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Fabiola Pomareda García
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El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhortó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que adopte medidas técnicas, oportunas y “no regresivas” para fortalecer la sostenibilidad financiera del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y evitar decisiones que trasladen desproporcionadamente el peso del ajuste a los sectores más vulnerables, a fin de resguardar su carácter solidario, universal y redistributivo.
El 26 de febrero, el CU emitió un pronunciamiento sobre la situación que atraviesa el régimen del IVM e instó al Poder Ejecutivo “a honrar el pago oportuno y completo de la deuda” que mantiene con este, “en resguardo de la estabilidad financiera del sistema y del derecho de la población trabajadora a una pensión digna”.
Asimismo, la Universidad puso a disposición del país el conocimiento científico, técnico y multidisciplinario, y la experiencia de las personas expertas de la UCR, para contribuir de manera rigurosa y propositiva a la construcción de soluciones estructurales que aseguren la sostenibilidad y el fortalecimiento del régimen.
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Más de 1,5 millones de cotizantes
El Régimen de IVM de la Caja es el sistema de retiro con más personas afiliadas en el país. Tiene más de 1,5 millones de cotizantes y sostiene a 393.837 personas pensionadas -se prevé que este año llegará a 400.000-, según datos de la CCSS.
Sin embargo, la Caja utilizó ¢100.000 millones de la reserva del Régimen y alrededor de ¢215.000 millones de los intereses de esa reserva para el pago de pensiones y aguinaldos durante 2025, de acuerdo con el director de Administración de Pensiones de la Caja, Ubaldo Carrillo.
Asimismo, la reserva del Régimen de IVM cayó significativamente al pasar de ¢3,9 billones en 2024 a ¢2,5 billones en 2025, según los datos de la CCSS.
Las proyecciones son claramente preocupantes. Las reservas del Régimen podrían agotarse antes de 2047, el año que se había señalado como “momento crítico”, debido a la deuda que mantiene el Estado con dicho régimen de pensiones, según el Comité de Vigilancia del régimen de IVM-CCSS.
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“Se está a las puertas de una gran injusticia (…). Esta medida no puede ser tomada por cinco personas que no dan la cara”, dijo el dirigente Albino Vargas.
Antes de aplicar medidas regresivas
La UCR expuso que, ante esta situación, se han planteado propuestas para elevar la edad de retiro hasta 70 años, reducir la tasa de reemplazo y disminuir el monto de la pensión a 40 % del salario, pese a que la reforma vigente en enero de 2024 endureció los requisitos (eliminó retiro anticipado para hombres, elevó requisitos para mujeres y amplió el período de cálculo). También recordó que está en curso un aumento en las contribuciones a partir de enero de 2026 que aportará recursos adicionales al régimen, ampliará la cobertura, mejorará el financiamiento y fortalecerá la gobernanza y las inversiones.
“Por ello, es conveniente que antes de aplicar medidas regresivas, se evalúe integralmente el impacto de las decisiones ya adoptadas orientadas a mejorar la situación del Régimen de IVM”, señaló el pronunciamiento.
El CU aprovechó para destacar que la Contraloría General de la República (CGR) ha advertido sobre deficiencias en la gestión de riesgos y la falta de evaluaciones actuariales actualizadas, lo cual limita la capacidad de la Caja para anticipar escenarios y adoptar decisiones correctivas eficaces, e incrementa la exposición del Régimen de IVM a riesgos financieros y actuariales de alto impacto.
“Dicha entidad señala que existe falta de actualización de estudios actuariales desde 2022, inoperancia de la Dirección Institucional de Riesgos durante años y debilidades en el control interno de la CCSS”, resaltó la UCR.
El Consejo Universitario también hizo un llamado a las personas trabajadoras y a la ciudadanía en general para que se informen, participen activamente en el debate público y levanten su voz en defensa del sistema solidario de pensiones, “con la finalidad de resguardar que su preservación es una responsabilidad colectiva y un legado intergeneracional que no puede debilitarse sin comprometer la justicia social del país”.
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