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El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este viernes 9 de enero renovar otro año, hasta el 13 de enero de 2027, las medidas restrictivas selectivas contra los responsables de acciones que “socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.
Actualmente, estas medidas se aplican a ocho personas y una entidad, que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
Las primeras medidas de la UE contra Guatemala fueron impuestas en febrero de 2024, cuando la UE sancionó a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, por sus supuestos intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero del mismo año.
Las sanciones afectaban también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávil, informó el Consejo de la UE en un comunicado.
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Por otra parte, en junio pasado el Consejo incluyó en la lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle “por acciones que menoscaban el Estado de Derecho en Guatemala, consistentes en la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales”.
El Consejo precisó que las medidas se aplican “estrictamente a quienes son responsables, participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.
Para leer más: Unión Europea renueva sanciones contra Fredy Orellana, Consuelo Porras y otros tres funcionarios del MP
Y recordó la “larga colaboración” entre la UE y Guatemala y su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país, como demostró, dijo, el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, así como la postura de la UE en defensa de los resultados electorales y su apoyo a la buena gobernanza.
El Consejo indicó que la UE “seguirá trabajando con el gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos”.
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Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en favor del gobierno elegido democráticamente, la UE estableció un régimen de medidas restrictivas con respecto a Guatemala el 12 de enero de 2024.
Recordó que la UE movilizó una Misión Ad Hoc para acompañar en 2026 los procesos de selección y nombramiento de tres importantes instituciones (el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Fiscalía General de la República), que desempeñan un papel fundamental en la defensa del Estado de derecho y la democracia en el país.
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