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Adrián Z. Rivero
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La Universidad Nacional (UNA) rechazó este jueves la subasta de frecuencias de radio y televisión promovida por el Gobierno y ejecutada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) debido a vicios legales y constitucionales, y a que podría generar monopolios.
Así consta en un acuerdo tomado por el Consejo Universitario de esta casa de enseñanza, en el que además se les pide a los diputados que asuman competencias sobre el tema mediante una ley “que establezca criterios de política pública acordes con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos”.
El actual proceso, suspendido por orden de la Sala Constitucional, establecía, en tres concursos bajo la modalidad de subasta, precios base que iban desde los $9.643 (unos ₡4.8 millones) para radio AM hasta los $1.6 millones (unos ₡800 millones) en el caso de la televisión. Para las frecuencias FM con alcance nacional, de tipo híbrido (IBOC), los precios iniciales estaban fijados en $386.102 (unos ₡195 millones).
Estos millonarios precios de entrada, además de costosas inversiones técnicas que se exigen adicionalmente, provocaron que decenas de emisoras y televisoras no pudieran siquiera presentar una oferta para obtener una frecuencia.
“Pone en riesgo la pluralidad de voces del país, amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y puede provocar la desaparición de decenas de medios comunitarios, regionales, culturales y religiosos que, durante décadas, han sido la voz de comunidades rurales, costeras, fronterizas, indígenas y urbano-populares”, dijo la UNA sobre la licitación.
La casa de enseñanza aseguró que el diseño de la subasta “privilegia exclusivamente la capacidad económica”, lo cual favorece la concentración mediática en grandes consorcios y desplaza a medios pequeños que cumplen con funciones diferentes a las comerciales, como culturales o educativas, entre otras.
“La UNA hace un llamado urgente a frenar este proceso y a construir un marco regulatorio justo, pluralista y constitucionalmente concordante”, dice el pronunciamiento del Consejo Universitario.
Además de rechazar la subasta y pedir a los diputados asumir el tema, el órgano colegiado también pidió al Gobierno que sea quien envíe una propuesta de marco regulatorio a la Asamblea Legislativa para que la asignación de frecuencias tenga criterios razonables que amplíen la participación de los medios.
Finalmente, la UNA exhortó a la ciudadanía a que se informe sobre los alcances del actual proceso y a todas las instituciones públicas competentes para que tomen acciones sobre la situación.
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La superintendencia señaló que respeta la medida cautelar, por lo cual detendrá el concurso mientras se resuelven los recursos de amparo contra este.
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