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Marcos Vaca
Guest
La segunda administración de Donald Trump alteró de forma visible la manera en que el mundo se piensa a sí mismo. No se trata solo de un cambio de tono, sino de un giro en las reglas del juego.
La conversación global se encendió cuando la Casa Blanca empezó a hablar de aranceles a socios históricos. La amenaza de gravámenes a productos europeos reavivó el fantasma de una guerra comercial entre dos economías profundamente interdependientes.
Estados Unidos y la Unión Europea no solo son aliados políticos; son socios comerciales de alto nivel. Cualquier ruptura sostenida en ese vínculo impacta, antes que nada, en los ciudadanos: precios más altos, servicios más caros y mercados más volátiles. El riesgo no estaba en los discursos, sino en sus efectos cotidianos.
Ese escenario se tensó aún más con el anuncio del interés de Washington en Groenlandia, territorio autónomo dentro del Dinamarca. El planteamiento no fue presentado como una invasión ni como una compra inmediata, sino como la búsqueda de un nuevo marco estratégico para el Ártico. Aun así, la reacción fue inmediata. OTAN y la Unión Europea se activaron ante un movimiento que tocaba fibras sensibles: soberanía, seguridad regional y equilibrio militar.
La respuesta europea dejó claro que no habría negociación sobre la soberanía del territorio sin la participación directa de Groenlandia y Dinamarca. Al mismo tiempo, Bruselas puso sobre la mesa posibles represalias comerciales si las amenazas arancelarias se concretaban.
El choque parecía inevitable y los más afectados habrían sido los consumidores de ambos lados del Atlántico: europeos dependientes de servicios tecnológicos estadounidenses y estadounidenses consumidores de bienes europeos. La geopolítica, una vez más, amenazaba con trasladar su costo a la vida diaria.
La desescalada llegó por la vía de un entendimiento parcial.
Trump anunció un “marco” de conversación con la OTAN que permitiría ampliar el acceso militar estadounidense en Groenlandia —en un esquema comparable al de otras bases aliadas— y, a la vez, desistió de un despliegue adicional de tropas. No hubo un acuerdo formal ni definitivo, pero sí una señal suficiente para congelar, al menos por ahora, la escalada comercial. No se resolvió el conflicto; se pospuso el choque. Y eso, en el contexto actual, ya es una forma de acuerdo.
Este episodio ilustra el rasgo central de la segunda presidencia de Trump: imponer reglas geopolíticas desde la fuerza negociadora.
La presión se usa como punto de partida y la negociación como ajuste posterior. Esa lógica también se reflejó en lo ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Hubo condenas de aliados tradicionales del chavismo —Rusia, China, Irán, Cuba y hasta Nicaragua—, pero también quedó en evidencia la limitada capacidad de esos actores para alterar el curso de los hechos más allá del plano retórico.
El mensaje implícito fue contundente: el poder estadounidense sigue siendo determinante y cualquier respuesta frontal requiere caminos distintos a la confrontación directa. En este nuevo orden, la diplomacia, la negociación indirecta y los equilibrios estratégicos ganan peso frente a la amenaza abierta de una guerra armada o comercial que, en el mundo actual, sería perjudicial para todos.
Sin embargo, esta forma de ejercer el poder no está exenta de costos.
La incertidumbre se instala como norma. Empresas, gobiernos y ciudadanos deben adaptarse (o lo intentan) a un escenario donde las reglas pueden cambiar con rapidez. La política internacional vuelve a sentirse cercana, no por los acuerdos multilaterales, sino por el impacto potencial en el bolsillo, el empleo y el acceso a servicios. La estabilidad, entendida como un estado permanente, deja de ser una promesa.
La segunda administración Trump no inventó la geopolítica de la fuerza, pero la ha devuelto al centro del escenario sin eufemismos.
El mundo observa y se ajusta. Algunos optan por resistir, otros por negociar y otros por esperar. Lo que queda claro es que la forma de mirar el orden global ya cambió: menos consenso, más presión; menos certezas, más cálculo. En ese tablero, la gran incógnita no es hasta dónde llegará esta lógica, sino cuánto están dispuestos a pagar los ciudadanos de a pie por un mundo que volvió a discutir su rumbo a golpe de poder.
