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Vinicio Chacón Soto
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Este martes el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José resolvió los cinco recursos de apelación planteados contra la sentencia del Tribunal de Juicio de San José, dentro del proceso de extradición que se sigue contra Celso Gamboa Sánchez, Edwin López Vega y Jonathan Álvarez Alfaro.
Según se detalló, el Tribunal de Apelación “rectificó múltiples yerros y omisiones contenidos en la sentencia de instancia”, y con ello terminó por avalar “por unanimidad” la entrega de Gamboa Sánchez y López Vega a las autoridades de Estados Unidos, “sujeta al aporte de promesa de no aplicación de la cadena perpetua”.
Se informó además que por mayoría, con el voto salvado de la jueza Solís Zamora, se revocó la sentencia de instancia y denegó la extradición de Jonathan Álvarez Alfaro, quien deberá ser juzgado en Costa Rica “por los hechos por los que se le requería, al haber sido previos al cambio constitucional” que posibilitó la reforma aprobada en la Asamblea Legislativa.
Es decir, la mayoría del Tribunal consideró que la reforma constitucional para la extradición de costarricenses “opera para hechos que se acusen como cometidos a partir de la publicación del cambio de la norma, el 28 de mayo de 2025, sin efectos retroactivos”.
De manera que se confirmó la extradición diferida, es decir, “una vez finalizados los procesos en Costa Rica o, de ser juzgados y condenados, una vez cumplida la pena”, de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias Pecho e’ Rata, “por los dos cargos para cada uno de ellos, a los Estados Unidos de Norteamérica”, pues las las acciones que se les atribuye “que son un delito continuo o permanente”, se ubican temporalmente “tanto antes como después de la reforma constitucional, por lo que la fecha final marca la pauta para fijar la ley aplicable”.
Eso sí, como ya se dijo, se previno al Gobierno de Estados Unidos “que aporte promesas expresas y formales de que no se les aplicará cadena perpetua o una pena que supere 50 años de prisión, y que se les abonará a eventuales sanciones el tiempo de detención provisional vivido en Costa Rica”. Además en el caso de López Vega se requirió que ese gobierno se comprometa a que se le juzgará únicamente por hechos posteriores al 22 de enero de 2014.
Estados Unidos tiene un plazo de dos meses para hacer entrega de las promesas.
El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto, destacóque serálaprimera vez que se alique la extradición de nacionales y consideró que “es un muy buen mensaje para que las demás extradiciones que están en proceso se puedan ejecutar y que para el futuro esta herramienta siga siendo tan tan útil como lo ha sido hasta este momento”.
Tras apuntar que para cuando llegue a materializarse el proceso se requerirá de “coordinaciones con el gobierno de los Estados Unidos desde el punto de vista operativo para la entrega de estas dos personas”, Soto añadió que “es una una noticia bastante positiva en aras de seguir mejorando la seguridad del país”.
Soto agradeció la aprobación de la reforma constitucional a la Asamblea Legislativa y añadió que “de los cabecillas más importantes del crimen organizado del país son los que están en este proceso de de extradición, que son cerca de 14, 15 personas. Esto podría generar a mediano plazo resultados muy muy positivos en que Costa Rica deje ser un hub para temas de narcotráfico, principalmente, o los temas de violencia que generan las estructuras criminales”.
Recordó además que hay dos personas que enfrentan procesos de extradición a Italia y Francia.
Por su parte el ministro de Seguridad, Mario Zamora, divulgó un mensaje adobado con política electoral, en que destacó la figura de la diputada chavista Pilar Cisneros y apuntó que “estas dos personas son las primeras a través de las cuales se aplica esta legislación con la que este gobierno, como no lo ha hecho gobierno alguno, se enfrenta a los flagelos de la narcoactividad aplicando leyes de cooperación jurisdiccional con el extranjero”.
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