Tercera parte de los créditos en el país pagará hasta 15% más de interés anual de aprobarse proyecto del PUSC

[Daniela Muñoz Solano]

Casi la tercera parte de todos los préstamos que tienen los costarricenses podrían pagar hasta 15% más de intereses anuales si se aprueba el expediente 23,101 del Partido Unidad Social Cristiana.

Así lo advierte el economista, exdiputado, exministro y presidente del Observatorio del Mercado y de los Derechos del Consumidor (Omercon), Welmer Ramos.

Ramos advierte que de aprobarse la iniciativa millones de costarricenses podrían terminar pagando cientos de miles de colones más anualmente para satisfacer el deseo de “usura” de las empresas bancarias, cuyas ganancias se incrementarían hasta en ₡197,000 millones por año.

El proyecto, titulado “Ley para la promoción y regulación del microcrédito como fomento para la inclusión financiera en Costa Rica” fue presentado por la social cristiana Daniela Rojas y según el propio texto pretende “facilitar a la población costarricense el acceso y utilización de diversos productos y servicios financieros formales”.

De aprobarse esta nueva ley crearía cuatro nuevas modalidades de microcréditos, una categoría que ya existe, para incluir: Mujer, personal, personal sin historial crediticio y productivo.

Todas estas modalidades se ajustarían a los márgenes de interés máximo de los microcréditos, que son mayores a los de crédito regular.

En detalle, en la actualidad se consideran microcréditos aquellos menores a 1.5 veces el salario base de oficinista del Poder Judicial (es decir préstamos menores a los ₡692,000) y su tasa máxima se calcula usando el promedio simple del promedio ponderado de los últimos 12 meses de la tasa de interés activa, sumándole un 13,18% y multiplicando el total por 2,085; mientras que los créditos regulares se calculan con números mucho más reducidos, dando como resultado una tasa inferior, con una diferencia promedio de un 15% menos.

De aprobarse el proyecto de Rojas, se incluirían en la categoría de microcréditos decenas de miles de operaciones bancarias inferiores a tres veces el salario base de oficinista del Poder Judicial (es decir todos los préstamos inferiores a ₡1,382,000) y a todos estos préstamos se le aplicaría la tasa más alta.

Y es que según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, al cierre del 2025 había en el país 4,528,367 operaciones crediticias y el 66.2% (2,997,752) son inferiores a ₡1,382,000 de modo que calificarían como microcréditos.

De acuerdo con Ramos, lo más posible es que cerca de la mitad de esas operaciones estén por debajo de los ₡692,000 y por ende ya tengan aplicadas las altas tasas correspondientes a microcréditos, pero la otra mitad hoy no califica como microcrédito y tiene topes de interés muchísimo más bajos, lo que cambiaría de aprobarse la iniciativa social cristiana.

Si bien es cierto que las operaciones ya existentes quedan excluidas de los cambios que establece la propuesta de ley, las operaciones bancarias de montos pequeños se realizan con mayor regularidad que las de montos altos y se cancelan en menor tiempo por lo que representan un porcentaje muchísimo mayor en la totalidad de las transacciones crediticias que se realizan en el país.

Así las cosas, todo nuevo crédito que se obtuviera a partir de la aprobación de la ley y que fuera menor a ₡1,382,000 (como la enorme mayoría de las operaciones) pagaría mucho más con los nuevos topes que con los máximos establecidos hoy.

En palabras del economista, millones de operaciones crediticias que hoy tienen un cobro máximo de intereses del 36% anual podrían estar sujetas a cobros de intereses de hasta el 51% anual, lo que generaría a las entidades financieras millonarias ganancias adicionales. Puntualmente, Ramos calcula que las entidades financieras recibirían ₡197.000 millones más por cobro de intereses cada año.

Además, esta medida podría afectar eventualmente a 1,119,593 personas, que son quienes actualmente son titulares de todas esas operaciones crediticias inferiores a ₡1,382,000.

Pugna por usura

Es pertinente contextualizar que la propuesta de los social cristianos responde a un discurso que se ha utilizado mucho en el ámbito legislativo, que culpabiliza a la Ley de Usura (N°9859, aprobada en 2020) de haber provocado la exclusión de sectores vulnerables del acceso al crédito.

Esta normativa fue promovida justamente por Welmer Ramos con la intención de establecer límites a las tasas de interés que pueden cobrar todos los proveedores de crédito con el fin de evitar el sobreendeudamiento y las prácticas abusivas.

