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Daniel Zenteno
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Un bloqueo se instaló en la carretera que conecta Cochabamba con La Paz y Oruro, a la altura de la avenida Blanco Galindo, donde vecinos de Quillacollo iniciaron una protesta indefinida para exigir justicia por la muerte de dos personas durante los enfrentamientos del lunes en el botadero de Cotapachi, en los límites con Colcapirhua.
La medida comenzó después de las 09.00 tras una “autoconvocatoria” por parte de los vecinos de la zona que se encuentran molestos con el accionar de la Policía.
Los pobladores instalaron piedras, vehículos y otros objetos para impedir la circulación, y señalaron que no levantarán el bloqueo hasta que las autoridades esclarezcan los hechos de violencia y se identifique a los responsables de las muertes y de los múltiples heridos.
Puede leer también: Policía dice que actuó bajo marco legal en Colcapirhua
Los vecinos también demandan que se resuelva de manera definitiva el conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, origen del bloqueo al botadero de Cotapachi que lleva casi dos semanas y que derivó en los enfrentamientos con un contingente policial el lunes por la mañana.
Durante la intervención de liberación del acceso al botadero, los movilizados utilizaron petardos y dinamita, mientras que la Policía respondió con agentes químicos, desatando un choque que dejó un saldo de dos fallecidos y múltiples lesionados.
En las últimas horas circularon videos de efectivos policiales con armas de fuego, lo que, según los pobladores, alimenta el relato de un uso desmedido e injustificado de la fuerza. Sin embargo, el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba asegura que actuó dentro del “marco legal vigente”.
El dirigente Gonzalo Herrera advirtió que las medidas serán indefinidas y que se cerrarán todos los accesos posibles en la zona hasta lograr que las autoridades atiendan sus demandas.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, anunció que un equipo de fiscales se trasladará a Cotapachi para coadyuvar en las investigaciones.
La Defensoría de Pueblo también exige que las autoridades policiales expliquen el posible uso de armas y se brinde la atención necesaria a las 13 personas que resultaron heridas, mientras el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determina la causa exacta de las muertes.
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La medida comenzó después de las 09.00 tras una “autoconvocatoria” por parte de los vecinos de la zona que se encuentran molestos con el accionar de la Policía.
Los pobladores instalaron piedras, vehículos y otros objetos para impedir la circulación, y señalaron que no levantarán el bloqueo hasta que las autoridades esclarezcan los hechos de violencia y se identifique a los responsables de las muertes y de los múltiples heridos.
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Bloqueo
Los vecinos también demandan que se resuelva de manera definitiva el conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, origen del bloqueo al botadero de Cotapachi que lleva casi dos semanas y que derivó en los enfrentamientos con un contingente policial el lunes por la mañana.
Durante la intervención de liberación del acceso al botadero, los movilizados utilizaron petardos y dinamita, mientras que la Policía respondió con agentes químicos, desatando un choque que dejó un saldo de dos fallecidos y múltiples lesionados.
En las últimas horas circularon videos de efectivos policiales con armas de fuego, lo que, según los pobladores, alimenta el relato de un uso desmedido e injustificado de la fuerza. Sin embargo, el Comando Departamental de la Policía de Cochabamba asegura que actuó dentro del “marco legal vigente”.
El dirigente Gonzalo Herrera advirtió que las medidas serán indefinidas y que se cerrarán todos los accesos posibles en la zona hasta lograr que las autoridades atiendan sus demandas.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, anunció que un equipo de fiscales se trasladará a Cotapachi para coadyuvar en las investigaciones.
La Defensoría de Pueblo también exige que las autoridades policiales expliquen el posible uso de armas y se brinde la atención necesaria a las 13 personas que resultaron heridas, mientras el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determina la causa exacta de las muertes.
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