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Rodrigo Albuja Chaves
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El inicio de 2026 marca un punto de inflexión sombrío en la historia contemporánea: la invasión de Venezuela por fuerzas de los Estados Unidos, bajo las órdenes directas de la administración de Donald Trump. Este acto representa la imposición de la hegemonía militar sobre el respeto a la autonomía y la dignidad de un pueblo soberano. Bajo la narrativa oficial de combatir el narcotráfico y desmantelar la administración de Nicolás Maduro para “restaurar la democracia“, se ha ejecutado una intervención que ignora los cauces legales del derecho internacional. Como resultado, Maduro ha sido capturado para enfrentar juicio en territorio estadounidense, mientras el país se sumerge en una incertidumbre institucional alimentada por el anuncio de una intervención directa de Washington en la configuración del nuevo gobierno.
Este suceso no es un evento aislado, sino la ejecución de la “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” de los Estados Unidos. Como señala Carlos Fazio, en la disputa geopolítica con China —definida como enemigo “hostil” en el subcontinente—, Estados Unidos ha decidido que los recursos geoestratégicos de la región le pertenecen. Así, la intervención trasciende lo político para convertirse en un mecanismo de control de recursos y supervisión institucional que busca convertirla en una suerte de protectorado, gobernado al arbitrio de la potencia del norte para obtener réditos directos de la explotación de sus bienes naturales.
Ante esta afrenta, surge la interrogante sobre la capacidad de respuesta de los grupos sociales. La historia de la región sugiere que los intentos de transformar a América Latina en un apéndice colonial enfrentarán una resistencia civil organizada. Los movimientos sociales, defensores de la soberanía, se ven hoy obligados a rearticularse para rechazar un modelo que pretende gestionar el continente como un activo corporativo, desafiando la visión de Trump de una región supeditada a los intereses de las grandes empresas y al sostenimiento del petrodólar.
Sin embargo, esta crisis ha puesto de manifiesto las severas limitaciones de la integración latinoamericana. Las instancias institucionales creadas para la salvaguarda de la región —como los bloques subregionales, la UNASUR y la CELAC— han mostrado una preocupante incapacidad para liderar un movimiento sólido y unificado. La fragmentación política y la debilidad de estos organismos han impedido una respuesta colectiva que reivindique con vigor la soberanía y la democracia legítima de los Estados miembros, dejando el espacio expedito para el unilateralismo.
La estrategia global actual constituye una versión recrudecida de la Doctrina Monroe. El lema “América para los Americanos” se actualiza bajo la retórica de Make America Great Again, priorizando el control sobre el petróleo, las tierras raras y los minerales estratégicos. Como advierte Raúl Zibechi, las guerras por la hegemonía mundial son el núcleo de una tormenta que ya azota a Gaza y Venezuela, y que tiene en la mira a otras naciones como Colombia, Cuba y México.
Resulta ingenuo suponer que la caída de un gobierno cuestionado purifica automáticamente la mano que lo derriba. Y es también ingenuo aceptar la falacia de la defensa de la democracia por parte de quien no tiene entre sus valores a la democracia y a la libertad. Estados Unidos no apuesta a restaurar la democracia cuando interviene en otros países. En Venezuela no se ha visto un pueblo que emancipar, sino un escenario donde demostrar poder. Siguiendo el análisis de Rubén Amón, si bien el régimen anterior erosionó la institucionalidad venezolana, la intervención de Trump no se fundamenta en la libertad, sino en el poder sin rendición de cuentas. Se ha ignorado el marco jurídico internacional, normalizando la fuerza sobre la diplomacia.
En última instancia, la invasión de Venezuela es un eslabón más en la cadena de la crisis civilizatoria que aqueja al mundo entero. Representa el desmoronamiento del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial y evidencia una crisis de valores donde la supervivencia del más fuerte sustituye a la convivencia reglada. Es el síntoma de un nuevo orden internacional basado en la fuerza, de un sistema global que, en su disputa por la hegemonía y los recursos, está dispuesto a sacrificar la autodeterminación de los pueblos y la paz global.
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Este suceso no es un evento aislado, sino la ejecución de la “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” de los Estados Unidos. Como señala Carlos Fazio, en la disputa geopolítica con China —definida como enemigo “hostil” en el subcontinente—, Estados Unidos ha decidido que los recursos geoestratégicos de la región le pertenecen. Así, la intervención trasciende lo político para convertirse en un mecanismo de control de recursos y supervisión institucional que busca convertirla en una suerte de protectorado, gobernado al arbitrio de la potencia del norte para obtener réditos directos de la explotación de sus bienes naturales.
Ante esta afrenta, surge la interrogante sobre la capacidad de respuesta de los grupos sociales. La historia de la región sugiere que los intentos de transformar a América Latina en un apéndice colonial enfrentarán una resistencia civil organizada. Los movimientos sociales, defensores de la soberanía, se ven hoy obligados a rearticularse para rechazar un modelo que pretende gestionar el continente como un activo corporativo, desafiando la visión de Trump de una región supeditada a los intereses de las grandes empresas y al sostenimiento del petrodólar.
Sin embargo, esta crisis ha puesto de manifiesto las severas limitaciones de la integración latinoamericana. Las instancias institucionales creadas para la salvaguarda de la región —como los bloques subregionales, la UNASUR y la CELAC— han mostrado una preocupante incapacidad para liderar un movimiento sólido y unificado. La fragmentación política y la debilidad de estos organismos han impedido una respuesta colectiva que reivindique con vigor la soberanía y la democracia legítima de los Estados miembros, dejando el espacio expedito para el unilateralismo.
La estrategia global actual constituye una versión recrudecida de la Doctrina Monroe. El lema “América para los Americanos” se actualiza bajo la retórica de Make America Great Again, priorizando el control sobre el petróleo, las tierras raras y los minerales estratégicos. Como advierte Raúl Zibechi, las guerras por la hegemonía mundial son el núcleo de una tormenta que ya azota a Gaza y Venezuela, y que tiene en la mira a otras naciones como Colombia, Cuba y México.
Resulta ingenuo suponer que la caída de un gobierno cuestionado purifica automáticamente la mano que lo derriba. Y es también ingenuo aceptar la falacia de la defensa de la democracia por parte de quien no tiene entre sus valores a la democracia y a la libertad. Estados Unidos no apuesta a restaurar la democracia cuando interviene en otros países. En Venezuela no se ha visto un pueblo que emancipar, sino un escenario donde demostrar poder. Siguiendo el análisis de Rubén Amón, si bien el régimen anterior erosionó la institucionalidad venezolana, la intervención de Trump no se fundamenta en la libertad, sino en el poder sin rendición de cuentas. Se ha ignorado el marco jurídico internacional, normalizando la fuerza sobre la diplomacia.
En última instancia, la invasión de Venezuela es un eslabón más en la cadena de la crisis civilizatoria que aqueja al mundo entero. Representa el desmoronamiento del orden internacional liberal surgido tras la Segunda Guerra Mundial y evidencia una crisis de valores donde la supervivencia del más fuerte sustituye a la convivencia reglada. Es el síntoma de un nuevo orden internacional basado en la fuerza, de un sistema global que, en su disputa por la hegemonía y los recursos, está dispuesto a sacrificar la autodeterminación de los pueblos y la paz global.
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