer, antiguo vicepresidente de Trujillo, quien cumplió un rol clave: garantizó continuidad institucional sin ruptura abrupta. Historiadores lo definieron como “puente invisible” entre la dictadura y el nuevo orden. El régimen se recicló.
En diciembre de 1962, Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundado en el exilio, ganó las elecciones con casi 60% de votos. Asumió en febrero de 1963 y promulgó una Constitución liberal. Siete meses después fue derrocado por un golpe militar.
El resultado fue una regresión prolongada. Balaguer volvió al poder en 1966 e instauró una “democracia restringida” que se extendió hasta 1978. La oposición no fue eliminada, pero sí contenida. La transición democrática efectiva tardó quince años en consolidarse.
La lección dominicana: una transición puede ganarse en las urnas y perderse en los cuarteles. La legitimidad electoral no basta si el poder armado y las élites no aceptan una redistribución real del poder.
Chile: la dictadura diseñó su propia salida
El caso chileno ofrece una trayectoria distinta. Augusto Pinochet gobernó 17 años tras el golpe de 1973. En 1980 impuso una Constitución autoritaria que, paradójicamente, contenía el mecanismo que permitiría su salida. El 5 de octubre de 1988, Pinochet convocó a un plebiscito para extender su mandato. Controlaba el aparato estatal, los medios y las fuerzas armadas, pero el “No” se impuso con el 55,99% de los votos. Las reglas creadas por la dictadura se aplicaron sin ruptura institucional.
El proceso fue posible por un marco legal claro, oposición unificada en la ‘Concertación’ y negociaciones discretas entre élites civiles y militares. La oposición aceptó transitar bajo la Constitución de 1980, con reformas posteriores, a cambio de elecciones reales. Ambas partes descartaron la confrontación violenta.
En diciembre de 1989 se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias. Patricio Aylwin asumió en marzo de 1990. La transición fue ordenada, aunque dejó enclaves autoritarios. Aun así, se sostuvo sobre un principio: fue un proceso conducido por actores chilenos, reglas conocidas y ruta electoral definida.
¿Qué caracteriza una transición ordenada?
Los estudios comparados coinciden en varios elementos comunes en transiciones exitosas:
- Reglas institucionales aceptadas, incluso si provienen del régimen autoritario.
- Acuerdos mínimos entre élites, no necesariamente amistosos, pero vinculantes.
- Inclusión progresiva de la oposición política. República Dominicana falló en 1963.
- Soberanía popular efectiva mediante elecciones competitivas (Chile 1989, RD 1962).
- Liderazgo con actores locales con influencia externa limitada.
Los casos de Chile y RD siguieron caminos distintos, pero ambas transiciones fueron endógenas. El conflicto se resolvió dentro del sistema político nacional.
Venezuela y las tres fases del plan de Estados Unidos
En Venezuela, el proceso sigue una lógica distinta. El secretario de Estado Marco Rubio explicó la estrategia en tres fases:
- Control del caos: EE.UU. administra los ingresos petroleros, levanta sanciones de forma gradual y prioriza estabilidad energética y seguridad. Se liberan presos políticos, se rompen acuerdos con aliados estratégicos del chavismo y se restablece la relación bilateral con Washington.
- Recuperación: impulsar la reconstrucción económica, con énfasis en el sector petrolero y la distribución de ingresos para la población.
- Reconstrucción institucional: avanzar hacia un nuevo orden político con elecciones libres y legitimación democrática tras cumplir las etapas previas.
Rubio ha sido explícito en que la fase inicial responde a intereses estratégicos estadounidenses, en particular sobre el uso del petróleo venezolano y la contención de adversarios geopolíticos.
Voces de la diáspora: así miran dos venezolanos la transición
Para Alfredo López, responsable jurídico de la Alianza Migrante, la transición en Venezuela no puede leerse como un salto inmediato a la democracia electoral. A su juicio, se trata de un proceso por etapas que comienza con la estabilización del país tras la salida de Nicolás Maduro. Primero hay que detener la violencia, reconstruir las estructuras básicas del Estado y garantizar seguridad jurídica, sostiene.
López advierte que la democracia no se decreta, sino que se construye, y que las experiencias de Chile y República Dominicana muestran la necesidad de consolidar instituciones antes de convocar elecciones plenamente libres. En el caso venezolano, añade, el poder real sigue en manos de estructuras armadas, lo que obliga a una transición ordenada y estratégica. Negociar con el poder no significa ignorar a las víctimas y plantea el desmontaje progresivo del autoritarismo y luego la legitimación electoral.
Desde Ecuador, Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas, subraya que la diáspora observa el proceso con cautela. Señala que la ausencia de celebraciones en las calles refleja el temor persistente y la presión que aún ejerce el chavismo. Reconoce que el futuro inmediato dependerá en buena medida de la cooperación de figuras del actual poder. No es una persona de confianza, pero estamos en manos de los acuerdos que se logren, dice sobre Delcy Rodríguez. Aun así, afirma que el anhelo de los venezolanos en el exterior es regresar y participar en la reconstrucción del país.
Venezuela y la transición invertida
En Venezuela, hay una transición invertida. A diferencia de Chile o República Dominicana, Venezuela no cuenta con un marco institucional pactado, no existe un acuerdo entre élites locales y la soberanía popular está suspendida de forma explícita. El actor decisivo es un poder extranjero.
La comparación:
- Chile (1988): el dictador pierde bajo sus propias reglas.
- RD (1962): actores locales convocan elecciones.
- Venezuela (2026): EE.UU. captura al presidente, designa una sucesora y tutela el proceso.
La advertencia económica
El economista venezolano Ricardo Hausmann, exministro y director del Growth Lab de Harvard, cuestiona la lógica de ‘estabilizar primero y democratizar después’. En un podcast de la Universidad de Georgetown, sostuvo que ninguna inversión petrolera significativa es viable sin tribunales independientes, contratos exigibles y reglas claras.
Las reservas de crudo, advierte, no valen nada hasta que se conviertan en dinero. Una transición centrada solo en la extracción, sin empoderar a los ciudadanos ni restaurar el Estado de derecho, reproduce la fragilidad institucional.
El espejo latinoamericano
Chile y República Dominicana muestran que las transiciones no comienzan con justicia plena ni con el líder más popular, sino con acuerdos incómodos que evitan el colapso. En Venezuela, ese primer momento ya está en marcha, pero bajo una lógica inédita.
El riesgo es claro: que la fase de contención se prolongue y se convierta en un nuevo autoritarismo con otro nombre. La clave estará en no confundir estabilidad con destino final. Sin institucionalidad, elecciones y actores locales al mando, la transición seguirá siendo eso: una promesa en suspenso.
- Enlace externo: La historia de la transición democrática de Chile
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