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Ana Lucía Freire
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“De la noche a la mañana nos quieren borrar 175 000 afiliados y eso es fraudulento”. Con esa contundencia, Natasha Rojas, dirigente de Unidad Popular (UP), resumió el sentir de los simpatizantes que este lunes 23 de marzo de 2026 se concentraron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE). La consigna fue clara: exigir el archivo inmediato de un informe técnico que recomienda la extinción de la organización política.
La movilización, que bloqueó parcialmente la avenida 6 de Diciembre en el norte de Quito, responde a la reciente votación en el pleno del CNE, donde la presidenta Diana Atamaint y el consejero Jorge Merino respaldaron un documento que alega una pérdida masiva de adherentes en el partido. Según UP, este informe es una “farsa” que busca reducir sus bases sin sustento fáctico ni procesos legales previos.
El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, subió el tono de la confrontación política al vincular directamente al presidente de la República, Daniel Noboa, con la situación del organismo electoral. “Esta no es una hacienda bananera ni la corporación Noboa. Vamos a defendernos en todas las instancias“, afirmó Atarihuana, sugiriendo que existe un interés del Ejecutivo por “limpiar” la papeleta de cara a las elecciones seccionales y del CPCCS de febrero de 2027.
Para el dirigente, el objetivo del Gobierno es provocar un “apagón democrático”. “El sueño de Noboa es quedarse solo en la papeleta y eso es antidemocrático“, denunció, al tiempo que advirtió que, de aprobarse el informe, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con sus propias bases de datos y pruebas jurídicas que certificarían la vigencia de más de 200 000 afiliados.
La defensa de Unidad Popular sostiene que no existen causales reales para su eliminación. Rojas acusó a Diana Atamaint de no garantizar la imparcialidad necesaria y de responder a intereses gubernamentales. “No hay ningún proceso legal contra Unidad Popular. Exigimos que se transparenten las bases de datos y las supuestas desafiliaciones que dicen tener”, señaló la integrante del movimiento.
Hasta el momento, el pleno del CNE no ha logrado los votos necesarios para ratificar la cancelación de la personería jurídica, dejando el informe en un estado de incertidumbre administrativa. Mientras tanto, otras organizaciones como el movimiento Construye también permanecen bajo vigilancia, alimentando la narrativa de la oposición sobre una supuesta persecución política orquestada desde Carondelet.
Unidad Popular anunció que las movilizaciones continuarán a nivel nacional para evitar que se consume lo que consideran un “intento autoritario” de exclusión política.
Información externa Unidad Popular (Ecuador)
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La movilización, que bloqueó parcialmente la avenida 6 de Diciembre en el norte de Quito, responde a la reciente votación en el pleno del CNE, donde la presidenta Diana Atamaint y el consejero Jorge Merino respaldaron un documento que alega una pérdida masiva de adherentes en el partido. Según UP, este informe es una “farsa” que busca reducir sus bases sin sustento fáctico ni procesos legales previos.
‘No es una hacienda bananera’
El director nacional de la organización, Geovanni Atarihuana, subió el tono de la confrontación política al vincular directamente al presidente de la República, Daniel Noboa, con la situación del organismo electoral. “Esta no es una hacienda bananera ni la corporación Noboa. Vamos a defendernos en todas las instancias“, afirmó Atarihuana, sugiriendo que existe un interés del Ejecutivo por “limpiar” la papeleta de cara a las elecciones seccionales y del CPCCS de febrero de 2027.
Para el dirigente, el objetivo del Gobierno es provocar un “apagón democrático”. “El sueño de Noboa es quedarse solo en la papeleta y eso es antidemocrático“, denunció, al tiempo que advirtió que, de aprobarse el informe, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con sus propias bases de datos y pruebas jurídicas que certificarían la vigencia de más de 200 000 afiliados.
Falta de transparencia en el CNE
La defensa de Unidad Popular sostiene que no existen causales reales para su eliminación. Rojas acusó a Diana Atamaint de no garantizar la imparcialidad necesaria y de responder a intereses gubernamentales. “No hay ningún proceso legal contra Unidad Popular. Exigimos que se transparenten las bases de datos y las supuestas desafiliaciones que dicen tener”, señaló la integrante del movimiento.
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Hasta el momento, el pleno del CNE no ha logrado los votos necesarios para ratificar la cancelación de la personería jurídica, dejando el informe en un estado de incertidumbre administrativa. Mientras tanto, otras organizaciones como el movimiento Construye también permanecen bajo vigilancia, alimentando la narrativa de la oposición sobre una supuesta persecución política orquestada desde Carondelet.
Unidad Popular anunció que las movilizaciones continuarán a nivel nacional para evitar que se consume lo que consideran un “intento autoritario” de exclusión política.
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