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Omar Acosta, ABC Color
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La Policía Nacional despliega un operativo de gran envergadura en el departamento de San Pedro, con base en la comisaría de Santa Rosa del Aguaray, ante la anunciada ocupación de la estancia Lucipar, administrada por Senabico.
El subcomandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. César Silguero, aseguró que la institución cuenta con la fuerza y logística necesarias para evitar la ocupación, aunque insistió en que el objetivo principal es no recurrir al uso de la fuerza. Instó a los manifestantes a respetar la ley y evitar un choque con las autoridades.
El dirigente campesino y político sampedrano, Elvio Benítez, quien soporta una orden de captura, confirmó que la movilización se realizará “masivamente”. Según explicó, unas 2.000 personas —entre familias sin tierra y líderes sociales— se concentrarán en la Plaza de la Paz, frente a la terminal de Santa Rosa del Aguaray, antes de marchar hacia el establecimiento.
Autoridades de Santa Rosa del Aguaray califican como crítico el panorama, dado que la movilización está encabezada por líderes con imputaciones y órdenes de captura, lo que aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo entre la fuerza pública y los campesinos.
La fiscala adjunta de San Pedro, Alicia Sapriza, se instaló en el área de conflicto y conformó un equipo de trabajo integrado por los fiscales José Alberto Godoy, Juan Daniel Benítez y Laura Soledad Romero, bajo coordinación de la fiscal de turno Gloria Marlene Florentín.
Recientemente, la fiscala Romero ordenó la detención por presunta apología del delito de los dirigentes Ernesto Benítez, Sixto Cabrera y Rodolfo Zalazar, quienes luego obtuvieron medidas alternativas. La medida de la fiscalía generó malestar entre las bases campesinas que, según aseguraron los líderes, hoy ingresarán en masa a la estancia Lucipar.
Lucipar, de aproximadamente 11.000 hectáreas, fue incautada en el proceso contra el narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca. Actualmente administrada por Senabico y arrendada a productores privados, es reclamada por organizaciones campesinas que exigen su transferencia a familias rurales en el marco de la reforma agraria.
Los líderes del movimiento aseguran que unas 2.000 familias participarán en la acción prevista para el 5 de diciembre, tras no recibir respuestas concretas del Estado ante sus reiteradas solicitudes.
La tensión en el norte del país sigue creciendo, y el temor a un enfrentamiento entre policías y campesinos se mantiene como la principal preocupación de autoridades y pobladores de la zona.
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El subcomandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. César Silguero, aseguró que la institución cuenta con la fuerza y logística necesarias para evitar la ocupación, aunque insistió en que el objetivo principal es no recurrir al uso de la fuerza. Instó a los manifestantes a respetar la ley y evitar un choque con las autoridades.
Campesinos ratifican la ocupación
El dirigente campesino y político sampedrano, Elvio Benítez, quien soporta una orden de captura, confirmó que la movilización se realizará “masivamente”. Según explicó, unas 2.000 personas —entre familias sin tierra y líderes sociales— se concentrarán en la Plaza de la Paz, frente a la terminal de Santa Rosa del Aguaray, antes de marchar hacia el establecimiento.
Alerta máxima por posible enfrentamiento
Autoridades de Santa Rosa del Aguaray califican como crítico el panorama, dado que la movilización está encabezada por líderes con imputaciones y órdenes de captura, lo que aumenta el riesgo de un enfrentamiento directo entre la fuerza pública y los campesinos.
Fiscalía refuerza presencia en la zona
La fiscala adjunta de San Pedro, Alicia Sapriza, se instaló en el área de conflicto y conformó un equipo de trabajo integrado por los fiscales José Alberto Godoy, Juan Daniel Benítez y Laura Soledad Romero, bajo coordinación de la fiscal de turno Gloria Marlene Florentín.
Recientemente, la fiscala Romero ordenó la detención por presunta apología del delito de los dirigentes Ernesto Benítez, Sixto Cabrera y Rodolfo Zalazar, quienes luego obtuvieron medidas alternativas. La medida de la fiscalía generó malestar entre las bases campesinas que, según aseguraron los líderes, hoy ingresarán en masa a la estancia Lucipar.
La estancia en disputa
Lucipar, de aproximadamente 11.000 hectáreas, fue incautada en el proceso contra el narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca. Actualmente administrada por Senabico y arrendada a productores privados, es reclamada por organizaciones campesinas que exigen su transferencia a familias rurales en el marco de la reforma agraria.
Convocatoria masiva
Los líderes del movimiento aseguran que unas 2.000 familias participarán en la acción prevista para el 5 de diciembre, tras no recibir respuestas concretas del Estado ante sus reiteradas solicitudes.
La tensión en el norte del país sigue creciendo, y el temor a un enfrentamiento entre policías y campesinos se mantiene como la principal preocupación de autoridades y pobladores de la zona.
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