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Ana Lucía Freire
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La madrugada de este miércoles 25 de marzo de 2026, un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para seis servidores policiales en servicio activo, presuntamente implicados en una red delictiva que operaba bajo el esquema de falsos allanamientos. Los procesados, identificados como integrantes de la Dirección de Delitos contra la Vida (Dinased), enfrentan cargos por robo, tráfico de drogas y transporte de armas en concurso real de infracciones.
La investigación de la Fiscalía General del Estado señala que los uniformados habrían ingresado a una vivienda en el sector de Colinas de la Alborada cerca de la medianoche del pasado lunes 23 de marzo, aprovechando la vigencia del toque de queda. Tras el operativo irregular, la propietaria del inmueble denunció el robo de joyas, dinero y bienes personales, lo que activó una alerta inmediata al ECU 9-1-1.
El rastro de los sospechosos se obtuvo mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar uno de los patrulleros oficiales utilizados en el asalto. El vehículo fue localizado en un patio de contenedores de una empresa privada en la vía a Daule, lugar que servía como centro de acopio de evidencias ilícitas.
En el sitio, la Policía Nacional incautó:
Durante la audiencia de flagrancia, el Fiscal del caso presentó la denuncia de la víctima y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos como elementos de convicción. El magistrado acogió el pedido y ordenó la reclusión de Karla Isabel A. M., Walter Jonnier C. A., Stalin Edmundo J. A., Álex Giovanny G. V., Daniel Steeven V. R. y Rovinson Noé S. N.
De ser hallados culpables, los agentes podrían enfrentar penas acumuladas severas. Bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico de drogas a gran escala se sanciona con hasta 22 años de cárcel, a lo que se sumarían las penas por robo (3 a 5 años) y tenencia de armas prohibidas (5 a 7 años). La instrucción fiscal se extenderá por los próximos 30 días.
Información externa Tráfico de armas
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La investigación de la Fiscalía General del Estado señala que los uniformados habrían ingresado a una vivienda en el sector de Colinas de la Alborada cerca de la medianoche del pasado lunes 23 de marzo, aprovechando la vigencia del toque de queda. Tras el operativo irregular, la propietaria del inmueble denunció el robo de joyas, dinero y bienes personales, lo que activó una alerta inmediata al ECU 9-1-1.
Evidencias en un patio de contenedores
El rastro de los sospechosos se obtuvo mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar uno de los patrulleros oficiales utilizados en el asalto. El vehículo fue localizado en un patio de contenedores de una empresa privada en la vía a Daule, lugar que servía como centro de acopio de evidencias ilícitas.
En el sitio, la Policía Nacional incautó:
- Armamento: Dos pistolas y cerca de 360 municiones de distintos calibres.
- Sustancias: 237 gramos de una mezcla de cocaína, marihuana y heroína, además de balanzas electrónicas.
- Efectivo: Más de 1 300 dólares y nueve teléfonos celulares.
Proceso judicial y sanciones
Durante la audiencia de flagrancia, el Fiscal del caso presentó la denuncia de la víctima y el informe de reconocimiento del lugar de los hechos como elementos de convicción. El magistrado acogió el pedido y ordenó la reclusión de Karla Isabel A. M., Walter Jonnier C. A., Stalin Edmundo J. A., Álex Giovanny G. V., Daniel Steeven V. R. y Rovinson Noé S. N.
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De ser hallados culpables, los agentes podrían enfrentar penas acumuladas severas. Bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el tráfico de drogas a gran escala se sanciona con hasta 22 años de cárcel, a lo que se sumarían las penas por robo (3 a 5 años) y tenencia de armas prohibidas (5 a 7 años). La instrucción fiscal se extenderá por los próximos 30 días.
Información externa Tráfico de armas
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