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Kevin Puga S.
Guest
Venezuela no cayó en el caos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Tampoco continuó funcionando con normalidad. Lo que emergió fue un orden estratégico de emergencia, ahora respaldado no solo por el control militar, sino por una decisión formal del Tribunal Supremo de Justicia. Ese giro jurídico redefine el tablero.
El TSJ ordenó que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia encargada, invocando la necesidad de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral del Estado. Con ello, el chavismo cerró una grieta clave: la del vacío legal. Rodríguez ya no ejerce únicamente poder efectivo; ejerce poder reconocido por la institucionalidad que controla. El debate dejó de ser si gobierna, para pasar a ser cómo y para qué gobierna.
Ese encargo presidencial se apoya en dos pilares. El primero es el control de la Fuerza Armada, condición indispensable para evitar la fragmentación y el colapso inmediato. El segundo es la activación del Consejo de Defensa de la Nación, órgano que permite centralizar decisiones, movilizar a la milicia y tomar control directo de infraestructuras estratégicas. No es casual que los sectores que no se detuvieron hayan sido los puertos, el comercio exterior —aunque a medias— y, sobre todo, la industria petrolera. Escuelas y bancos reabrirán de forma escalonada. La prioridad fue clara: ingresos, territorio y control.
Con estos elementos, Venezuela entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de un orden de facto que evita el caos, sino de un orden con legalidad interna, aunque construida en condiciones excepcionales. Ese orden abre dos caminos posibles. El primero es una transición efectiva, en la que la presidencia encargada funcione como puente hacia elecciones verificables y una recomposición institucional. El segundo es que esa misma legalidad sirva para dar oxígeno al chavismo, prolongando el poder bajo el argumento de la excepcionalidad permanente.
Aquí entra el factor externo que puede inclinar la balanza. La operación militar de Estados Unidos, presentada como inicio de una transición, arrastra un serio problema de legalidad internacional y constitucional interna. Donald Trump no solicitó autorización al Congreso para atacar a Venezuela, lo que ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos. Ese flanco debilita la narrativa de transición y fortalece el discurso chavista de agresión y secuestro del jefe de Estado.
La paradoja es evidente: mientras la legalidad interna se recompone en Caracas, la legalidad externa se erosiona en Washington. Esa tensión puede bloquear la transición o convertirla en un proceso administrado indefinidamente por quienes hoy detentan el poder.
Venezuela no está paralizada ni normalizada. Está contenida. Con una presidenta encargada formalmente designada, con control militar y con sectores estratégicos en funcionamiento, el país evitó el colapso. Pero el desenlace no dependerá solo de esa estabilidad. Dependerá de si Estados Unidos logra transformar una acción de fuerza jurídicamente cuestionada en un proceso político creíble y multilateral. Si no, la transición corre el riesgo de convertirse, una vez más, en el mecanismo que permitió al poder sobrevivir bajo otro nombre.
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El TSJ ordenó que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia encargada, invocando la necesidad de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral del Estado. Con ello, el chavismo cerró una grieta clave: la del vacío legal. Rodríguez ya no ejerce únicamente poder efectivo; ejerce poder reconocido por la institucionalidad que controla. El debate dejó de ser si gobierna, para pasar a ser cómo y para qué gobierna.
Ese encargo presidencial se apoya en dos pilares. El primero es el control de la Fuerza Armada, condición indispensable para evitar la fragmentación y el colapso inmediato. El segundo es la activación del Consejo de Defensa de la Nación, órgano que permite centralizar decisiones, movilizar a la milicia y tomar control directo de infraestructuras estratégicas. No es casual que los sectores que no se detuvieron hayan sido los puertos, el comercio exterior —aunque a medias— y, sobre todo, la industria petrolera. Escuelas y bancos reabrirán de forma escalonada. La prioridad fue clara: ingresos, territorio y control.
Con estos elementos, Venezuela entra en una fase distinta. Ya no se trata solo de un orden de facto que evita el caos, sino de un orden con legalidad interna, aunque construida en condiciones excepcionales. Ese orden abre dos caminos posibles. El primero es una transición efectiva, en la que la presidencia encargada funcione como puente hacia elecciones verificables y una recomposición institucional. El segundo es que esa misma legalidad sirva para dar oxígeno al chavismo, prolongando el poder bajo el argumento de la excepcionalidad permanente.
Aquí entra el factor externo que puede inclinar la balanza. La operación militar de Estados Unidos, presentada como inicio de una transición, arrastra un serio problema de legalidad internacional y constitucional interna. Donald Trump no solicitó autorización al Congreso para atacar a Venezuela, lo que ha generado cuestionamientos políticos y jurídicos. Ese flanco debilita la narrativa de transición y fortalece el discurso chavista de agresión y secuestro del jefe de Estado.
La paradoja es evidente: mientras la legalidad interna se recompone en Caracas, la legalidad externa se erosiona en Washington. Esa tensión puede bloquear la transición o convertirla en un proceso administrado indefinidamente por quienes hoy detentan el poder.
Venezuela no está paralizada ni normalizada. Está contenida. Con una presidenta encargada formalmente designada, con control militar y con sectores estratégicos en funcionamiento, el país evitó el colapso. Pero el desenlace no dependerá solo de esa estabilidad. Dependerá de si Estados Unidos logra transformar una acción de fuerza jurídicamente cuestionada en un proceso político creíble y multilateral. Si no, la transición corre el riesgo de convertirse, una vez más, en el mecanismo que permitió al poder sobrevivir bajo otro nombre.
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