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La conversación global se encendió cuando la Casa Blanca empezó a hablar de aranceles a socios históricos. La amenaza de gravámenes a productos europeos reavivó el fantasma de una guerra comercial entre dos economías profundamente interdependientes.
Estados Unidos y la Unión Europea no solo son aliados políticos; son socios comerciales de alto nivel. Cualquier ruptura sostenida en ese vínculo impacta, antes que nada, en los ciudadanos: precios más altos, servicios más caros y mercados más volátiles. El riesgo no estaba en los discursos, sino en sus efectos cotidianos.
Ese escenario se tensó aún más con el anuncio del interés de Washington en Groenlandia, territorio autónomo dentro del Dinamarca. El planteamiento no fue presentado como una invasión ni como una compra inmediata, sino como la búsqueda de un nuevo marco estratégico para el Ártico. Aun así, la reacción fue inmediata. OTAN y la Unión Europea se activaron ante un movimiento que tocaba fibras sensibles: soberanía, seguridad regional y equilibrio militar.
La respuesta europea dejó claro que no habría negociación sobre la soberanía del territorio sin la participación directa de Groenlandia y Dinamarca. Al mismo tiempo, Bruselas puso sobre la mesa posibles represalias comerciales si las amenazas arancelarias se concretaban.
El choque parecía inevitable y los más afectados habrían sido los consumidores de ambos lados del Atlántico: europeos dependientes de servicios tecnológicos estadounidenses y estadounidenses consumidores de bienes europeos. La geopolítica, una vez más, amenazaba con trasladar su costo a la vida diaria.
La desescalada llegó por la vía de un entendimiento parcial.
Trump anunció un “marco” de conversación con la OTAN que permitiría ampliar el acceso militar estadounidense en Groenlandia —en un esquema comparable al de otras bases aliadas— y, a la vez, desistió de un despliegue adicional de tropas. No hubo un acuerdo formal ni definitivo, pero sí una señal suficiente para congelar, al menos por ahora, la escalada comercial. No se resolvió el conflicto; se pospuso el choque. Y eso, en el contexto actual, ya es una forma de acuerdo.
Este episodio ilustra el rasgo central de la segunda presidencia de Trump: imponer reglas geopolíticas desde la fuerza negociadora.
La presión se usa como punto de partida y la negociación como ajuste posterior. Esa lógica también se reflejó en lo ocurrido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Hubo condenas de aliados tradicionales del chavismo —Rusia, China, Irán, Cuba y hasta Nicaragua—, pero también quedó en evidencia la limitada capacidad de esos actores para alterar el curso de los hechos más allá del plano retórico.
El mensaje implícito fue contundente: el poder estadounidense sigue siendo determinante y cualquier respuesta frontal requiere caminos distintos a la confrontación directa. En este nuevo orden, la diplomacia, la negociación indirecta y los equilibrios estratégicos ganan peso frente a la amenaza abierta de una guerra armada o comercial que, en el mundo actual, sería perjudicial para todos.
Sin embargo, esta forma de ejercer el poder no está exenta de costos.
La incertidumbre se instala como norma. Empresas, gobiernos y ciudadanos deben adaptarse (o lo intentan) a un escenario donde las reglas pueden cambiar con rapidez. La política internacional vuelve a sentirse cercana, no por los acuerdos multilaterales, sino por el impacto potencial en el bolsillo, el empleo y el acceso a servicios. La estabilidad, entendida como un estado permanente, deja de ser una promesa.
La segunda administración Trump no inventó la geopolítica de la fuerza, pero la ha devuelto al centro del escenario sin eufemismos.
El mundo observa y se ajusta. Algunos optan por resistir, otros por negociar y otros por esperar. Lo que queda claro es que la forma de mirar el orden global ya cambió: menos consenso, más presión; menos certezas, más cálculo. En ese tablero, la gran incógnita no es hasta dónde llegará esta lógica, sino cuánto están dispuestos a pagar los ciudadanos de a pie por un mundo que volvió a discutir su rumbo a golpe de poder.
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