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Silencio administrativo: Segeplán aún no aprueba proyectos bajo nueva ley de Codedes
Segeplán asegura que no se ha activado la ley de gasto exprés de Codedes, después de más de un mes de vigencia.
Fátima Najarro
3 de diciembre de 2025
|
00:12h
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Los proyectos que se financian con fondos de los Codedes avanzan bajo distintos ritmos. (Fotografía Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytan).
El ritmo de los proyectos municipales anticipa que el silencio administrativo de la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se aplicarán en contextos electorales, hasta el 2026 y el 2027. Después de más de un mes de vigencia de la ley de gasto exprés, la Segeplán no reporta aprobaciones de proyectos bajo esa normativa.
La nueva normativa establece plazos límite para que las instituciones emitan los avales de las obras financiadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Si no hay respuesta en los términos establecidos, se da vía libre para que el proyecto avance.
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) asegura que la normativa se aplica a las solicitudes que ingresaron después del 17 de octubre —cuando la ley entró en vigor— y sostiene que, hasta el momento, ninguna opinión técnica se ha emitido aplicando el criterio del silencio administrativo positivo.
“Aquellas solicitudes que ya estaban en trámite hasta el 16 de octubre se regirán por los plazos ordinarios que se venían aplicando. Esto quiere decir que el decreto regirá únicamente para los proyectos ordinarios que se ejecutarán en el 2027 y para los proyectos extraordinarios o de otra fuente que ingresen al Sistema Informático Nacional de Inversión Pública (Sinip) después del 17 de octubre del presente año”, respondió la Segeplán.
Los Codedes tienen dos fuentes de financiamiento: los fondos ordinarios, que provienen del IVA-Paz y del Fonpetrol, por Q4 mil 500 millones, y los extraordinarios, por Q6 mil 312 millones; ambas cifras fueron aprobadas en el presupuesto para el 2026.
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Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), hasta el 1 de diciembre hay cerca de 114 solicitudes para proyectos nuevos y otras 185 en proceso. Aunque la Segeplán asegura que la normativa aplicará para obras del 2027, las nuevas que se ejecutarán el próximo año aún no están aprobadas. En muchos casos, se encuentran en conformación de expedientes y serán enviadas a las entidades en los primeros meses del año, como ocurre históricamente.
La Segeplán añadió que se dará por recibido un expediente solo si contiene los doce requisitos establecidos en la normativa del Sistema de Inversión Pública. También explicó que, en los casos en los que no se emita un dictamen pero se cumpla el plazo para responder, se incluirá una redacción de descargo aclarando que la entidad no realizó la evaluación técnica.
La Ley de Codedes fijó como máximo un plazo de cinco días para que tanto la Segeplán como las entidades que otorgan permisos para la ejecución de obras den respuesta positiva o negativa. De no haber respuesta alguna, las alcaldías pueden continuar el proceso y llevar a cabo el proyecto sin esa opinión técnica. Algunas de las entidades obligadas son los ministerios de Comunicaciones, Salud, Agricultura, Educación, Cultura y Ambiente, así como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
Apuntalan a la Segeplán
La ley fue aprobada de urgencia por el Congreso, pese al rechazo del Ejecutivo y de centros de pensamiento. Entre los argumentos en contra se planteó que las instituciones, especialmente la Segeplán, no son lo suficientemente robustas para cumplir con los plazos que fija la ley ante el volumen de obras por ejecutar, tanto nuevas como de arrastre.
La entidad asegura que se está reforzando y que “se encuentra analizando las capacidades técnicas de cada delegación”. Actualmente, se habilitó personal que antes estaba asignado a otras áreas y que tiene la capacidad de evaluar proyectos, según la Segeplán.
Por otro lado, la diputada oficialista Victoria Godoy Palala refirió que se incluyó en el presupuesto del 2026 un incremento de Q30 millones para la Secretaría —Q215 millones en total— con el fin de fortalecer sus capacidades para afrontar la gestión de proyectos de los Codedes, que podrían alcanzar los Q18 mil millones en el 2026.
“El Decreto 7-2025 es un problema que tenemos no solo como Ejecutivo. Desde las alcaldías hay mucha preocupación sobre cómo manejarlo. Creo que sí es un asunto que debemos abordar en el Congreso y, si no podemos derogarlo, pues reformarlo para que sea más operativo. La Segeplán está reforzándose junto con la SCEP”, comentó la diputada.
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Con alcaldes
Las autoridades de la Segeplán y de la SCEP mantienen una serie de reuniones con el presidente Bernardo Arévalo. Hasta el momento, se han desarrollado cinco y aún quedan cuatro pendientes. El objetivo es emitir nuevas directrices para los procesos, según confirmó una fuente que prefirió el anonimato.
La Segeplán señaló que en dichas reuniones se ha acordado que las resoluciones o licencias otorgadas bajo el silencio administrativo incluyan una redacción que lo aclare.
Además, se conoció —según la misma fuente— que el presidente ya se reunió con representantes ediles de cada departamento para acordar que no hagan uso del silencio administrativo positivo. La Segeplán añadió que algunas alcaldías han comunicado que prefieren esperar los permisos.
El alcalde Pedro Solís, de Santa Cruz la Laguna y miembro de la Junta Directiva de la Anam, comentó que en su departamento no se ha realizado ningún acercamiento por parte del Ejecutivo ni de ninguna instancia. Además, añadió que se encuentran en proceso de conformación de expedientes para las obras del 2026, en las que ya se puede aplicar la nueva normativa.
“Va a depender de cómo cada alcalde quiera priorizar sus proyectos y avanzar. En mi caso, se cita a representantes de las entidades para verificar si es viable un proyecto de una planta de tratamiento antes de pedir los avales”, indicó Solís.
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