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Adrián Z. Rivero
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La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por UNIVERSIDAD contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debido a la negativa de este a entregar información bajo el argumento de que había sido declarada “confidencial”.
El recurso fue interpuesto tras un evento organizado por el ICE para la presentación de su plan piloto para el 5G de Kölbi. La actividad fue realizada el viernes 22 de agosto de 2025 en el Estadio Nacional, sin embargo, pese a que fueron invitados diversos medios de comunicación, este Semanario no recibió la convocatoria ni tampoco un comunicado de prensa con información relacionada.
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Según la página web de la marca pública, el proyecto piloto de 5G se realizará por seis meses, desde el 22 de agosto de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026.
El lunes siguiente, con fecha 25 de agosto, se solicitó al ICE el envío de ese comunicado, además de otros elementos como la lista de medios que sí fueron invitados, la de asistentes y la de los funcionarios encargados.
Una semana después, la entidad respondió diciendo que fue un “encuentro privado” y dio algunos detalles adicionales, pero no remitió ni lo puntualmente solicitado. Ante esto, se optó por indicar la omisión e insistir con la solicitud, pero en una nueva respuesta el ICE dijo que “la información solicitada corresponde a una iniciativa comercial que ha sido declarada de carácter confidencial”, aunque en esa segunda oportunidad al menos adjuntó el comunicado de prensa.
Debido a esa segunda negativa, UNIVERSIDAD interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando la intervención de esa instancia para obtener la información pública requerida. El recurso fue declarado con lugar el 31 de octubre de 2025, según consta en la Resolución Nº 2025035750.
Respecto de la falta de invitación al evento, el ICE señaló que esto sucedió porque este medio no formaba parte de la base de datos del buzón de prensa comercial de Kölbi, sin embargo, los magistrados no atendieron ese argumento y constataron que se lesionó tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa.
“Se tiene que al limitarse injustificadamente la libertad de prensa y la circulación de ideas mediante actos restrictivos como el que aquí se discute, produce un menoscabo a los insumos informativos para el ejercicio de la profesión periodística, lo que evidentemente acredita la lesión a los derechos fundamentales que se reclaman en este apartado”, dice la sentencia.
Por otro lado, sobre el resto de información que el ICE calificó como confidencial, la Sala también indicó que debía ser entregada:
“No acredita este Tribunal que la información solicitada por el petente (solicitante) transgreda en forma alguna la declaratoria de confidencialidad a la que alude la autoridad recurrida. En relación con lo anterior, es de importancia hacer notar que lo requerido no guarda relación con la estrategia comercial y de competencia del ICE como operador estatal en un mercado abierto”, manifestaron los altos jueces.
En el cumplimiento de la sentencia, el ICE detalló que fueron 26 medios los invitados al evento, entre ellos algunos como OPA, Repretel, Trivisión o El Financiero. En lista de personas invitadas hay varios funcionarios del ICE, de Radiográfica Costarricense S.A., y también algunos del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como la ministra Paula Bogantes o el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas.
Este recurso de amparo fue el cuarto interpuesto contra el ICE y declarado con lugar durante el año pasado. Los otros tres se relacionan con la solicitud de un informe sobre el impacto del retraso de 5G (este fue acogido parcialmente), con la respuesta a un informe de la Auditoría Interna y con reuniones entre funcionarios del ICE y la empresa Cisco.
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El Tribunal Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por UNIVERSIDAD, luego de que la institución no remitiera información pública solicitada.
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La institución se vio obligada a admitir los encuentros tras una orden de la Sala Constitucional, pero las declaró confidenciales.
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El pasado mes de agosto, la Auditoría Interna del ICE advirtió a la institución el riesgo de un posible uso indebido de los recursos del ICE al “proyectar afinidad política” en la comunicaciones institucionales.
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