J
José Alejandro Sánchez
Guest
A un día de la tercera sesión de la Comisión de Enlace que negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) presentó este lunes los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, un mecanismo de rendición de cuentas acordado con el Gobierno desde 2023 para dar seguimiento a compromisos asociados al financiamiento universitario. Según expusieron las autoridades universitarias, 11 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron 100% de cumplimiento; 6 se ecuentran cumplidos a más de un 90%; mientras 3 se encuentran entre un 80% y 90%.
La conferencia se desarrolló en un momento políticamente significativo, al presentar resultados de cara a una nueva jornada de negociación con el Poder Ejecutivo, en la que las universidades buscarán sostener que el financiamiento público a la educación superior produce efectos concretos en inclusión, cobertura territorial, calidad de la oferta académica y articulación con las necesidades del país.
El informe presentado por Conare agrupó resultados en acceso, permanencia, regionalización, calidad, innovación docente, investigación y acción social. En materia de inclusión, las universidades públicas reportaron la atención de 2.644 estudiantes con discapacidad o necesidades educativas durante 2025, con cobertura del 100% de las solicitudes recibidas. A esto se suma la permanencia estudiantil: el sistema registró 53.802 personas becadas en pregrado y grado, de las cuales 43.316 recibieron beca completa, con exoneración total de matrícula y beneficios complementarios.
Otro de los datos destacados fue el ingreso de estudiantes procedentes de territorios históricamente excluidos. Según el informe, 389 personas provenientes de colegios ubicados en territorios indígenas ingresaron a las universidades públicas en 2025. La cifra equivale a una tasa de ingreso del 90% y representa un aumento respecto al año anterior, cuando se registraron 279 ingresos.
En cuanto a la trayectoria académica, Conare informó que el promedio de años para obtener una primera titulación es de 3,7 años en pregrado, 5,2 años en bachillerato y 6,2 años en licenciatura. Las autoridades presentaron estos datos como una señal de procesos formativos que mantienen estándares de calidad, aun en un contexto en el que persisten brechas académicas asociadas a la pandemia. La presentación también insistió en que la titulación en universidades públicas mantiene una tendencia ascendente, en contraste con una leve caída reportada en el sector privado.
La matrícula total del sistema también ocupó un lugar central en la exposición. De acuerdo con los datos difundidos, las universidades públicas sostienen una matrícula anual cercana a 120.000 estudiantes, con un crecimiento acumulado del 18,3% entre 2014 y 2024. Solo en 2021 se alcanzó un máximo histórico de 125.086 estudiantes. Además, la matrícula anualizada de 2025 creció un 6,58% respecto a 2019, lo que, según Conare, muestra una demanda sostenida por la educación superior pública y una recuperación posterior a la pandemia.
La regionalización fue otro de los ejes fuertes de la conferencia. El sistema reportó 16.528 estudiantes de primer ingreso provenientes de zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y 49.159 personas matriculadas en sedes regionales. El propio informe subraya que se trata de la cifra más alta reportada en las regiones en términos absolutos. A ello se suma que el 35,9% de la matrícula total del sistema ya se ubica fuera de la GAM, aunque la meta negociada en el FEES apunta al 38,4%.
En el apartado de calidad académica, Conare indicó que las universidades públicas acumulan 367 carreras acreditadas, equivalentes al 32,94% de toda su oferta académica, con un crecimiento de 3,81% respecto a 2024. Además, 32 de las 33 carreras sometidas a reacreditación obtuvieron nuevamente ese reconocimiento, para un cumplimiento del 96,97%. En formación complementaria, también se reportó que 1.985 personas graduadas certificaron dominio de inglés en nivel B2, 136 más que en el período anterior.
La exposición cerró con cifras sobre investigación, extensión y pertinencia. Las universidades públicas desarrollaron 3.026 proyectos de investigación articulados con sectores productivos y organizaciones comunitarias, frente a 1.995 en 2024. En extensión y acción social, se reportaron 2.255 proyectos, cuando un año antes eran 1.518. Asimismo, en 2025 fueron modificados 46 de los 50 planes de estudio identificados en carreras con mayor desempleo entre sus personas graduadas, para un avance acumulado del 92%. El sistema también informó sobre 2.656 cursos de educación continua, de los cuales 764 estuvieron dirigidos específicamente a profesionales de carreras con mayores dificultades de inserción laboral.
Posicionamiento respecto al fallo de la Sala Constitucional
La conferencia también incluyó una referencia directa al fallo de la Sala Constitucional en favor de las universidades públicas por la retención de recursos del FEES 2025. La resolución declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por Conare contra el Ministerio de Hacienda y ordenó girar los fondos retenidos, luego de concluir que esa decisión vulneró el derecho a la educación. El monto en disputa asciende a ₡11.521 millones, correspondientes al 2% adicional del FEES 2025 aprobado por la Asamblea Legislativa y vigente como ley de la República.
Sobre este punto, el presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera Murillo, señaló que la asesoría jurídica de Conare analiza la posibilidad de hacer el reclamo correspondiente por los recursos que no fueron girados a las universidades.
Redistribución entre las universidades
El último bloque de la conferencia estuvo dedicado a la redistribución FEES 2027. Conare recordó que el pasado 14 de abril el sistema acordó ocho principios orientadores para ese proceso: equidad y fortalecimiento del aporte estratégico de las universidades al país, gradualidad, eficiencia, fortalecimiento de la articulación interuniversitaria, transparencia y rendición de cuentas, vinculación con el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, diferenciación institucional y complementariedad del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal (SESUE), y sostenibilidad financiera. El planteamiento, según el documento presentado en conferencia, parte de que esos principios son interdependientes y deben leerse como un conjunto.
El tema llega a la discusión atravesado por un conflicto político e institucional dentro del propio sistema universitario. Durante la sesión n.° 6986 del Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica, llevada a cabo el 16 de abril, se presentó un veto razonado contra el acuerdo del Conare que planteó una redistribución total del fondo entre las cinco universidades públicas. Según la posición aprobada por el CU, esa decisión no contó con sustento técnico suficiente, pues no consideró variables como el tamaño de cada institución, la cantidad de carreras que imparte, la población estudiantil que atiende ni el volumen de programas de investigación, extensión y acción social que desarrolla la UCR. Además, el órgano universitario sostuvo que un cambio de este tipo no puede imponerse por mayoría, sino que requiere del consenso de todas las universidades.
Consultado sobre este punto, Jarol Núñez Moya, vicerrector de Docencia de la UCR, quien acudió en sustitución del rector Carlos Araya Leandro, aclaró que la posición de esa universidad no se dirige contra los ocho principios en sí mismos, sino contra el objetivo general de la redistribución planteada.
La entrada Universidades públicas presentan alto cumplimiento de indicadores sobre uso del FEES aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...