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Laura Martínez Quesada
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Es nuestro deseo de que la totalidad del electorado costarricense debe acudir a las urnas el próximo domingo 1 de febrero de 2026; que debemos ir a los centros de votación de manera masiva y que solamente una razón verdaderamente poderosa lo impida.
20 candidaturas presidenciales pretenden darnos la idea de una “gran diversidad” de alternativas; sin embargo, la competencia es dentro de un mismo tinglado político-ideológico que tiene bien marcadas las fronteras del mismo; razón por la cual son los matices, las generalidades propositivas, las peculiaridades y las subjetividades, lo que integra el abanico multicolor para escoger.
Hace ya bastante tiempo que la institucionalidad democrática del país está en grave riesgo y su vulneración ha sido sistemática a lo largo de los gobiernos que se han venido sucediendo a partir del año 1982, cuando asumió la Presidencia de la República, Luis Alberto Monge Álvarez y su Partido Liberación Nacional (PLN), quien nos metió en la senda de los tristemente célebres ajustes estructurales.
Desde tal fecha, hace ya 44 años, el pueblo trabajador costarricense y sus organizaciones más conscientes y patrióticas han venido resistiendo, más en la calle que en la urna, el desmontaje total de la institucionalidad heredada y construida luego de la Guerra Civil de 1948, con base en el espíritu de la búsqueda y la promoción del bien común, de la inclusión social y en contra de la exclusión económica.
Para esta ocasión, 1 de febrero de 2026, en que hay que volver a la urna electoral, algunos han presentado esta campaña como si fuese “el fin de los tiempos”, cuando de lo que se trata es decidir entre la prevalencia en el poder de la élite política tradicional, la vieja élite; o, por el contrario y como ellos mismos lo denominan, la continuidad del grupo ejecutivamente gobernante en estos momentos, casi todo salido de esa vieja élite, mismo que ha ejecutado su quehacer en estos cuatro años con gran violencia verbal, con la mentira como política de Estado y con las intentonas desde la propia Casa Presidencial de realizar dudosos negocios con la cosa pública, mediando tráfico de influencias escandalosamente evidenciados.
La única gran diferencia de fondo es la cuestión de las 40 diputaciones: la pretensión de la hegemonía dominante del actual Poder Ejecutivo es que se les dé continuidad en Zaporte y que se les permita la apropiación política del Poder Legislativo para, de tal suerte, pasar a su tercer nivel de ofensiva de poder atrapando al Poder Judicial; y así generar la transformación de la Costa Rica de la Segunda República, básicamente conducida ésta por el Partido Liberación Nacional (PLN) con sus acólitos, compañeros de viaje, opositores de pacotilla y adversarios partidarios circunstanciales.
Nuestro pensamiento central en esta coyuntura es que el grupo del Ejecutivo gobernante no debe obtener las 40 diputaciones para imponernos su orden. Y, ¿cuál es su orden?: el de la institucionalidad republicana que no ha podido controlar, que no pudo controlar en el presente cuatrienio ya por concluir (2022-2026).
Rodrigo Chaves Robles no tiene en mente, nunca tuvo en mente, transformaciones por el lado de los ingresos tributarios para poner a los ricos a tributar como ricos; transformaciones para aliviar la carga de la deuda pública y su monstruoso pago de intereses; transformaciones para revitalizar la Caja Costarricense de Seguro Social; transformaciones para un nuevo salario mínimo de real poder adquisitivo; transformaciones para que un nuevo agro nacional vuelva a producir con potencia nuestra alimentación; etc. etc. Para nada de esto él y su grupo ocupan las 40 diputaciones. No debemos dárselas. Salgamos masivamente a votar este domingo 1 de febrero por candidaturas diputadiles inspiradas en el bien común, en la inclusión social y en contra de la exclusión económica. Las hay y de sobra.
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