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Lucía Vásconez
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La audiencia de juicio del denominado caso Triple A continuó este sábado 14 de marzo de 2026 con la participación de 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quién pemanece en la cárcel de El Encuentro. El caso investiga la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
La defensa de Aquiles Álvarez solicitó su traslado a un centro de privación de libertad en Quito mientras se desarrolla el proceso judicial.
El Tribunal de Garantías Penales negó el pedido y dispuso que el alcalde continúe en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
La solicitud la presentó su abogado, Ramiro García, durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que se retomó a las 08:30 de este sábado, según informó la Fiscalía.
García argumentó que las fallas e intermitencias en la conexión desde el centro penitenciario dificultaron la comunicación con su defendido durante la diligencia, lo que, según dijo, afectaría el derecho a la defensa.
Sin embargo, los magistrados resolvieron negar el traslado. Así como mantener al alcalde en el centro de máxima seguridad donde se encuentra recluido, desde el pasado 8 de marzo.
En su resolución, el tribunal dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la dirección del centro penitenciario informen los días y horarios en los que los abogados podrán visitar a sus defendidos.
El juez ponente advirtió que, si no se garantiza ese acceso para la defensa técnica, la audiencia no podrá reinstalarse dentro de los plazos establecidos.
Tras la decisión judicial, las partes procesales presentaron sus alegatos de inicio ante el tribunal. Luego de esta fase, la diligencia se suspendió. Se prevé que continúe a las 08:30 del sábado 21 de marzo de 2026.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, el caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Según el expediente fiscal, los procesados habrían desviado hidrocarburos destinados a sectores estratégicos para venderlos de forma irregular. Esto habría provocado un millonario perjuicio para el Estado ecuatoriano.
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Tribunal rechaza traslado a Quito
La defensa de Aquiles Álvarez solicitó su traslado a un centro de privación de libertad en Quito mientras se desarrolla el proceso judicial.
El Tribunal de Garantías Penales negó el pedido y dispuso que el alcalde continúe en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
La solicitud la presentó su abogado, Ramiro García, durante la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que se retomó a las 08:30 de este sábado, según informó la Fiscalía.
García argumentó que las fallas e intermitencias en la conexión desde el centro penitenciario dificultaron la comunicación con su defendido durante la diligencia, lo que, según dijo, afectaría el derecho a la defensa.
Sin embargo, los magistrados resolvieron negar el traslado. Así como mantener al alcalde en el centro de máxima seguridad donde se encuentra recluido, desde el pasado 8 de marzo.
Tribunal pide garantizar acceso de la defensa
En su resolución, el tribunal dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la dirección del centro penitenciario informen los días y horarios en los que los abogados podrán visitar a sus defendidos.
El juez ponente advirtió que, si no se garantiza ese acceso para la defensa técnica, la audiencia no podrá reinstalarse dentro de los plazos establecidos.
Audiencia se suspende hasta el 21 de marzo
Tras la decisión judicial, las partes procesales presentaron sus alegatos de inicio ante el tribunal. Luego de esta fase, la diligencia se suspendió. Se prevé que continúe a las 08:30 del sábado 21 de marzo de 2026.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del Estado, el caso Triple A investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados. Según el expediente fiscal, los procesados habrían desviado hidrocarburos destinados a sectores estratégicos para venderlos de forma irregular. Esto habría provocado un millonario perjuicio para el Estado ecuatoriano.
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