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Álvaro Murillo
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El intento del Gobierno de someter a subasta la totalidad de frecuencias de radio y televisión del país provocó 13 recursos ante la Sala Constitucional, uno de los cuales uno fue rechazado de plano, después de que otro provocó la suspensión temporal del proceso desde el 24 de noviembre.
En un comunicado de prensa para intentar corregir información que ha circulado relacionada a la impugnaciones en Sala Constitucional, este tribunal informó de que hay 12 expedientes activos y sólo uno fue rechazado de plano. De los 12, uno está aún en estudio de admisibilidad y otros 11 han sido admitidos para el análisis.
Los expedientes están a cargo de seis magistrados distintos y la Sala aclaró que se tramitan por separado, no mediante un proceso acumulado, como se ha informado en distintos espacios sobre este tema.
Hace tres semanas se cerró el proceso para inscripción en la subasta y se señaló el riesgo de un desplome del ecosistema de medios por los requisitos millonarios que estableció la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tras la orden de Rodrigo Chaves de someter a concurso el total de frecuencias para evitar que las empresas siguieran pagando montos mínimos por eso de esos bienes del Estado.
“Durante esta fase procesal, los magistrados instructores están facultados para requerir información adicional o solicitar pruebas a otras instituciones, lo que eventualmente puede ocurrir luego de que se hayan analizados todos los informes recibidos”, reportó el tribunal constitucional.
Uno de los expedientes, el 25-031501-0007-CO, presentado por un particular, fue el que provocó inicialmente la suspensión temporal del proceso de subasta al cuestionar la metodología, los criterios de asignación y los montos establecidos como condiciones para las frecuencias de televisión, radio FM y radio AM.
El recurrente “sostiene que el diseño de la subasta, basado principalmente en criterios económicos y con grandes diferencias regionales en los precios, podría limitar el acceso al espectro radioeléctrico a medios pequeños, comunitarios, regionales, culturales, religiosos y estatales, favoreciendo la concentración en grandes operadores”, informó la Sala. Además, alegó que representaría un golpe al “pluralismo informativo, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales o de menor rentabilidad comercial”.
Argumentos similares han expresado organizaciones académicas, partidos opositores, gremios de radiodifusores y la Iglesia Católica, que a pesar de ver afectadas sus emisoras se abstuvo de aprovechar un privilegio ofrecido por Chaves a emisoras de corte religioso.
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