Sindicato acusa al CNP de abrir la puerta a la privatización del PAI tras beneficiar a gigante distribuidor

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Fabiola Pomareda García

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El Sindicato de Empleados del Consejo Nacional de Producción (Sinconapro) denunció a las autoridades del Consejo Nacional de Producción (CNP) ante la Contraloría General de la República (CGR) por incluir a la empresa DIPO S. A. como operador logístico dentro del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

El sindicato alega que esto desnaturaliza el fin público del PAI y concentra en una empresa distribuidora de grandes dimensiones gran parte del mercado del PAI, desplazando a los operadores regionales.

A esto se suma el hecho de que recientemente el CNP adjudicó a DIPO un contrato por ₡840.000.099 para encargarse del acopio y entrega de abarrotes del almacén del PAI.

Para el sindicato, todo esto desplaza funciones históricamente ejecutadas por el CNP y apuntó que no existe un estudio que justifique el costo de dicha contratación.

Centralización en una sola empresa

El CNP compra los alimentos a productores, cooperativas o suplidores de acopio locales y mediante el PAI los distribuye a comedores escolares, centros penitenciarios, hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los operadores logísticos del CNP se encargan del acopio de los alimentos de pequeños y medianos productores y micro/pequeñas empresas en los territorios y los distribuyen en los puntos de entrega de las instituciones clientes del PAI. Además, en la bodega del PAI, el Centro de Distribución Institucional (CEDI), se acopian abarrotes (enlatados, aceite, sal, harina, margarina, café, azúcar y otros) y se complementan los envíos.

El 14 de enero, la subgerente del CNP, Evelyn Navarro, pidió a la junta directiva incluir a DIPO como operador logístico en el PAI en la categoría de abarrotes, y el 20 de febrero la junta directiva del CNP lo aprobó.

Inmediatamente después, el Sinconapro denunció esto ante la CGR y explicó que el suplidor de acopio y procesamiento debe ser una micro, pequeña o mediana empresa de productores agropecuarios, agroindustriales o pesqueros a nivel regional y no una empresa grande como DIPO. También citó el reglamento del PAI, que establece que el operador logístico “no compra por cuenta propia”, “no comercializa producto propio”, “no centraliza el mercado” y “no reemplaza estructura institucional”.

Óscar Rodríguez, secretario del Sinconapro, dijo que el reglamento permite ingresar un gran proveedor sólo de forma temporal y como una excepción. “Ellos están desnaturalizando la figura de operador logístico y centralizando este servicio en una sola empresa; estamos entregando una parte del mercado a una empresa privada”, declaró.

CNP lo defiende

La historia de la empresa DIPO S. A. se remonta a 1953, cuando empezó a importar especias, papel higiénico y pañales desechables. En los 60 se transformó en un almacén mayorista de ventas a los primeros supermercados. En 1990, el almacén se consolidó como Distribuidora Pedro Oller S. A., hoy DIPO, una de las más grandes empresas de distribución comercial en el país. Además, es el distribuidor oficial del álbum Panini, que en alianza con el Ministerio de Educación Pública (MEP) se regala a 100.000 estudiantes del país.

El CNP defendió absolutamente su inclusión como operador logístico. En respuestas enviadas a UNIVERSIDAD, declaró que se hizo “con pleno apego” al Reglamento del PAI y que su participación “no excluye ni impide la inscripción de otros operadores logísticos en el programa”.

“La región Central requería un operador con capacidad de atender clientes institucionales que demandan productos con valor agregado en embalaje y empaque de paquetes, con infraestructura de consolidación, almacenamiento y distribución en la región central”, aseveró el CNP.

Según el CNP, DIPO se inscribió en el PAI en la categoría de abarrotes y su función sería recibir, consolidar y distribuir mercadería a los puntos de entrega definidos por los clientes institucionales de la región Central. “Adicionalmente, podría proveer productos con valor agregado en embalaje y empaque de paquetes para clientes con requisitos específicos. Todavía no tiene cuota de distribución”, indicó.

El CNP además aclaró que la inscripción de DIPO como operador logístico del PAI no tiene relación con la licitación: “Esta es para contratar una empresa que brinde servicios en la bodega del CNP, que solo almacena granos básicos y abarrotes”.

Correos apeló adjudicación

El 24 de febrero, el CNP sacó a licitación la contratación de servicios especializados para el CEDI, incluyendo gestión y transporte de los pedidos.

La justificación, según el CNP, es que el CEDI tiene “limitaciones operativas que afectan directamente la eficiencia logística” del PAI, como falta de plazas vacantes, deterioro de la flotilla vehicular, con solo 3 de 14 unidades operativas, e insuficiencia de personal para realizar funciones de transporte y entrega, sin explicar por qué no se busca la manera de solventar esto.

En esta licitación participaron Correos de Costa Rica, DIPO y Paperasse S. A. Un informe técnico del CNP del 30 de abril recomendó adjudicarla a DIPO, señalando que Correos no cumplía porque no acreditó una experiencia mínima de cuatro años por cada línea de servicio, y que DIPO obtuvo el mayor puntaje en su oferta. El 4 de mayo el contrato fue adjudicado a DIPO, según muestran los documentos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Sin embargo, el 22 de mayo Correos presentó un recurso de apelación contra el acto de adjudicación por “indebida exclusión de la oferta y trato desigual”.

Al ser consultada por este medio, la empresa DIPO declaró: “El proceso se desarrolló con total apego a la normativa vigente. DIPO S. A. cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en el cartel y la adjudicación fue confirmada tanto por el CNP, como por la Contraloría General de la República”.

La empresa reiteró que su participación “se limita estrictamente al alcance definido en la licitación adjudicada, correspondiente a la operación logística de distribución”. Pero el sindicato amplió su denuncia ante la CGR y cuestionó la contratación, planteando que no existe una metodología de cómo se estimó ese costo, ni un estudio de mercado ni un análisis comparativo entre el costo actual institucional y el costo proyectado bajo el esquema de tercerización.

Rodríguez afirmó que “primero metieron en enero a DIPO como operador logístico sin hacer una licitación, luego sacaron la licitación y la misma licitación hay que revisarla porque hay elementos que nosotros consideramos que no son la condición normal de un proceso como este”.

“Hace cuatro años la parte logística dependía de los recursos propios de la institución, con la gente contratada para hacer esto. Ahora vamos a depender de una empresa privada con un costo de hasta ₡840 millones. No solo se está tercerizando el mercado PAI, sino que ahora dependemos de un presupuesto que debemos tener para poder operar el PAI”, dijo Rodríguez.

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