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Adrián Z. Rivero
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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó parte del presupuesto destinado al pago de anualidades en 2026 de la Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) por fijar montos mayores a los establecidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Así consta en los oficios DFOE-CAP-2223 y DFOE-CAP-2159 en los que se comunica a ambas universidades que deben ajustar sus presupuestos a la norma citada, que establece topes en las anualidades de 1,94% para los profesionales y de 2,54% para no profesionales.
La Ley 9635, vigente desde mediados de 2019, obligó a las instituciones públicas a adecuar sus anualidades a esas cifras, sin embargo, el año pasado, tras un voto de la Sala Constitucional, las cinco universidades estatales —incluida la Universidad de Costa Rica (UCR)— se apoyaron en un criterio del Consejo Nacional de Rectores (Conare) e interpretaron que pueden pagar porcentajes más altos de acuerdo con sus normativas internas, incluyendo lo que estipulan las convenciones colectivas.
De esta forma, la UCR y la UNA anunciaron a finales de 2025 que comenzarían a pagar, respectivamente, 3,75% y 4% por anualidades, de acuerdo con sus convenciones colectivas y que, además, reconocerían a los funcionarios la diferencia dejada de percibir durante la aplicación de la Ley 9635, en desembolsos que comenzaron a finales del 2025. El TEC, cuyas anualidades por convención colectiva oscilan entre 4% y 6% según el puesto, tenía previsto hacer lo mismo a partir de 2026.
Sin embargo, la Contraloría no interpretó el voto de la Sala IV del mismo modo que las casas de enseñanza, por lo cual rechazó gastos en anualidades que no se ajustaran a la Ley 9635, tanto para la UNA como para el TEC.
“El fundamento invocado por esa Administración se sustenta en la resolución N.° 08201-2025 de la Sala Constitucional, de 17 de marzo de 2025; sin embargo, dicho pronunciamiento no autoriza el pago retroactivo de anualidades ni el reconocimiento de montos que superen los topes legales vigentes. En dicho pronunciamiento, la Sala se limitó a analizar la constitucionalidad de la forma en que se venían reconociendo las anualidades, sin habilitar efectos retroactivos ni excepciones al marco legal aplicable”, comunicó a la UNA el órgano contralor, de acuerdo con el oficio DFOE-CAP-2223.
Tras consultas de este medio, la rectora del TEC, María Estrada, indicó que su institución no comparte la visión de la CGR, sin embargo, es respetuosa de las funciones de fiscalización que tiene ese órgano:
“Dado que la CGR sostiene que el fallo de la Sala no autoriza excepciones al marco legal actual, actualmente la administración se ve imposibilitada de honrar de manera absoluta las obligaciones patronales acordadas en la Segunda Convención Colectiva y sus reformas del ITCR, por lo tanto, nos encontramos ante un problema de legalidad cuya resolución definitiva será trasladada a las vías jurisdiccionales correspondientes”, dijo la rectora.
Estrada aseguró que elementos legales y presupuestarios le impiden avanzar con esos pagos de anualidades que “la UNA y la UCR realizaron y seguirán realizando” y advirtió que la situación pone al TEC en una encrucijada, pues corre el riesgo de que personal altamente calificado abandone la institución por temas salariales.
Por su parte, el rector de la UNA, Jorge Herrera, indicó a este Semanario que no se referiría por el momento.
¿La UCR también tiene que ajustarse?
En respuestas enviadas por la CGR a UNIVERSIDAD, la entidad señaló que la aprobación a la UCR en la partida de Remuneraciones se fundamentó en la información aportada por esa casa de enseñanza y aclaró que “no aprobó porcentajes específicos de anualidades”.
De la misma forma, el órgano contralor dijo que, desde noviembre de 2025, ya había informado a los cinco rectores, en el oficio DFOE-CAP-2066-2025 que la “Ley N.º 9635 es de orden público y prevalece sobre disposiciones de convenciones colectivas que se le opongan”.
“La Sentencia N.° 8201-2025 de la Sala Constitucional no exime a las universidades públicas de la aplicación de la Ley N.° 9635, ni de las normas de responsabilidad fiscal relacionadas con el pago de anualidades. No se tiene conocimiento de pronunciamientos de la Procuraduría General de la República -órgano competente- ni de resoluciones judiciales que liberen a las universidades de la aplicación de dicha ley en esta materia”, agregó la Contraloría en sus respuestas a este medio.
Pese a que desde noviembre del 2025 ya todas las universidades estaban al tanto de la posición de la CGR, en diciembre la UCR aprobó la aplicación de la anualidad de 3,75% establecida en la convención colectiva y además aseguró que haría pagos retroactivos por los años en que no se pagó con ese porcentaje por aplicación de la Ley 9635.
“La ejecución del presupuesto y el cumplimiento del régimen legal aplicable en materia remunerativa son responsabilidad exclusiva del jerarca y de los titulares subordinados, quienes deben observar lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Salarios de la Administración Pública”, advirtió el órgano contralor.
A la UCR se le improbó parte de su presupuesto, pero porque incluyó un reconocimiento por costo de vida mayor al que proyectó el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Al respecto, el director del Consejo Universitario (CU), Keilor Rojas, explicó que la institución incluyó un aumento por costo de vida de 3%, sin embargo, cuando ya se había enviado la documentación, el BCCR emitió una resolución en la que proyectó que el crecimiento de ese indicador sería de 2,4%, por lo que la CGR pidió ajustar la diferencia.
Este medio consultó a la Rectoría sobre el tema de las anualidades y los recursos no aprobados, sin embargo, al cierre de edición no fue posible obtener una respuesta.
Sindicatos llaman a enfrentar a la Contraloría
En un comunicado conjunto, el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn) y la Asociación de Funcionarios del TEC (Afitec) hicieron un llamado a los rectores para enfrentarse a la Contraloría General.
En el documento, los sindicatos dicen que la CGR “excede absolutamente sus competencias” al improbar las anualidades según las convenciones colectivas:
“La obligación de pago de las anualidades porcentuales subsiste íntegramente, no se extingue ni se suspende por improbaciones presupuestarias, advertencias administrativas o criterios restrictivos emanados de órganos de control”, señalaron las agrupaciones, quienes también pidieron estar informadas de las acciones a seguir para “enfrentar el criterio de la Contraloría”.
Los sindicatos concluyeron diciendo que es una “grave y peligrosa situación” la que está generando la CGR y que están dispuestos a defender las convenciones colectivas “hasta las últimas consecuencias”.
La entrada UNA, TEC y UCR chocan con Contraloría y terminan con parte del presupuesto sin aprobar aparece primero en Semanario Universidad.
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