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Políticas públicas
Salario mínimo: mucho ruido, poco desarrollo
Discutimos cada año el salario mínimo, pero evadimos el verdadero problema: la baja productividad.
Mario Alberto García Lara
5 de enero de 2026
|
00:02h
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Como todos los años, el presidente fijó por decreto el salario mínimo, luego de que la comisión negociadora —empleadores y sindicatos— volviera a fracasar en su mandato legal de alcanzar un acuerdo. No es una anomalía: es la norma. Este año, el aumento fue menor al del año pasado, aunque superior a la inflación, lo que implica un incremento real del costo laboral para las empresas. Y, como todos los años, la decisión desató una avalancha de opiniones técnicas, políticas, ideológicas y sentimentales. En redes sociales, el debate adquiere tonos épicos, como si del salario mínimo dependiera el futuro del país. Y al final gastamos demasiada energía social discutiendo un tema que, aunque relevante, es secundario frente a los verdaderos desafíos del desarrollo económico de Guatemala.
Un dato basta para poner las cosas en perspectiva: cerca del 79% del empleo en Guatemala es informal. Son trabajadores que no reciben salario mínimo, no cotizan al IGSS ni pagan ISR. Para ellos, el salario mínimo es una cifra abstracta, ajena a su realidad cotidiana. El salario urbano promedio no supera los Q2 mil 800 mensuales, precisamente porque una parte significativa del empleo se da fuera de relaciones laborales formales. Incluso dentro de empresas formales abundan esquemas de pago por tarea, por producto o por servicios facturados: construcción, comercio, servicios profesionales. Discutir el salario mínimo como si describiera el “salario típico” del país es, sencillamente, incorrecto.
El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce.
Discutir salarios es importante, pero no más importante que discutir productividad. Los salarios en Guatemala no son bajos porque los empresarios paguen “menos de lo justo”, sino porque la economía produce poco valor por trabajador. El salario no sale de un decreto ni de un discurso moral; sale de lo que se produce. La mayoría del empleo se genera en empresas pequeñas, con poco capital, baja tecnología y escasa escala. Cuando una empresa produce poco, no puede pagar salarios altos, aunque quiera. A esto se suma la falta de competencia por los trabajadores: en muchas regiones hay pocas empresas formales y pocas oportunidades reales de cambiar de empleo. Sin competencia, los salarios se estancan.
Subir salarios por decreto puede tener efectos positivos en casos puntuales. No lo niego. Pero cuando se hace sin respaldo en aumentos de productividad, suele traducirse en más informalidad, menos empleo o menor inversión. Un reciente artículo de The Economist fue claro al advertir que insistir en alzas automáticas del salario mínimo desvía la atención de reformas más profundas y efectivas. El problema de fondo no es solo el monto del salario mínimo, sino un mecanismo legal obsoleto, que incentiva decisiones políticas antes que técnicas, y una obsesión colectiva por discutir la distribución del ingreso sin hablar seriamente de cómo se crea.
Si de verdad queremos salarios más altos y sostenibles, la ruta es otra: más inversión, más empresas formales, más capacitación técnica, más competencia por el talento y más movilidad laboral. Primero hay que crear valor; luego se puede repartir mejor. Intentar hacerlo al revés es una ilusión que la región ya probó —y pagó— demasiadas veces. La productividad es difícil de explicar, difícil de medir y, ante todo, difícil de mejorar. Pero es ineludible: la única forma sostenible de elevar el nivel de vida de un país es producir más con los mismos recursos. No hay atajos. Tal vez ya sea hora de bajar el volumen del debate anual sobre el salario mínimo y usar esa energía —escasa y valiosa— para hablar en serio de cómo hacer a Guatemala más productiva.
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