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Daniel Gutierrez
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El director del Centro Boliviano de Economía de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Pablo Mendieta, sostuvo que el impacto del retiro del subsidio a los combustibles sobre los precios del transporte y los alimentos no debería superar el 8%.
En entrevista con La Razón Radio, Mendieta explicó que el traslado del incremento del precio del combustible a los precios finales depende de qué tan intensa en transporte sea cada actividad.
Si se considera únicamente el precio de la gasolina, el impacto directo sobre la inflación sería de alrededor de un punto porcentual. Sin embargo, cuando se toma en cuenta que en algunos tipos de transporte el combustible representa cerca del 30% de la estructura de costos, ese punto porcentual puede convertirse en tres.
Ese efecto inicial, añadió, puede generar una segunda vuelta en los precios. Lo que elevaría el impacto total hasta alrededor de ocho puntos porcentuales. “Eso significa que los precios estarían ocho puntos por encima de lo que habrían estado sin este ajuste”, precisó.
El miércoles, el presidente Rodrigo Paz anunció el fin del subsidio a los combustibles, lo que elevó el precio de la gasolina Especial de Bs 3,74 a Bs 6,96. El diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y la gasolina Premium a Bs 11 por litro. La medida busca garantizar el abastecimiento continuo y aliviar la presión fiscal.
De forma paralela, el Gobierno dispuso el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300. Un alza del 20%, que regirá desde el 2 de enero de 2026.
Mendieta sostuvo que, desde la estructura de costos, no existe justificación para incrementos del 80% o 100% en las tarifas de transporte. En el caso de los alimentos, estimó que el efecto debería rondar el 5%.
No obstante, aclaró que lo que se vive actualmente es una corrección de precios al alza y no una inflación generada exclusivamente por la medida.
Mendieta consideró que este era el mejor momento para ajustar el precio del combustible y alinearlo al valor internacional. “Si se ajustaba cuando estaba en Bs 15, hoy no estaríamos hablando de Bs 6,96 sino de Bs 13 o Bs 14”, señaló.
Además, explicó que la aplicación de la medida en época de fin de año encuentra a la economía con un colchón temporal por el pago del aguinaldo, lo que ayuda a amortiguar el impacto inmediato.
Consultado sobre la situación del 85% de la población que no recibe el incremento salarial, Mendieta identificó como uno de los mayores errores de los últimos años, la falta de un registro social de hogares. “Hemos perdido cinco años en crear esta infraestructura de apoyo social”, afirmó.
Recordó que una política económica adecuada debe cumplir tres condiciones: ser técnicamente correcta, económicamente viable y organizacionalmente posible. En este último punto, señaló, el país no generó los mecanismos necesarios.
Finalmente, enfatizó que se debe identificar de manera urgente quiénes son pobres para que reciban la ayuda que necesitan, y que las medidas deben ser mejoradas en todo sentido, ya que no existe margen para revertir el ajuste, sino para corregir sus efectos sobre los sectores más vulnerables.
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En entrevista con La Razón Radio, Mendieta explicó que el traslado del incremento del precio del combustible a los precios finales depende de qué tan intensa en transporte sea cada actividad.
Incremento sin justificación
Si se considera únicamente el precio de la gasolina, el impacto directo sobre la inflación sería de alrededor de un punto porcentual. Sin embargo, cuando se toma en cuenta que en algunos tipos de transporte el combustible representa cerca del 30% de la estructura de costos, ese punto porcentual puede convertirse en tres.
Ese efecto inicial, añadió, puede generar una segunda vuelta en los precios. Lo que elevaría el impacto total hasta alrededor de ocho puntos porcentuales. “Eso significa que los precios estarían ocho puntos por encima de lo que habrían estado sin este ajuste”, precisó.
El miércoles, el presidente Rodrigo Paz anunció el fin del subsidio a los combustibles, lo que elevó el precio de la gasolina Especial de Bs 3,74 a Bs 6,96. El diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 y la gasolina Premium a Bs 11 por litro. La medida busca garantizar el abastecimiento continuo y aliviar la presión fiscal.
De forma paralela, el Gobierno dispuso el incremento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300. Un alza del 20%, que regirá desde el 2 de enero de 2026.
Mendieta sostuvo que, desde la estructura de costos, no existe justificación para incrementos del 80% o 100% en las tarifas de transporte. En el caso de los alimentos, estimó que el efecto debería rondar el 5%.
No obstante, aclaró que lo que se vive actualmente es una corrección de precios al alza y no una inflación generada exclusivamente por la medida.
Mendieta consideró que este era el mejor momento para ajustar el precio del combustible y alinearlo al valor internacional. “Si se ajustaba cuando estaba en Bs 15, hoy no estaríamos hablando de Bs 6,96 sino de Bs 13 o Bs 14”, señaló.
Además, explicó que la aplicación de la medida en época de fin de año encuentra a la economía con un colchón temporal por el pago del aguinaldo, lo que ayuda a amortiguar el impacto inmediato.
Registro social de hogares
Consultado sobre la situación del 85% de la población que no recibe el incremento salarial, Mendieta identificó como uno de los mayores errores de los últimos años, la falta de un registro social de hogares. “Hemos perdido cinco años en crear esta infraestructura de apoyo social”, afirmó.
Recordó que una política económica adecuada debe cumplir tres condiciones: ser técnicamente correcta, económicamente viable y organizacionalmente posible. En este último punto, señaló, el país no generó los mecanismos necesarios.
Finalmente, enfatizó que se debe identificar de manera urgente quiénes son pobres para que reciban la ayuda que necesitan, y que las medidas deben ser mejoradas en todo sentido, ya que no existe margen para revertir el ajuste, sino para corregir sus efectos sobre los sectores más vulnerables.
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