Desde su discusión en el Plenario, la normativa enfrentó críticas, pues sus detractores vaticinaban que la reducción de las tasas de interés excluiría de la posibilidad de obtener un crédito a miles de costarricenses.

Hoy, cinco años después de la entrada en vigencia de la ley, con una economía que crece de manera tímida y severamente desigual, en el país no se ha solucionado el problema del sobreendeudamiento y han proliferado los préstamos informales (conocidos como gota a gota). En respuesta, los sectores que antagonizan la Ley de Usura, hoy responsabilizan a esa normativa de este fenómeno.

Así, el Partido Unidad Social Cristiana, habiendo sido uno de los mayores opositores de la ley promovida por Ramos, introdujo a la corriente legislativa varias iniciativas que pretenden romper los topes que pueden cobrar las entidades bancarias a las personas que acceden a créditos, entre los que se cuenta el expediente sobre el que versa este reportaje.

“Este proyecto no es más que una forma o una excusa para aumentarles el crédito que ya tienen concedido al 36% y llevarlo al 51%”, explicó Ramos.

“Es vergonzoso que en un país como Costa Rica, que tiene a la gente sobreendeudada en consumo, no en vivienda, no en otras cosas, sino en consumo, haya quienes se presten el juego para hacerle este daño al país”, dijo el exjerarca, quien advirtió que esto eventualmente tendría un costo de unos $294 millones anuales en intereses (₡197,000 millones) “el equivalente a financiar una carretera entre Puriscal y Quepos cada año”.

Puntualizó que la propuesta refleja un deseo de “usura pura y simple”.

“La usura pura y simple la denuncia el código de Hammurabi, la Biblia, el Corán, todos los textos sagrados porque esto ha existido siempre en la humanidad, siempre han habido quienes andan viendo a ver cómo se aprovechan del necesitado para hacer negocios”, indicó.

Ramos respondió como promotor de la ley de usura, reclamando que se use como excusa para promover este tipo de normativas la “inclusión financiera”, pues asevera que Costa Rica tiene tres fondos de avales: el Fondo de Avales de Banca para el Desarrollo, el de Fondo Especial para el Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Fodemipyme) y el Fideicomiso del Instituto Mixto de Ayuda Social (Fideimas), mediante los cuales “los bancos pueden prestarle a la gente que tengan emprendimientos o proyectos productivos con garantía del Estado, casi que sin riesgo para ellos”.

“En lugar de tratar de ayudar a la gente, lo que tratan es de ver cómo le extraen los escuálidos recursos a este pueblo. Ese proyecto debería de ser archivado por nefasto por la Asamblea Legislativa”, concluyó.

En reacción a estos señalamientos, la diputada Rojas dijo que la fijación de los topes máximos de las tasas de interés para microcréditos ya la realiza el Banco Central de Costa Rica y que la entidad continuará haciéndolo “bajo criterios técnicos y con total transparencia”.

“Actualmente, el Banco Central revisa y actualiza esas tasas, periódicamente pueden subir o bajar, dependiendo de la metodología y del comportamiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2026 las tasas de microcrédito disminuyeron respecto a diciembre de 2025, lo que demuestra que no existe un aumento automático ni predeterminado”, agregó.

Rojas no se refirió a que se ampliarían los límites de la categoría que permite créditos más costosos, pero aseguró que el proyecto no ordena “subir ni bajar tasas, simplemente ratifica que será el Banco Central quien las calcule y publique, estableciendo topes máximos que no pueden ser superados. Más allá de esos topes, nadie puede cobrar”.

“Además, es fundamental subrayar que los créditos ya existentes no se modifican. La ley es clara en que no se puede cambiar ninguna condición de un crédito de forma unilateral una vez firmado el contrato, incluida la tasa de interés. Por lo tanto, las personas que ya tienen créditos no verán alteradas sus condiciones”, indicó.

La legisladora destacó como aspecto favorable que la propuesta incluye a personas sin historial crediticio, especialmente mujeres y personas de menores ingresos, “brindándoles una alternativa formal, regulada y segura, frente a los riesgos del crédito informal, que muchas veces expone a las personas a extorsión, amenazas o incluso violencia”.

“En síntesis, el beneficio del proyecto no es encarecer el crédito, sino ordenar, regular y transparentar el mercado del microcrédito, evitando abusos, fragmentación artificial de préstamos y cobros ocultos, y promoviendo una inclusión financiera responsable, especialmente para quienes hoy no tienen acceso al sistema financiero formal”, concluyó.

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