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Rodolfo Aliaga
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La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) se manifestó a cerca del tema de gasolina desestabilizada y sobre el manejo “poco claro y desordenado” de la crisis por la gasolina de mala calidad y advirtió que, pese a haber ofrecido hace más de dos meses realizar un control técnico independiente, hasta la fecha no ha recibido respuesta de las autoridades.
La casa de estudios alertó que el problema no solo persiste, sino que se agrava con el paso de los días, generando un impacto directo en la economía de miles de familias bolivianas. En ese contexto, señaló que la alta demanda de reparaciones ha sobrepasado la capacidad de los talleres mecánicos, lo que refleja la magnitud de los daños en el parque automotor y anticipa posibles efectos a mediano y largo plazo.
Asimismo, la UMSA cuestionó que, pese a la gravedad de la situación, no se estén ejecutando acciones claras y transparentes para garantizar la calidad del combustible que se distribuye en el país. En esa línea, remarcó que corresponde a YPFB asumir la defensa de los intereses nacionales, rechazando cualquier producto que no cumpla con los estándares establecidos y evitando que el país asuma costos por combustibles fuera de norma.
La institución también enfatizó que la gasolina que no cumple con los requisitos técnicos no debería ser “corregida” para su uso, sino devuelta o reemplazada bajo estrictos controles de calidad, además de exigir las compensaciones correspondientes por los daños ocasionados.
Lea: Mototaxistas cruceños reportan nuevos daños en motores por gasolina desestabilizada
Como parte de su propuesta, la UMSA reiteró que se encuentra a la espera de una respuesta oficial para iniciar un proceso de control de calidad de tercera parte, conforme a estándares internacionales de gestión. En ese marco, puso a disposición del país su capacidad científica, técnica y humana para realizar una verificación independiente que contribuya a restablecer la confianza de la población.
El pronunciamiento, firmado por la rectora María Eugenia García y el vicerrector Tito Estevez Martini, concluye con la exigencia de que YPFB implemente de manera inmediata controles efectivos, informe con transparencia los resultados y detalle las acciones correctivas asumidas, incluyendo eventuales devoluciones y reclamos a proveedores.
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La casa de estudios alertó que el problema no solo persiste, sino que se agrava con el paso de los días, generando un impacto directo en la economía de miles de familias bolivianas. En ese contexto, señaló que la alta demanda de reparaciones ha sobrepasado la capacidad de los talleres mecánicos, lo que refleja la magnitud de los daños en el parque automotor y anticipa posibles efectos a mediano y largo plazo.
Asimismo, la UMSA cuestionó que, pese a la gravedad de la situación, no se estén ejecutando acciones claras y transparentes para garantizar la calidad del combustible que se distribuye en el país. En esa línea, remarcó que corresponde a YPFB asumir la defensa de los intereses nacionales, rechazando cualquier producto que no cumpla con los estándares establecidos y evitando que el país asuma costos por combustibles fuera de norma.
Control técnico
La institución también enfatizó que la gasolina que no cumple con los requisitos técnicos no debería ser “corregida” para su uso, sino devuelta o reemplazada bajo estrictos controles de calidad, además de exigir las compensaciones correspondientes por los daños ocasionados.
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Como parte de su propuesta, la UMSA reiteró que se encuentra a la espera de una respuesta oficial para iniciar un proceso de control de calidad de tercera parte, conforme a estándares internacionales de gestión. En ese marco, puso a disposición del país su capacidad científica, técnica y humana para realizar una verificación independiente que contribuya a restablecer la confianza de la población.
El pronunciamiento, firmado por la rectora María Eugenia García y el vicerrector Tito Estevez Martini, concluye con la exigencia de que YPFB implemente de manera inmediata controles efectivos, informe con transparencia los resultados y detalle las acciones correctivas asumidas, incluyendo eventuales devoluciones y reclamos a proveedores.
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