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Kike Sosa, ABC Color
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La Cámara de Senadores se reúne hoy en sesión extraordinaria para analizar más recientes modificaciones al proyecto de Presupuesto de Gastos de la Nación para 2026 y se espera que uno de los puntos más discutidos del día sea el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, que recomendó un recorte de 100 millones de dólares al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Ese dictamen fue emitido mientras el TSJE se dispone a cerrar una cuestionada licitación para el alquiler de máquinas de votación que serían utilizadas en las elecciones municipales del próximo año, que serán proveídas por un consorcio empresarial vinculado a exsocios del presidente Santiago Peña.
En conversación con medios de comunicación este jueves en el Congreso Nacional, la senadora Celeste Amarilla señaló que el dictamen de la Comisión de Hacienda no es vinculante, por lo que la última palabra sobre el recorte al TSJE la tendrá el pleno del Senado, donde el oficialismo cartista tiene mayoría.
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Miembros de la bancada cartista se manifestaron en contra del recorte y alegan que aprobarlo pondría en riesgo la capacidad de la Justicia Electoral de alquilar las máquinas para los comicios del año que viene.
Inicialmente, el TSJE planeaba comprar las máquinas de votación, pero el proceso de licitación para esa compra falló luego de recibir trabas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que obligó a emitir un llamado a licitación por vía de excepción para alquilar los dispositivos, un llamado con estipulaciones y requisitos que, según opositores y empresas postulantes, pudieron haber sido elaboradas para favorecer a la única empresa que acabó postulándose formalmente: el consorcio Comitia-MSA, integrado por exsocios de negocios del presidente Peña.
La senadora Amarilla recordó que, al igual que las otras postulantes del fallido llamado para la compra de máquinas, Comitia-MSA no cumplía con los requisitos establecidos en el pliegue de bases y condiciones, y opinó que el hecho de que ahora la empresa sería adjudicada con el contrato de alquiler indica que los intereses detrás de las trabas interpuestas al proceso de compra no eran técnicos, sino “otros”.
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Más allá de los cuestionamientos a la licitación para el alquiler de las máquinas, la senadora Amarilla dijo desconfiar de las máquinas de votación en general, y argumentó a favor de regresar al antiguo método de votación con papeletas.
“Creo que cualquier máquina es vulnerable, no así el humano si tiene voluntad de hacer las cosas bien”, dijo. “Si tenés buen control en las mesas disminuyen los riesgos de fraude con los papeles”.
Sin embargo, la idea de votar con papeletas enfrenta un obstáculo práctico en la ley de desbloqueo de listas, que eliminó el antiguo sistema de votos “de punta a punta” por listas en elecciones para cargos plurinominales – como aquellos del Congreso – e introdujo la posibilidad de que los electores puedan elegir a un candidato específico de esas listas.
Lea más: Senador demuestra cómo boletas de votación podrían vulnerarse
Para elecciones parlamentarias, una elección con papeletas bajo la ley vigente requeriría boletas demasiado grandes para incluir a todos los candidatos.
Sobre ese punto, la senadora Amarilla opinó que la ley debe ser cambiada para corregir “los disparates que hicimos, los sistemas de votación que benefician al dinero, y volver a lo de antes”.
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Ese dictamen fue emitido mientras el TSJE se dispone a cerrar una cuestionada licitación para el alquiler de máquinas de votación que serían utilizadas en las elecciones municipales del próximo año, que serán proveídas por un consorcio empresarial vinculado a exsocios del presidente Santiago Peña.
En conversación con medios de comunicación este jueves en el Congreso Nacional, la senadora Celeste Amarilla señaló que el dictamen de la Comisión de Hacienda no es vinculante, por lo que la última palabra sobre el recorte al TSJE la tendrá el pleno del Senado, donde el oficialismo cartista tiene mayoría.
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Miembros de la bancada cartista se manifestaron en contra del recorte y alegan que aprobarlo pondría en riesgo la capacidad de la Justicia Electoral de alquilar las máquinas para los comicios del año que viene.
“Cualquier máquina es vulnerable”
Inicialmente, el TSJE planeaba comprar las máquinas de votación, pero el proceso de licitación para esa compra falló luego de recibir trabas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, lo que obligó a emitir un llamado a licitación por vía de excepción para alquilar los dispositivos, un llamado con estipulaciones y requisitos que, según opositores y empresas postulantes, pudieron haber sido elaboradas para favorecer a la única empresa que acabó postulándose formalmente: el consorcio Comitia-MSA, integrado por exsocios de negocios del presidente Peña.
La senadora Amarilla recordó que, al igual que las otras postulantes del fallido llamado para la compra de máquinas, Comitia-MSA no cumplía con los requisitos establecidos en el pliegue de bases y condiciones, y opinó que el hecho de que ahora la empresa sería adjudicada con el contrato de alquiler indica que los intereses detrás de las trabas interpuestas al proceso de compra no eran técnicos, sino “otros”.
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Más allá de los cuestionamientos a la licitación para el alquiler de las máquinas, la senadora Amarilla dijo desconfiar de las máquinas de votación en general, y argumentó a favor de regresar al antiguo método de votación con papeletas.
“Creo que cualquier máquina es vulnerable, no así el humano si tiene voluntad de hacer las cosas bien”, dijo. “Si tenés buen control en las mesas disminuyen los riesgos de fraude con los papeles”.
Sin embargo, la idea de votar con papeletas enfrenta un obstáculo práctico en la ley de desbloqueo de listas, que eliminó el antiguo sistema de votos “de punta a punta” por listas en elecciones para cargos plurinominales – como aquellos del Congreso – e introdujo la posibilidad de que los electores puedan elegir a un candidato específico de esas listas.
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Para elecciones parlamentarias, una elección con papeletas bajo la ley vigente requeriría boletas demasiado grandes para incluir a todos los candidatos.
Sobre ese punto, la senadora Amarilla opinó que la ley debe ser cambiada para corregir “los disparates que hicimos, los sistemas de votación que benefician al dinero, y volver a lo de antes”.
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