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Ana Guerrero
Guest
Ecuador recibió el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con cifras que revelan no solo una emergencia, sino una fractura profunda en el tejido social. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, el país registró 349 femicidios. Una mujer o niña muere cada 22 horas. Están en curso los 16 días de activismo por la conmemoración de esta fecha y por un llamado a la acción.
Cada número tiene un nombre, una historia interrumpida y familias enteras que ya no vuelven a ser las mismas. Estos datos, reportados por la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea), reflejan la cifra más crítica identificada hasta ahora en el país, desde que se tipificó el femicidio, en 2014, y exigen acciones.
La violencia contra las mujeres en Ecuador se ha transformado junto con la violencia criminal. El 78% de los asesinatos de mujeres y niñas se cometió con armas de fuego y los contextos del delito se han vuelto más crueles, marcados por dinámicas de bandas, pandillas y mafias donde los cuerpos femeninos se usan para imponer dominio, sembrar miedo o ejecutar venganzas.
Es la expresión más extrema de un sistema que convierte a mujeres y niñas en botín de guerra y demuestra cómo la violencia estructural se ha mezclado con la violencia armada, potenciando su impacto devastador.
Sin embargo, en medio del dolor se levantan voces que se niegan a aceptar la repetición de estas tragedias. Las Madres Coraje, formadas en 2022 y acompañadas hoy por 40 madres y familias, marcharon en Guayaquil, Cayambe, Manta, Quito y Esmeraldas. Lo hicieron en nombre de sus hijas y tantas mujeres cuyos proyectos de vida fueron arrebatados. Caminaron por justicia, por memoria y por no repetición. “¡Ni una menos!”.
El trabajo institucional también existe, aunque aún resta un trecho. Quito impulsa programas de prevención, acompañamiento psicológico, social y legal desde la Unidad Patronato Municipal San José. Casas de acogida, lugares seguros, son parte de estas acciones. No se queda fuera la labor de la Casa Matilde, la primera de su tipo en el país.
Voces académicas recuerdan que la violencia de género no es un hecho aislado, sino una violación persistente de derechos humanos que Ecuador intenta enfrentar con marcos legales, como la Ley Integral de 2018, aunque todavía con limitaciones serias.
El país vive una realidad dolorosa, pero también un momento de unión. Las mujeres sobrevivientes, las familias de víctimas y las organizaciones sociales sostienen un mensaje que resuena como obligación moral: esta realidad debe cambiar.
La violencia contra las mujeres no puede normalizarse, debe enfrentarse con recursos, decisiones políticas firmes y el compromiso de toda la sociedad. ¡Porque cada 22 horas es demasiado tarde!
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Cada número tiene un nombre, una historia interrumpida y familias enteras que ya no vuelven a ser las mismas. Estos datos, reportados por la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea), reflejan la cifra más crítica identificada hasta ahora en el país, desde que se tipificó el femicidio, en 2014, y exigen acciones.
La violencia contra las mujeres en Ecuador se ha transformado junto con la violencia criminal. El 78% de los asesinatos de mujeres y niñas se cometió con armas de fuego y los contextos del delito se han vuelto más crueles, marcados por dinámicas de bandas, pandillas y mafias donde los cuerpos femeninos se usan para imponer dominio, sembrar miedo o ejecutar venganzas.
Es la expresión más extrema de un sistema que convierte a mujeres y niñas en botín de guerra y demuestra cómo la violencia estructural se ha mezclado con la violencia armada, potenciando su impacto devastador.
Sin embargo, en medio del dolor se levantan voces que se niegan a aceptar la repetición de estas tragedias. Las Madres Coraje, formadas en 2022 y acompañadas hoy por 40 madres y familias, marcharon en Guayaquil, Cayambe, Manta, Quito y Esmeraldas. Lo hicieron en nombre de sus hijas y tantas mujeres cuyos proyectos de vida fueron arrebatados. Caminaron por justicia, por memoria y por no repetición. “¡Ni una menos!”.
El trabajo institucional también existe, aunque aún resta un trecho. Quito impulsa programas de prevención, acompañamiento psicológico, social y legal desde la Unidad Patronato Municipal San José. Casas de acogida, lugares seguros, son parte de estas acciones. No se queda fuera la labor de la Casa Matilde, la primera de su tipo en el país.
Voces académicas recuerdan que la violencia de género no es un hecho aislado, sino una violación persistente de derechos humanos que Ecuador intenta enfrentar con marcos legales, como la Ley Integral de 2018, aunque todavía con limitaciones serias.
El país vive una realidad dolorosa, pero también un momento de unión. Las mujeres sobrevivientes, las familias de víctimas y las organizaciones sociales sostienen un mensaje que resuena como obligación moral: esta realidad debe cambiar.
La violencia contra las mujeres no puede normalizarse, debe enfrentarse con recursos, decisiones políticas firmes y el compromiso de toda la sociedad. ¡Porque cada 22 horas es demasiado tarde!
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